Empresarios y políticos: proextractivos y anti PIACI

Existen intereses ocultos detrás de la desinformación sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Inversiones forestales, construcción de carreteras y economías ilícitas se mezclan con los intereses de los negacionistas. Empresarios y políticos vinculados al rubro de la construcción están directamente relacionados o forman parte de grupos que, como la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto  (CDSL), niegan la existencia de esta población.

Por Ivan Brehaut*

18 de octubre, 2024.- La reactivación de las concesiones forestales madereras, la construcción de la carretera Mazán El Estrecho, la carretera Jenaro Herrera - Colonia Angamos y la reactivación de los lotes petroleros en la zona del Napo y Tigre, son algunas de las iniciativas que respaldan los colectivos anti derechos como la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL). Todos estos proyectos afectan de forma directa e indirecta la protección de los derechos de la población indígena y especialmente de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Miembros de la CDSL como Christian Pinasco Montenegro, Sofía Sánchez Reátegui, Teodulfo Palomino Ludeña y Salvith Ojanama López son personajes directamente vinculados a proyectos de inversión y actividades extractivas en Loreto.

Miembros de la CDSL en los spots que aparecieron en medios y grupos de WhatsApp. Foto: Elaboración propia

El líder de la CDSL, Christian Zeus Pinasco Montenegro, junto con su esposa y familiares, acumula 18 empresas y consorcios diferentes, la mayoría dedicadas a la construcción. De este total de empresas y consorcios, 9 son contratistas del Estado acreditados ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado - OSCE y 8 están dedicadas al rubro de la construcción, teniendo como clientes a entidades estatales de Loreto. Este hecho es importante para entender el origen de sus motivaciones.

La red de empresas de Christian Pinasco y su entorno familiar. La mitad son empresas contratistas estatales.

Registro de filiaciones partidarias de Salvith Ojanama L.

Miembros de la CDSL reunidos con el Congresista Jorge Morante.

Pinasco Montenegro saltó a la esfera pública en el 2017, cuando empezó a hacer campaña para formar parte del Colegio de Ingenieros de Loreto. En esos años, de acuerdo a periodistas de Iquitos como Alexander Rivero, su discurso era más bien pro indígena, ambientalista y moderado. “Hablaba del medioambiente, de los nativos, pero que se necesitaban cambios”, indicó.

Ya en 2020, en una de sus intervenciones contra el Acuerdo de Escazú, Pinasco hace mención a la oposición de entidades internacionales como World Wildlife Fund - WWF, según consta en notas periodísticas del diario Pro&Contra de Loreto y en Facebook: “Que no vengan a engañar, les hemos quitado la careta, les hemos desenmascarado, porque están desesperados, si bien en el fondo Escazú tiene un bonito mensaje de protección ambiental, pero ya hay muchas voces internacionales que se oponen, como la ONG WWF”.

Pinasco Montenegro, cuyas empresas se identifican por el uso de sus iniciales o nombres de la mitología griega (CPM industrias, CPM ingeniería, Perseo Maquinaria, Hermes Inversiones), ha sido vinculado en varias oportunidades por delitos de corrupción en obras públicas. En 2011 Erick Huertas, regidor de la municipalidad distrital de Monsefú (Chiclayo, Lambayeque) solicitó información sobre Pinasco, ante la sospecha de corrupción cuando fue funcionario de dicha municipalidad. En el año 2018, Pinasco fue finalmente hallado culpable del delito de colusión e inhabilitado para asumir cualquier función pública al ser hallado responsable, junto a otros funcionarios por una “inadecuada actuación en el concurso público 001-2011-MDM”, para la contratación de la supervisión de la obra “Mejoramiento del plan maestro de saneamiento de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales” en 2011.

Otros miembros de la Coordinadora y firmantes de los manifiestos contra los PIACI también pertenecen al rubro de la construcción civil. Un miembro reconocido de la organización, Teodulfo Palomino Ludeña, quien dice representar al gremio maderero, tiene registrada a su nombre una empresa constructora desde 2017, Dominio Constructora Company, de acuerdo a los registros de SUNAT.

