Retrocediendo hacia la COP 20

Servindi, 26 de junio, 2014.- "Resulta triste, pero también de lo más lógico, reconocer la realidad de que el Perú no avanza, sino que literalmente retrocede, hacia la COP20" escribió el sociólogo Ricardo Jiménez al comentar la paradoja del gobierno de presentar un paquete de medidas que debilitan la incipiente institucionalidad ambiental en su condición de anfitrión de la próxima cumbre climática COP 20.

"No cuesta mucho adivinar que probablemente veamos aumentar los conflictos sociales a futuro en el Perú. Más desalentador aún, es que el Perú oficial, desde su lugar de anfitrión de la COP20, haya dado este objetivo golpe de debilitamiento a los ya de por sí difíciles resultados que la humanidad necesita y espera de la Conferencia" agrega Jiménez.

Las medidas enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la República -y que la Comisión de Economía aprobó el miércoles 25- "permiten mayores niveles de contaminación del medio ambiente, violando de paso normativas internacionales y nacionales que obligan al estado peruano".

A continuación el artículo de Ricardo Jiménez publicado por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI):

Retrocediendo hacia la COP 20

Por Ricardo Jiménez

ALAI, 26 de junio, 2014.- El gobierno de Perú, país anfitrión de la próxima vigésima Conferencia de las Partes sobre el cambio climático COP20, a realizarse en diciembre de este año, no ha sentido la necesidad de guardar aunque sea mínimas apariencias de responsabilidad ambiental ante esta cita histórica que le toca organizar y hace unos días ha presentado públicamente un paquete de medidas que debilitan la incipiente institucionalidad ambiental y permiten mayores niveles de contaminación del medio ambiente, violando de paso normativas internacionales y nacionales que obligan al estado peruano.

Como en los tiempos de la época colonial, en que los pueblos originarios compartieron la suerte de la naturaleza, sufriendo igual explotación y saqueo, el gobierno ha argumentado estas medidas bajo el eufemismo de “flexibilización ambiental” para incentivar las inversiones, de manera idéntica a la “flexibilización” laboral que argumenta para anular derechos a los trabajadores.

Más allá de los eufemismos y los discursos políticamente correctos, el mensaje es inequívoco. La preocupación ambiental es un decorado aceptado de mala gana, que el gobierno considera de suyo opuesto al crecimiento económico, el cual a su vez se erige como verdad incuestionable, que se busca legitimar además como solución a la pobreza, a pesar de los datos de la realidad, tan paradojales como las medidas del anfitrión de la próxima COP.

En el año 2013, el Perú tuvo un crecimiento macroeconómico de 5,2%, con el cuarto lugar entre más de treinta países latinoamericanos (CEPAL, 2014). Contradictoriamente, según propias cifras oficiales del INEI, este mismo año la pobreza aumentó -sí, leyó bien, aumentó- en ocho regiones del país.

Cajamarca, una de las más emblemáticas de entre muchas con graves y persistentes conflictos ambientales, que incluyen varios ciudadanos muertos por la represión policial durante este gobierno, es la más empobrecida del país, a pesar y en contra del discurso oficial de la inversión y el crecimiento, ya que es en esa misma exacta región donde la cuestionada minera Yanacocha lleva más de diez años “invirtiendo”.

No cuesta mucho adivinar que probablemente veamos aumentar los conflictos sociales a futuro en el Perú. Más desalentador aún, es que el Perú oficial, desde su lugar de anfitrión de la COP20, haya dado este objetivo golpe de debilitamiento a los ya de por sí difíciles resultados que la humanidad necesita y espera de la Conferencia.

En ese mar de paradojas, resulta triste, pero también de lo más lógico, reconocer la realidad de que el Perú no avanza, sino que literalmente retrocede, hacia la COP20

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Fuente:- ALAI: http://www.alainet.org/active/74827&lang=es

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Comentarios (1)
YNES TRUJILLO V... (no verificado) Vie, 27/06/2014 - 00:47
No son suficientes las prácticas ambientalmente correctas: reciclaje,ahorro energético, una adecuada disposición final de los residuos, etc. puesto que, el nivel de concientización no es suficiente como para que represente una política macro. Cabe señalar, respecto al uso de combustibles fósiles, la presentación de alternativas que aparecieron años anteriores y que se han visto misteriosamente silenciadas, despierta suspicacias en torno al interés económico a nivel mundial. La conflictividad social viene a la par con un fuerte componente ambiental; en tanto, las políticas a nivel mundial lo consideran como un limitativo al desarrollo de un país, mas no se ve como un enorme daño ambiental a escala mundial. Evidentemente, la percepción en relación a la problemática ambiental es que las industrias y empresas extractivas son los primeros responsables: las grandes mineras, la minería artesanal, las hidroeléctricas, la agroindustria, las petroleras, etc. Cuando es el Estado quien las amparada con legislaciones endebles sin una política seria de fiscalización ambiental del impacto que generan los residuos y el empleo de peligrosos químicos que intervienen en dichas actividades. Es iluso percibir el medio ambiente como fuente inagotable de recursos y que es capaz de resistir todos los impactos negativos que se ocasionen en pro del desarrollo. La legislación y seriedad en su cumplimiento es un compromiso vinculante entre los Estados, y que la propuesta es que sean sujetos a una exhaustiva evaluación, y discusión sobre los avances y retrocesos en cada uno de los Estados en lo referente al tema y que asistirán a la cumbre Climática COP 20. Teniendo en cuenta los Impactos sobre el Medio Físico: Emisión de gases y material particulado, incremento del ruido; el Impacto sobre el Medio Biológico: perturbación del habitat, fauna marina y silvestre, migración; Impactos sobre el Medio Socioeconómico y Cultural: tráfico vehicular, disponibilidad energética, etc. Una institucional ambiental comprometida en base al Indice de Desarrollo Ambiental, sin dejar de lado a los movimientos sociales que son los veedores in situ de las ocurrencias que atenten contra el medio ambiente y que deberán ser reportadas a las autoridades pertinentes para una oportuna intervención, un compromiso con nosotros mismos y las futuras generaciones.
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