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Marco Arana (al centro) participa del Foro Internacional por el Día Mundial del Agua 2014, acompañado de Luis Isarra (Fentap), Elízabeth Lozano (Iquitos) y Pepe Julio Gutiérrez (Valle de Tambo, Arequipa).
Servindi, 22 de marzo, 2014.- Marco Arana, líder ambientalista y dirigente de la agrupación política Frente Amplio- Tierra y Libertad denunció la situación de injusticia hídrica que afecta a más de dos millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y alcantarillado, lo que repercute en su salud y calidad de vida.
Con ocasión del Día Internacional del Agua invocó reconocer el protagonismo de los guardianes de las lagunas de Cajamarca, de los pueblos amazónicos que defienden sus cochas y sus ríos o las comunidades campesinas que luchan por alcanzar justicia hídrica.
Sostuvo que a pesar de la criminalización y las campañas mediáticas todos ellos "van construyendo una nueva ciudadanía hídrica, una nueva ciudadanía frente al cambio climático que nos da esperanzas de un Perú mejor con justicia social, con justicia ecológica y justicia hídrica.
Alertó que las políticas neoliberales profundizan el acaparamiento de tierras agrícolas en las nuevas tierras irrigadas con costosas obras de trasvase de aguas con endeudamiento de todos los peruanos. Asimismo, buscan privatizar las empresas públicas prestadoras de servicios de agua a través de la Ley 30045.
Sostuvo que la minería es "una industria sedienta" ya que, por ejemplo, una sola mina de cobre, como es el caso de Southern, puede usar casi tanta agua en un año como toda la ciudad de Lima en ese mismo periodo.
Otro ejemplo citado por Arana fue el de la empresa Yanacocha que consumió un promedio de 11'363 mil metros cúbicos de agua por año -promedio 1993-2004- pagando tarifas irrisorias por el uso de aguas superficiales y subterráneas que van de 0.09 a 0.2 céntimos de nuevo sol por metro cúbico de agua.
Marco Arana señaló que los gobernantes neoliberales carecen de hidropolíticas con un enfoque de justicia hídrica que aseguren el acceso al agua, en calidad y cantidad suficientes para los sectores más pobres de las zonas urbano-marginales de las grandes ciudades o de los pequeños y medianos agricultores.
Sobre Marco Arana
Marco Antonio Arana Zegarra nació en Cajamarca, y es un político, sociólogo, catedrático y ex-sacerdote peruano, fundador y militante del partido político Tierra y Dignidad (inicialmente conocido como Movimiento Tierra y Libertad).
En abril de 2009 funda el Movimiento Tierra y Libertad de tendencia ecologista e izquierdista. En febrero del 2010 es suspendido como sacerdote y decide dedicarse en exclusiva a su candidatura política con miras a las elecciones generales del Perú de 2011.
Sin embargo su partido no tenía aún inscripción electoral propia y busca promover una amplia alianza de partidos progresistas y de izquierda con los movimientos sociales, de cuyo proceso se lo propone como candidato presidencial. Sin embargo su propuesta no se consolida entre los electores, por lo que desiste temporalmente de su candidatura en el proceso electoral del 2011.
Luego de casi 3 años de recojo de firmas, en abril de 2012 logra inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones al partido político Tierra y Dignidad, a partir del cual ha ido promoviendo la creación de un frente amplio de izquierda con miras al proceso electoral del año 2016.
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Perú: el camino hacia la justicia hídrica.
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Por Marco Arana
FA - Tierra y Libertad.
22 de marzo, 2014.- El Perú que crece económicamente muestra una clara situación de injusticia hídrica y de falta de una visión de desarrollo ecológicamente sostenible. Es como si el futuro y los derechos de las futuras generaciones no importaran.
Pese a que el Perú es uno de los países de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático que impactará principalmente sobre la disponibilidad y acceso a los recursos hídricos, la seguridad alimentaria y la salud ambiental, el país continúa sin tener un sistema de información confiable sobre caudales y calidad de agua de los ríos y se mezquinan recursos financieros a la Autoridad Nacional del Agua para hacer estudios de balance hídrico en las cuencas hidrográficas en conflicto.
