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Perú: Organizaciones indígenas dicen ¡basta de abuso e intimidación policial!

Organizaciones nacionales unidas exigen respeto al estado democrático de derecho. De izquiera a derecha: Zulma Villa (abogada IIDS), Gladis Vila (ONAMIAP), Ydelso Hernández (CUNARC), Lourdes Huanca (FENMUCARINAP), Jorge Prado (CCP) y Antolín Huáscar (CNA). Foto: Iván Herrera / Servindi.

- ¡Exigen cumplimiento concertado de medida cautelar otorgada por la CIDH!El respeto a la vida e integridad de los defensores de las lagunas amenazados por el megaproyecto minero Conga está primero.

Pacto de Unidad, 14 de mayo de 2014.- El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y representantes de las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc, exigieron al Estado peruano respetar el estado democrático de derecho, cumplir sus compromisos internacionales y acatar de “buena fe” la medida cautelar otorgada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en todos sus extremos.

Mediante un pronunciamiento difundido el miércoles 14 en conferencia de prensa denunciaron con alarma y preocupación que el gobierno pretende minimizar el alcance y soslayar el cumplimiento de una histórica resolución de la CIDH que obliga al Estado peruano a garantizar la vida y la integridad a favor de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador indígena César Estrada Chuquilín.

La medida cautelar se otorgó luego de verificarse tres condiciones esenciales: amenaza a la vida y la integridad personal de los beneficiarios de manera grave, urgente e irreparable.

En actitud abiertamente provocadora y rebelde al mediodía del martes 13 efectivos policiales detuvieron y maltrataron con insultos y amenazas a doce campesinos y activistas, incluso golpearon a algunos de ellos. Entre los detenidos estuvo César Estrada Chuquilín, periodista y comunicador indígena y uno de los beneficiarios con nombre propio de la medida cautelar.

El Pacto de Unidad denunció la acción abusiva, ilegal y provocadora efectuada a instancias de Jorge Gutiérrez, Jefe del Frente Policial de Cajamarca, quién ordenó la detención a pesar de estar informado de la naturaleza pacífica de la inspección de los ronderos y defensores de las lagunas. Los detenidos fueron liberados la madrugada del miércoles 14.

La abogada Zulma Villa del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) sostuvo que la jueza constitucional de Cajamarca constató que las detenciones no tenían ninguna orden judicial e incluso la policía no pudo exhibir ningún mandato que justifique la detención a pesar que se les detuvo desde el mediodía hasta las 12.30 de la noche y recién a las 2 de la madrugada se les devolvió sus pertenencias. Este hecho agravante ya ha sido comunicado a la CIDH.

No patear la legalidad democrática

La articulación indígena nacional demandó al gobierno peruano no patear la legalidad democrática y más bien concertar con los representantes de los beneficiarios y beneficiarias las medidas a adoptarse para cumplir la medida cautelar.

Asimismo, pidieron al gobierno cumplir con informar a los 15 días y de manera periódica sobre el cumplimiento de la medida cautelar e iniciar las investigaciones de los hechos de agresión y violencia injustificada que dieron motivo a la medida cautelar “para evitar su repetición”.

El Estado no debe tergiversar la información de la CIDH

El Pacto de Unidad invocó al gobierno rectificar y esclarecer ante los medios de prensa el verdadero sentido de la resolución otorgada por la CIDH a favor de los líderes, familias y guardianes de las lagunas.

Denunciaron y rechazaron las declaraciones engañosas vertidas por Juan Jiménez Mayor, embajador del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), quién lejos de informar con veracidad sobre el tenor principal de la resolución declaró que la CIDH rechazó el pedido de medida cautelar y que el proyecto Conga debería “normalizarse para la continuación de los trabajos”.

Ignorando el carácter especial de la medida cautelar Jiménez Mayor incluso declaró que las garantías de protección a la vida e integridad dispuestas por la CIDH equivalen a las medidas que el Estado concede a cualquiera de los 30 millones de peruanos, dando a entender que la gravedad, urgencia e irreparabilidad valorada por la Comisión Interamericana, no tienen nada de especiales[1].

La tergiversación de la resolución de la CIDH ha sido interpretada por la mayoría de los medios -que han seguido la versión oficialista- en el sentido que el megaproyecto minero Conga debe continuar, llegándose al extremo de calificar el hecho como una derrota de los “antimineros”.

Esta campaña de desinformación viene siendo interpretada de manera antojadiza a favor de la continuación abierta del megaproyecto Conga. Esto significará el traslado de más maquinarias, presencia policial y agentes de seguridad privados de Yanacocha incrementando el clima de represión, tensión social,  violencia y zozobra para los beneficiarios.

Finalmente, el Pacto de Unidad demandó al Estado peruano respetar el derecho a la protesta y defensa de los recursos naturales ante las industrias extractivas que tienen los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas, que amenazan sus formas tradicionales de vida y subsistencia y sus propios modos y visiones de desarrollo.

Agenda del Pacto de Unidad

El Pacto de Unidad explicaron constituye una articulación estratégica de organizaciones indígenas nacionales cuya finalidad es fortalecer el movimiento indígena nacional y construir propuestas unitarias en camino hacia el ejercicio de la libre determinación, el Buen Vivir y la Vida Plena  de los pueblos y las comunidades originarias del Perú.

Bajo la denominación genérica de pueblos indígenas u originarios se comprende a diversas formas o modalidades cómo éstos se organizan y que se expresan en: comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, organizaciones y federaciones agrarias, entre otras, que se reconozcan y auto-identifiquen como originarias.