Palomino ha sido sancionado por la autoridad forestal por falsear documentación en concesiones forestales ubicadas justamente dentro de la propuesta de Reserva Indígena Yavarí Mirím. Testimonios recogidos en la cuenca del Yavarí dan cuenta de los constantes abusos de este empresario contra la población indígena por acciones vinculadas a la tala ilegal y corrupción de funcionarios.

Red de empresas a las que se vincula Teodulfo Palomino Ludeña. Dominio es una empresa constructora.

Una de las comunidades con las que trabaja, Nueva Esperanza de Mirím - Alto Yavarí, ha acumulado una cuantiosa deuda ante el Estado Peruano por las malas prácticas de Palomino, quien tenía un acuerdo de extracción forestal a través de su empresa LAN Forest SAC.

Adicionalmente, según documentos producidos por agentes estatales y de carácter confidencial —a los que accedimos para este reportaje— la deuda de Nueva Esperanza con Palomino, surgida del financiamiento de titulación de la comunidad, excedería los 800,000 soles.

Captura de pantalla de informe reservado sobre las actividades de Palomino Ludeña, en el Yavarí.

Teodulfo Palomino, además, postuló en 2018 a la alcaldía del distrito de Yaquerana, en la provincia de Requena.  En junio del 2022, se presentó en la Presidencia del Consejo de Ministros, identificándose como representante de la Federación Matsés del Yavarí Mirim, de acuerdo el portal de visitas de la PCM, reunión a la que también asistió Pinasco Montenegro. Consultados los representantes de ORPIO, la organización indígena que acoge a la población Matsés y a otros miembros de la Comunidad Nativa Matsés, aseguraron que dicha organización no existe.

Captura de Pantalla del Reporte de Visitas

La lista de integrantes y simpatizantes de la organización continúa y cada una lleva, directa o indirectamente, a empresas de construcción loretanas las cuales son, como en todo el país, influyentes actores ante los gobiernos locales y regionales. La economista Sofía Sánchez Reátegui, gerente regional de Desarrollo Económico, uno de los cargos que dispone de mayores montos de inversión en el Gobierno Regional de Loreto, es otra de las figuras de la CDSL. Su empresa Lubrypisa Consultores EIRL está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado, aunque no figura con contratos.

Un último ejemplo de esta relación es la participación de la ONG Esperanza - Centro de Investigación Social y Protección del Medio Ambiente (Cispma), representada por el Ingeniero Brian Quillama Pinasco. Según los registros de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la entidad que supervisa a las ONG que operan en el Perú, Cispma es una entidad que opera en el país desde el 2008 y tiene domicilio en Iquitos. La presidencia de esta institución está en manos de Marylin Hurtado Argandoña, hermana del dueño de la empresa Constructora Midato EIRL, Fredy Michel Hurtado Argandoña. Midato tiene al momento contratos con el Gobierno de Loreto, en solitario y en consorcio, por más de 3 millones de soles, acumulando desde 2017 más de 65 millones de soles en contratos.

Construcción y política

Los territorios PIACI están en la mira de empresas extractivistas y empresas constructoras, y los colectivos anti derechos representan con claridad esos intereses. Asumiendo una estrategia ruidosa y una actitud confrontacional, la CDSL se hizo notoria y logró posicionar su agenda. Eventos con la asistencia de autoridades y funcionarios, convocados por presión de la CDSL son prueba de ello. Con mayor presencia y presión mediática, la coordinadora se volvió atractiva para los políticos.

Por ello, quien podría encabezar la lista de negacionistas y anti derechos en Loreto es el congresista Jorge Morante Figari, anteriormente miembro de Fuerza Popular, que apoyado por sus asesores, promueven actividades extractivas y construcción de carreteras en la región.

Entre los asesores del congresista Jorge Morante Figari, figura Manuel Noriega Tello, quien ha filmado videos promocionando la denominada “Ley anti PIACI” y el también asesor de Morante, Augusto Cabanillas, quien ha acompañado a los miembros de la coordinadora en sus gestiones ante diversas instituciones en Lima y en Iquitos.