En el acceso al agua, los datos son elocuentes: más de dos millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y alcantarillado, esa realidad repercute directamente en su salud, en la calidad de su vida. Ciudades importantes como Lima, Huancayo, Cusco y Huaraz dependen del agua de glaciares que rápidamente se están descongelando. Cabeceras de cuencas donde se producen las aguas están siendo deforestadas, sus suelos se erosionan aceleradamente y lagunas, humedales y nacientes de manantiales y ríos se hallan bajo amenaza de destrucción por el avance de la actividades mineras ilegales o de la megaminería legalmente autorizada.
En este contexto, las políticas neoliberales siguen priorizando y profundizando el acaparamiento de tierras agrícolas en las nuevas tierras irrigadas con costosas obras de trasvase de aguas con inmenso endeudamiento de todos los peruanos, al mismo tiempo que en el Congreso, en la práctica, buscan privatizar las empresas públicas prestadoras de servicios de agua a través de la Ley Nro. 30045.
Desde la centralista hidrocracia limeña, fortalecida para privilegiar usos de agua para agroindustrias y mineras, se siguen otorgando derechos de agua sin tener en cuenta la planificación y prioridades de los gobiernos regionales y locales y, jugando en pared con el Ministerio de Energía y Minas entregan, sin mayor observación y trámite, inmensas concesiones a empresas mineras que en este momento han logrado cubrir más del 20% del territorio nacional. Otro tanto han concesionado a favor de las empresas petroleras que han obtenido más del 70% de territorio amazónico lo que incrementará los graves problemas ya existentes debido a los vertimientos que hacen las operaciones petroleras, las ilícitas actividades del narcotráfico, la minería ilegal que vierte mercurio indiscriminadamente o la deforestación para mega plantaciones de palma aceitera que incidirán en la sobre explotación de los frágiles suelos y los recursos hídricos.
Los gobernantes neoliberales asisten a una gran farra en la que su principal víctima es el agua. Por ello, ni siquiera se toman la molestia de tener en cuenta el diseño de hidropolíticas que tengan un enfoque de justicia hídrica y asegurar así el acceso al agua, en calidad y cantidad suficientes que aseguren una vida digna para los sectores más pobres que están siendo los más afectados, sea en las zonas urbano-marginales de las grandes ciudades o entre los pequeños y medianos agricultores como está ocurriendo en todas las zonas de conflictividad minera.
Para las comunidades que están inmersas en conflicto socioambientales, el gobierno de Ollanta Humala está profundizando la política del perro del hortelano como lo muestran las medidas de "destrabe de inversiones", en el marco de las cuales se ha disminuido el periodo de tiempo de aprobación de los EIA; buscan exonerar de estudios de impactos ambientales (EIA) para las exploraciones sísmicas de las empresas petroleras; siguen ignorando el derecho de consulta de los pueblos indígenas, sean amazónicos o andinos, como ocurre con la comunidad indígena de Cañaris, en Lambayeque.
Aunque los medios de comunicación desconozcan u oculten, existen estudios de las propias mineras o empresas consultoras vinculadas a ellas que afirman que la minería es "una industria sedienta" ya que, por ejemplo, una sola mina de cobre, como es el caso de Southern, puede usar casi tanta agua en un año como toda la ciudad de Lima en ese mismo periodo; o que Yanacocha consuma un promedio de 11'363 mil metros cúbicos de agua por año (promedio 1993-2004, según cifras del Banco de las Américas) pagando tarifas irrisorias por el uso de aguas superficiales y subterráneas (0.09 a 0.2 céntimos de nuevo sol por metro cúbico de agua).
El problema del agua afectada por operaciones mineras y las agroexportadoras, sin embargo, no solo es la sobre explotación de los recursos hídricos como claramente se aprecia con la agroindustria en Ica, la mega minería en Tacna o Cajamarca, sino también la preocupante información existente sobre la contaminación urbana, industrial y el agotamiento o la contaminación de las fuentes de agua, frente a la cual muchas veces se desentienden los municipios locales encargados del tratamiento de residuos sólidos y líquidos y del aseguramiento del acceso al agua.
Con ocasión del Día Internacional del Agua es preciso reconocer el protagonismo que están teniendo los guardianes de las lagunas de Cajamarca, los pueblos amazónicos que defienden sus cochas y sus ríos o las comunidades campesinas por alcanzar justicia hídrica. No obstante, la criminalización y las campañas mediáticas a la que están sometidos, son en realidad todos ellos los que van construyendo una nueva ciudadanía hídrica, una nueva ciudadanía frente al cambio climático que nos da esperanzas de un Perú mejor con justicia social, con justicia ecológica y justicia hídrica.
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