La agenda estratégica del pacto abarca diversos temas como el Cambio Climático, la seguridad jurídica de los territorios indígenas, el cumplimiento del derecho a la consulta de acuerdo a los estándares internacionales, entre otros.

De otro lado, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) anunció una jornada de protesta en Cajamarca para el 5 de junio en rechazo a la criminalización de la protesta por los sucesos de Bagua.

Nota:(1) Declaraciones de Juan Jiménez Mayor a Canal Tv. Perú, en el programa Noticias 7.3 con el periodista Nicolás Salazar. Jueves, 8 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nfcAAzrbpgU&feature=youtu.be 

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Pronunciamiento del Pacto de Unidad

de Organizaciones Indígenas del Perú

¡Exigimos respeto a la vida e integridad de los defensores de las lagunas amenazados por el megaproyecto minero Conga!

¡Por el cumplimiento concertado de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana en histórica resolución!

El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú conformado por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas del Perú (ONAMIAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), así como las autoridades y miembros de las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc, descendientes de los pueblos originarios Chachapoyas, Caxamarcas y Coremarcas, declaramos lo siguiente:

1. A raíz de una petición formulada por el Pacto de Unidad, el 5 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar una medida cautelar a favor de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador indígena César Estrada Chuquilín al haberse verificado tres condiciones esenciales: amenaza a la vida y la integridad personal de los beneficiarios de manera grave, urgente e irreparable.2. Respecto a un segundo aspecto de la medida cautelar concerniente a la protección de los territorios amenazados por el megaproyecto minero Conga la citada resolución resuelve considerar “que el mecanismo adecuado para abordar dichos alegatos y la información aportada sería la petición P716-12”. Esto significa que la Comisión Interamericana en ningún momento ha desestimado la petición y menos aún ha dado aval alguno al megaproyecto minero Conga, sino que al tratarse de una decisión de fondo será resuelto en la petición (P716-12) presentado el 12 de abril de 2012 por los mismos demandantes, y que actualmente está en curso.

3. La medida cautelar de la CIDH es de suma importancia y trascendencia jurídica porque en su parte decisoria resuelve:

La comisión solicita al gobierno de Perú que:

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y beneficiarios identificados;

b) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios, beneficiarias y sus representantes; e

c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

La Comisión también solicita al Gobierno de Perú que tenga a bien Informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.” (Los subrayados son nuestros).

4. Expresamos nuestra profunda consternación y rechazo a la actitud adoptada por el gobierno peruano a través de su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) Juan Jiménez Mayor, quién lejos de informar con veracidad sobre el tenor de la resolución declaró que la CIDH rechazó el pedido de medida cautelar y que el proyecto Conga debería “normalizarse para la continuación de los trabajos”. Ignorando y tergiversando el carácter especial de la medida cautelar Juan Jiménez Mayor incluso ha declarado al canal del Estado que las garantías de protección a la vida e integridad dispuestas por la CIDH equivalen a las medidas que el Estado concede a cualquiera de los 30 millones de peruanos, dando a entender que la gravedad, urgencia e irreparabilidad valorada por la Comisión Interamericana, no tienen nada de especiales[1].5. La tergiversación de la resolución de la CIDH ha sido interpretada por la mayoría de los medios que han seguido la versión oficial en el sentido que el megaproyecto minero Conga debe continuar, llegándose al extremo de calificar el hecho como una derrota de los “antimineros”. Esta situación viene siendo mal interpretada a favor de la continuación abierta del megaproyecto, lo que aumentará el nivel de riesgo de la vida e integridad de los beneficiarios y comunidades y rondas campesinas. Ello significaría el traslado de más maquinarias, presencia de más contingente policial y agentes de seguridad privada que incrementaría el  clima de represión, tensión social,  violencia y zozobra para los beneficiarios.

6. Nos preocupa sobremanera que el Estado peruano intente de manera deliberada y con mala fe opacar la transcendente decisión de la CIDH, e intentar evitar cumplir la medida cautelar, trasgrediendo el artículo 26 de la Convención de Viena que obliga al Estado a cumplir sus obligaciones de “buena fe”.7. Finalmente, exigimos al Estado peruano:

a) Respetar el estado democrático de derecho, actuar con responsabilidad de acuerdo a sus compromisos internacionales y, en consecuencia, cumplir de buena fe con la medida cautelar otorgada por la CIDH en todos sus extremos.

b) Concertar con los representantes de los beneficiarios y beneficiarias las medidas a adoptarse para cumplir la medida cautelar.

c) Cumplir con informar a los 15 días y de manera periódica sobre el cumplimiento de la medida cautelar.

d) Investigar los hechos que dieron motivo a la medida cautelar para evitar su repetición.

e) Rectificar y esclarecer a los medios de prensa sobre el verdadero sentido de la medida cautelar concedida por la CIDH a favor de los líderes, familias y guardianes de las lagunas.

f) Respetar los pueblos indígenas que expresan su derecho a la protesta y defensa de los recursos naturales ante las industrias extractivas que amenazan su forma de vida.

Lima, 14 de mayo, 2014.

Nota:

(1) Declaraciones de Juan Jiménez Mayor a Canal Tv. Perú, en el programa Noticias 7.3 con el periodista Nicolás Salazar. Jueves, 8 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nfcAAzrbpgU&feature=youtu.be

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Comentarios

Al fin, se siente que estamos yendo a nuestros causes, hacia el respeto de la territorialidad de los pueblos, capital (valor) presente y futuro del Perú.

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