Morante Figari ganó notoriedad en 2022 con la polémica propuesta de ley que hizo para cambiar el régimen de protección de los PIACI. Su proyecto de ley, el PL N° 03518/2022-CR, ya archivado, fue ampliamente criticado por las organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos. La propuesta planteaba facultar a los gobiernos regionales (GORE) para que puedan “extinguir” todas las reservas indígenas ya creadas y “anular” los reconocimientos formales de la propia existencia de los pueblos PIACI; es decir, desaparecer la propia existencia de grupos humanos ya oficialmente reconocidos por el Estado. Por ende, organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) llamaron a este proyecto la “ley del genocidio PIACI”, recuerda Julio Cusurichi, líder indígena ganador del Premio Goldman.

La desinformación es el arma más usada por el congresista Jorge Morante Figari, ahora afiliado al partido Somos Perú, quien continúa siendo secundado por empresarios del rubro de la construcción, negacionistas y antiderechos. Morante y los miembros de la CDSL, quienes mantuvieron gran cercanía mientras se debatía la propuesta de ley, exigen que se incumplan las normas existentes sobre privacidad y confidencialidad de la información personal para dar crédito a la existencia de los PIACI. Es decir, develar su ubicación para comprobar su veracidad, lo cual es un pedido abiertamente ilegal.

Pero su discurso va más allá. En agosto de 2023, Morante acusó a las ONG ambientalistas de ser el mayor problema para el desarrollo de la región. “(...) el tema acá, como todos bien sabemos, es que el peor enemigo del desarrollo de la región Loreto, son estas ONGs ambientalistas (...) que quieren llenarse los bolsillos de dinero (...), señaló el parlamentario durante el encuentro “Desarrollo Económico, Tecnológico y Sostenibilidad Ambiental en la Macro Región Nor Oriente del Perú”, desarrollado en Iquitos.

Con este mensaje altisonante, el congresista Morante culpaba a las ONG del atraso de Loreto. Para el legislador, no se trata de la corrupción conocida y apenas sancionada, no es la falta de planificación, no es el abandono eterno en que vive la población rural, ni es la desidia de los políticos. Son las ONG las responsables de la situación calamitosa de la región.

Jorge Morante Figari, quien siempre ha sido muy cercano al sector infraestructura, en particular al rubro de la construcción, llegó al Congreso de la República con el partido de derecha populista Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori Higuchi, hija del expresidente condenado por corrupción y violaciones de derechos humanos, Alberto Fujimori. La excongresista y tres veces candidata presidencial también enfrenta a la justicia en el marco del denominado caso “Cocteles” en el cual se le acusa de diversos delitos, como lavado de activos, organización criminal, entre otros.

En el 2015, Morante trabajó como funcionario del Gobierno Regional de Loreto, durante la gestión de Fernando Meléndez (del partido Alianza para el Progreso - APP), como director del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (OPIPP). Según una denuncia presentada ante la Fiscalía, Morante habría favorecido a la empresa China International Water & Electric Corp (CWE), que perdió un arbitraje internacional por la desastrosa obra del sistema de alcantarillado y desagüe de Iquitos. El presupuesto inicial de esa obra fue de S/ 472 millones, pero al final tuvo un costo de S/ 737 millones.

Entre 2016 y 2019 trabajó como asesor del ex legislador fujimorista Juan Carlos del Águila. El congresista también ha sido asesor del exgobernador de Loreto, Robinson Rivadeneyra (2003-2006), condenado a seis años de prisión por colusión. El último escándalo de corrupción al que se le asocia surgió el 21 de julio pasado, cuando el alcalde del Putumayo menciona en un audio el pago a Morante de 120 mil soles por la “gestión de proyectos” ante los ministerios.

Investigaciones previas de Convoca.pe señalan que Jorge Morante Figari está implicado en una investigación preparatoria abierta por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y omisión ilegal de actos de su cargo. La denuncia inicial fue presentada en el 2015 y fue ampliada en junio de 2019.

Según el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el 2021 Morante Figari reunió S/23,000 en aportes para su campaña, S/. 8 mil propios y el monto restante de 4 aportantes. Una vez elegido, Morante contrató a sus aportantes en su despacho.  El asesor principal, José Augusto Cabanillas Chávez, aportó S/ 5,000 a la campaña y el contador Manuel Andrés Noriega Tello, asesor II del congresista, aportó la misma cantidad. Noriega es muy activo en Facebook, donde señala al Ministerio de Cultura, organizaciones indígenas y oenegés como culpables de que el desarrollo no llegue a Loreto, además de abogar constantemente por la reactivación petrolera de Loreto. Incluso en un video indica que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP desarrolló un producto que resuelve la contaminación por petróleo y que con eso se acabarían los conflictos sociales para la reactivación petrolera en Loreto.

