Lo que antes fue una laguna hoy se ha convertido en un inmenso charco de petróleo. Cuenca del río Marañón. Foto: Acodecospat.
- Articulados en cuatro organizaciones realizarán marcha de sacrificio para exigir agua y alimentos aptos para el consumo humano y atención médica.
Servindi, 12 de junio, 2014.- Representantes de más de cien comunidades del pueblo Kukama Kukamiria de la cuenca del Marañón iniciarán el viernes 13 de junio su traslado a la ciudad de Nauta para luego desplazarse a pie hacia Iquitos, capital de Loreto, la mayor región amazónica del Perú, donde esperan dialogar con el presidente Ollanta Humala sobre la crítica situación que atraviesan.
Ellos exigen al Ejecutivo medidas concretas que resuelvan la problemática ambiental y social que afrontan.
Según el programa previsto, el 14 se concentrarán todos en Nauta para al día siguiente, a las 4 de la mañana, partir con destino a la Plaza 28 de Julio, en Iquitos.
En este lugar esperan sostener una reunión con los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y otros sectores del Ejecutivo.
Según explicó Alfonso López, presidente de la federación indígena Acodecospat, también se ha cursado una invitación para que asista a la cita el presidente de la República Ollanta Humala Tasso.
Participarán de la movilización las organizaciones Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria (Aidecos), la Asociación de Mujeres Kukamas “Waynakana Kamatawara Kana” y AKUBANA.
"Si la justicia no llega... tenemos que buscarla"
La movilización expresará la desesperación de la población nativa ante la inacción y el abandono del Estado a pesar de la declaratoria de emergencia ambiental, sostuvo Alfonso López en diálogo con Servindi.
Desde que se conocieron los resultados que demuestran la contaminación por hidrocarburos y metales pesados en aguas, suelos y sedimentos; es cero lo que ha hecho el Estado por cambiar la situación, agregó el dirigente.
“Hasta ahora no hay una acción concreta de parte del Estado hacia los pueblos. Nosotros no lo sentimos, no lo vemos, no lo recibimos, lo digo con toda la sinceridad del mundo” afirmó.
Como se recuerda, el 17 de mayo el Ministerio del Ambiente declaró el estado de emergencia ambiental en diecisiete comunidades de la cuenca del río Marañón y en áreas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, correspondiente a siete comunidades y al Lote 8X, donde opera la empresa Pluspetrol.
Once días antes el Ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria la misma cuenca y también la de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre.
En ese contexto de afectación, malestar y abandono los comuneros abordarán sus botes y peque peques con destino a Nauta convencidos de que la movilización social es uno de sus últimos recursos para llamar la atención del Estado.
"Si la justicia no llega, tenemos que buscarla, eso es lo que vamos a hacer", apuntó López.
La actitud de la empresa
En la cuenca del Marañón opera desde hace más de una década la empresa argentina Pluspetrol. Para la población originaria esta es la responsable de la contaminación de la cuenca.
Pluspetrol fue multada el año pasado con cerca de 30 millones de soles - aproximadamente 10 millones 716 mil dólares- por no cumplir con actividades de remediación ambiental en el Lote 8, ubicado al interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Recientemente, la empresa motivó nuevos cuestionamientos por las federaciones de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón al negarse a firmar el 28 de mayo el reglamento de la Comisión Multisectorial ”Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del departamento de Loreto”.
Según el representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Diego Reátegui, la actitud empresarial consiguió "incrementar el déficit de confianza que existe de las organizaciones indígenas para con el Estado y la empresa".
Pero las críticas a Pluspetrol no terminan ahí. Según López Tejada, en la reunión que sostuvieron empresa, Estado y federaciones, el pasado mes, Pluspetrol se reafirmó en negar su responsabilidad por la contaminación existente en las cuatro cuencas.
Según el apu o jefe tradicional de la Acodecospat, Pluspetrol se ha desmarcado de sus responsabilidad afirmando que "operan el Lote 1AB y en el Lote 8X con la tecnología más limpia que existe en el planeta".
"Con esas actitudes vemos que no hay voluntad de reconocer daños", indicó López.
"A la empresa no le vamos a exigir lo que no le corresponde, no le vamos a exigir lo que no está establecido en la ley, pero tiene que reconocer los daños que ha ocasionado ambiental y socialmente", sentenció.
Defensoría exhorta a que prime el diálogo
En diálogo con Servindi, Diego Reátegui, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que el organismo que representa ve con preocupación las medidas de fuerza a las preparan las organizaciones indígenas.
Recordó que la Defensoría ha sostenido en reiteradas oportunidades que es necesario una acción preventiva del Estado.
"(El Estado) no debe esperar que las cosas alcancen una fase de escalamiento y crisis que lleve al conflicto para recién adoptar acciones, porque eso reivindica el discurso de que es necesario adoptar ese tipo de medidas (movilizaciones) para tener la atención del Estado", explicó.
Reátegui exhortó a las comunidades a privilegiar el diálogo antes que medidas o acciones colectivas de protesta que generan situaciones de riesgo de afectación de derechos.
En cuanto al papel del Estado, sostuvo que una acción preventiva en el actual contexto es que se abran los caminos para una comunicación directa entre apus y funcionarios del Estado.
Asimismo, que estos funcionarios evalúen la posibilidad de ir a la zona para dialogar e informar de aquello que se esté haciendo y asumir nuevos compromisos. Reátegui también se refirió al papel del Gobierno regional, en este caso de Loreto.
Precisó que el Gobierno regional pueda evaluar la pertinencia de una iniciativa legislativa que contribuýa a facilitar o habilitar los presupuestos para acelerar una serie de procesos que terminen en acciones que favorezcan en el corto plazo a la población afectada por la contaminación.
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