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Once críticas a la forma como el MINEM entiende los EIA en relación con los PP.II.

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

14 de marzo, 2014.- La propuesta del Ministro de Energía y Minas de exonerar de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la realización de la actividad sísmica en la etapa de exploración de los lotes petroleros, ha permitido visibilizar de mejor manera el papel que juega los EIA en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas

, y evaluar con detenimiento hasta qué punto la forma como el MINEM entiende y realiza los EIA, se ajusta a los estándares de cumplimiento obligatorio establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.

1.- El MINEM no quiere entender que la violación del derecho al territorio ocasiona la violación de otros derechos.

El Estado dispone del territorio con una facilidad como si fuera suyo olvidando la importancia que tiene para los pueblos indígenas. La Corte IDH en esta sentencia ha recordado pronunciamiento anteriores, donde ha sostenido que

“al desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría[n] estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”.

Puesto que el goce y ejercicio efectivos del derecho a la propiedad comunal sobre “la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio”, los Estados deben respetar esa especial relación para garantizar su supervivencia social, cultural y económica . Asimismo, se ha reconocido la estrecha vinculación del territorio con las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, conocimientos y otros aspectos de la identidad de los pueblos indígenas, señalando que

“[e]n función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párrafo 212).

Finalmente, la Corte IDH considera que:

“la falta de consulta al Pueblo Sarayaku afectó su identidad cultural, por cuanto no cabe duda que la intervención y destrucción de su patrimonio cultural implica una falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural, a sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y a su modo de vivir, produciendo naturalmente gran preocupación, tristeza y sufrimiento entre los mismos”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párrafo 220)

2.- El MINEM desconoce que el objetivo de los EIA es evaluar el impacto de la actividad petrolera en los pueblos indígenas y los riesgos ambientales.

Si no, no debilitaría el sistema de evaluación de impacto ambiental. Según la Corte IDH, “sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad”, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, “con conocimiento y de forma voluntaria”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 205)

3.- El MINEM olvida que la finalidad del EIA es garantizar la subsistencia de los pueblos indígenas.

Esto es fundamental de entender. Según la Corte IDH los EIA son “salvaguardas para garantizar que las restricciones impuestas a las comunidades indígenas o tribales, respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio, no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo” (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 205)

4.- El MINEM desconoce el derecho de los pueblos indígenas a conocer los beneficios y riesgos del proyecto a consultarse.

Si se elimina el EIA en sísmica es evidente que se contará con menos información sobre los impactos ambientales. El Estado debe garantizar que los miembros de los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 177). Muy relacionado con este derecho, la Corte reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conocer los reales impactos de la decisión a ser consultada (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 206 y 208)

5.- El MINEM olvida que la consulta previa exige que los pueblos indígenas estén informados sobre los reales y verdaderos impactos de las actividades extractivas en sus territorios.

“La consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante entre las partes. La jurisprudencia de tribunales nacionales y la legislación interna se han referido a este elemento de la consulta”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párrafo 208).

Añade que:

"En el presente caso, la Corte constata que no surge del acervo probatorio que el alegado “entendimiento” llevado a cabo por la compañía CGC hubiese incluido la presentación de la información contenida en el estudio de impacto ambiental, ni que el mismo hubiese servido para permitir al Pueblo Sarayaku participar de manera activa en un proceso de diálogo adecuado. Tampoco fue demostrado que la alegada “socialización” del estudio se encuentre relacionada con una actividad de consulta al Pueblo Sarayaku, ni que el mismo hubiese servido de base para informarle sobre las ventajas y desventajas del proyecto en relación con su cultura y forma de vida, en el marco de un proceso de diálogo destinado a llegar a un acuerdo. Por tanto, la Corte considera que los actos de la empresa no fueron parte de una consulta informada”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párrafo 209)

6.- El MINEM olvida que las consultoras que elaboren los EIA deben ser independientes, técnicamente capaces.

Según la Corte, el Estado debe “garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 205)

En relación con la independencia de la consultora que elabora el EIA, la Corte IDH cuestiona que el EIA

“fue realizado por una entidad privada subcontratada por la empresa petrolera, sin que conste que el mismo fue sometido a un control estricto posterior por parte de órganos estatales de fiscalización”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párr. 207).

En nuestro país, quien paga el EIA es la empresa minera o petrolera interesada, y quien lo aprueba es el MINEM que es un órgano interesado en promover la inversión. Con esas condiciones no podemos contar con EIA con información objetiva independiente e imparcial(1).

7.- EL MINEM olvida que los EIA deben evaluar los impactos “acumulados”.

La Corte IDH ha precisado que “el Tribunal agregó que uno de los puntos sobre el cual debiera tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hayan sido propuestos”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párrafo 206) Esto no ocurre actualmente, pues los EIA son fotografías aisladas. Pero además esto es coherente con la finalidad de los EIA de analizar los reales impactos en los PPII.

8.- EL MINEM olvida que los EIA deben evaluar los impactos “sociales culturales y espirituales”.

Esto viene exigido por el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece,

“Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, (…) a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos”.

Por eso la Corte IDH exige que los EIA deben “respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas” (Corte IDH, Caso Sarayacu, párrafo 206). Esto es muy importante y no se entiende si no se recuerda lo que la Corte IDH ha señalado, que mediante estos EIA “se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo Saramaka tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal”. (Corte IDH, Caso Saramaka párrafo 129). Si se hubieran realizado el estudio de impacto cultural, se hubiera advertido que el cerro Kaphia de Puno, cuya afectación dio origen al “Aymarazo”, era un lugar sagrado para los pueblos indígenas aymaras.

9.- EL MINEM olvida que los EIA deben hacerse con colaboración con los Pueblos Indígenas.

Esto también viene exigido por el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece, “Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados”. Los EIA en el Perú se hacen de espaldas a los pueblos indígenas, casi clandestinamente, desconociendo este estándar.

10.- EL MINEM olvida que los Estados deben fiscalizar la elaboración del EIA y no solo revisar el producto final.

La Corte IDH ha señalado que, “el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. (Corte IDH, Caso Saramaka, párrafo 129). El Estado es demasiado débil para fiscalizar la elaboración de los EIA, con la justa los revisa una vez concluidos.

11.- EL MINEM olvida que los EIA deben hacerse antes del proceso de consulta y no posteriormente como ocurre en el Perú.

La Corte ha establecido que los Estudios de Impacto Ambiental deben “concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo indígena a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio”. (Corte IDH, Caso Sarayacu, párrafo 206). En el Perú los EIA se hacen luego de la suscripción y la firma del contrato y no antes, en consecuencia, tampoco se cumple esto.

Conclusión

Es evidente que el Gobierno está desconociendo y desacatando los requisitos de validez que la Corte IDH le exige a los Estado en materia de EIA. Los asesores, y sobre todo los lúcidos abogados del MINEM olvidan un pequeño detalle:

“En consecuencia, al Tribunal Constitucional, en el presente caso no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”. STC Nº 00007-2007-PI/TC, f.j. 36).

No se trata de una “mandada” del TC, esto está reconocido en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley 28237), que señala a la letra dice que “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con [..] los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.

Nota:

(1) Ver nuestro artículo “Razones para declarar inconstitucional la forma de aprobación de los EIA en el Perú” disponible en http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=710.

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*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.

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Fuente: Publicado en el portal informativo de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1300

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