La responsabilidad no es sólo de las empresas, sino también de los Estados donde provienen

Evento de dos días se realizó en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

- Así lo sostuvo Rose-Marie Belle, relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de la CIDH.

Por Milton López Tarabochia

Servindi, 27 de abril, 2014.- La Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidió en reconocer la responsabilidad del Estado de Canadá respecto al accionar de sus empresas mineras en otros países.

Destacó que el “promover la construcción de mecanismos internacionales que obliguen a los Estados extranjeros a responsabilizarse por sus empresas” es una de las tareas pendientes.

La afirmación se efectuó en el marco del conversatorio “Responsabilidad de los Estados de origen de las empresas mineras. Casos en el Perú” realizado en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya realizado los días 21 y 22 de abril.

El evento fue organizado por la Red Muqui, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) de Washington, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), donde la relatora expuso el tema de “El trabajo de la CIDH en relación a los Pueblos Indígenas en las Américas”.

El martes 22 presentó el Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la CIDH: “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, en el que se sustenta el efecto que ha tenido y tiene la actividad minera de Canadá en Latinoamérica.

Otro aspecto destacado por la relatora fue la necesidad de fortalecer la figura de la Consulta Previa, sobre la que dijo, “es una de las zonas grises de la jurisprudencia internacional”.

Rose-Marie Belle, relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la CIDH

Si bien la exposición de la relatora fue en su idioma materno: la lengua inglesa, el público pudo percibir la firmeza de sus expresiones, especialmente cuando reafirmó el derecho indígena a la tierra.

“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce que la posesión de la tierra incluye también a los recursos naturales que se encuentran en ella, precisamente el objetivo de las industrias extractivas” afirmó.

Si bien admitió que “el Sistema Interamericano ha reconocido también que el derecho de propiedad no es absoluto y que los derechos de los pueblos indígenas pueden verse relegados en beneficio del interés nacional” se preguntó: “pero, ¿cuál es el interés nacional?”.

Concluyó en que "el uso de las tierras para propósitos diferentes a los de los pueblos indígenas, no deben amenazar su existencia misma”.

Las mineras canadienses y Latinoamérica

El informe presentado a la CIDH fue elaborado por un conjunto de siete organizaciones no gubernamentales (ONG) que formaron en el 2010 el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina.

Entre los resultados más alarmantes resalta “que la extracción mineral es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos”.

Es así que el sector extractivo ocupó un 28 por ciento de la totalidad de denuncias de violaciones de derechos humanos por sector según el Report of the special representative of the secretary- general on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, de mayo de 2008.

De igual manera el informe señala que según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) Perú y Chile lideran los conflictos activos causados por la megaminería con 34 casos cada uno.

Asimismo, menciona que la Defensoría del Pueblo, para septiembre de 2013, registró 107 conflictos sociales activos o latentes en el sector, de un total de 148 conflictos socio-ambientales.

Respecto al rol canadiense define a “la extracción minera (como) una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá, al punto que este país ha sido calificado como ‘una potencia minera’”.

Siendo que “del total de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Toronto, cerca de la mitad realizaban operaciones, para el año 2012, fuera de Canadá”.

Es así que de los 4,322 proyectos fuera de la nación canadiense, 1,526 estaban en Latinoamérica, una cifra mayor a la del resto de continentes.

Finalmente, el texto señala que según sus fuentes, entre el 50 y el 70 por ciento de la actividad minera en América Latina están a cargo empresas canadienses. Entre éstas las que tienen mayores ingresos son: Barrick Gold, Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.

El accionar de las transnacionales canadienses en América Latina no es coincidencia, sino que responden a que “el sector minero juega un rol fundamental en los esfuerzos del actual gobierno canadiense por afianzar en el exterior una nueva política de cooperación con los Estados” cuyo beneficio nacional es prioritario.

El Gobierno de Canadá, a través de sus voceros, como la Canadian Internacional  Development Agency (CILA) ha pronunciado su mira en el desarrollo nacional mediante la promoción de empresas extractivas a nivel mundial.

¿Qué es el punto de vista indígena?

Jorge Prado Sumari, dirigente de la CCP y miembro del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas

En el conversatorio efectuado en la UARM participó Jorge Prado Sumari, miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación Campesina del Perú (CCP), Jorge Prado Sumari, quien es originario del pueblo Quechua del Perú.

En representación del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, articulación que reúne a organizaciones indígenas nacionales, presentó el punto de vista de los más afectados por la visión de desarrollo extranjera.

“El Estado ha tenido un planteamiento de negación de nuestra identidad y ha priorizado lo extranjero”, declaró a razón del choque de pensamientos entre la visión filosófica indígena y la de los países industrializados.

La relatora Rose-Marie Belle, acogió la idea y agregó que “el tema de hoy es de suma importancia para los pueblos indígenas, ya que no se trata solo del alcance de sus derechos, sino también del significado del desarrollo y sobre los conflictos entre las diferentes filosofías de desarrollo”.

El Buen Vivir vs la cultura occidental

“Nuestra cultura nos dice que los seres humanos no somos enemigos, somos hermanos y estamos llamados a trabajar en comunidad, por la propiedad comunal, el esfuerzo conjunto y solidario” manifestó Prado Sumari, al reflexionar sobre la minería y el Perú.

Porque el asunto va mucho más allá de la economía. “Vemos un deterioro en la Pachamama con la práctica de esta cultura llamada occidental, que es extremadamente consumista”.

Durante la mesa de conversación, Jorge Prado se dirigió a la relatora y le entregó un informe sobre los casos emblemáticos peruanos Cañaris y Conga, para que esté al tanto de lo sucedido.

Representante del Pacto de Unidad entrega denuncia sobre caso Conga y Cañaris a la relatoria de la CIDH

“Estas reuniones con organizaciones como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano son oportunidades en que podemos ir mostrando la construcción teórica de la propuesta que tenemos como pueblos originarios”, finalizó.

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