Luego del archivamiento del proyecto de ley propuesto por Morante, la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL), liderada por Christian Pinasco Montenegro, marcó distancia del congresista mediante un comunicado. Sin embargo, se mantiene la cercanía a la Coordinadora de otros políticos locales, como los mencionados Noriega y Del Águila, ambos dedicados a la política. La CDSL, por su parte, insiste en la inexistencia de los PIACI, promueve con mentiras la no ratificación del Acuerdo de Escazú y apoya el desarrollo petrolero y maderero de Loreto. Morante, como señalamos al inicio, no desaprovecha oportunidad para insistir en negar también la existencia de los PIACI. La CDSL tiene un claro e incondicional aliado en el Congreso peruano.

Mentiras que calan

La cantidad de información falsa o confusa que ha generado la CDSL es ciertamente nutrida. Algunas ideas como que el Acuerdo de Escazú hará que el Perú pierda soberanía sobre la Amazonía o que todo el tema de los PIACI es parte de la “agenda del Foro de Sao Paulo”; frases como “en Loreto no existen PIACI” o calificativos del tipo “ONG neoambientalistas radicales u ONG extremistas” aparecen en casi todas las comunicaciones que realizan en redes sociales.

Uno de los comunicados de la CDSL, en contra de Escazú y los PIACI publicados en página de Facebook de CDSL.

Reunión tras reunión y con frecuentes publicaciones en redes y discursos en medios, la coordinadora ha desarrollado una narrativa funesta sobre los PIACI, negando su existencia, indicando que son un invento de las oenegés y que insistir en la creación y protección de las reservas para esta población es solo una estrategia de expoliación de las tierras amazónicas en favor de terceros. Estos terceros son, de acuerdo al público ante el cual se presenten, oenegés extranjeras, narcotraficantes, grandes transnacionales o simplemente caprichosos multimillonarios que quieren imponer un nuevo orden mundial.

Uno de los principales cuestionamientos de la Coordinadora hacia las reservas establecidas para proteger a los PIACI es que estas se crean por razones políticas, no técnicas; es decir, que no existe un sustento real ni tangible para su establecimiento. Especialistas consultados, como Miguel Macedo del Instituto del Bien Común y personal del Ministerio de Cultura (Mincul), coinciden en que sí existe un método científico para demostrar la presencia de PIACI en una zona. No son solo versiones de las organizaciones indígenas y las ONG.

Los expedientes se basan en testimonios de informantes calificados, testimonios de la población aledaña, fuentes secundarias, censos, documentos oficiales y evidencias físicas, como imágenes satelitales y sobrevuelos, como lo ha señalado la antropóloga María Amelia Trigoso, de la Dirección de Pueblos Indígenas y Contacto Inicial (DACI) del Mincul. En declaraciones a medios nacionales manifestó que “solo puedo pensar que es una falta de conocimiento de parte de las personas que se manifiestan en contra de la protección de los PIACI. Su existencia y sus derechos son innegables”.

El congresista Morante y la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL) no aceptan que la información sobre la ubicación de los pueblos aislados sea confidencial. Esta imposición legal es la base más fuerte de las dudas planteadas por la CDSL y otros políticos que se alinean con esta corriente negacionista.

Sin embargo, revelar la ubicación exacta de los PIACI va en contra de la ley: la información sobre los PIACI y cualquier ciudadano está protegida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. Entonces no se trata, como dice la Coordinadora, de un privilegio de los PIACI, es una obligación legal que protege a todos los ciudadanos.

También el Decreto Supremo N° 010-2019-MC, Reglamento del régimen sancionador por infracciones de la Ley PIACI, se establece claramente la confidencialidad de la información con respecto a su ubicación. Más aún, el tribunal de transparencia y acceso a la información pública ha indicado en dos ocasiones que esta información no puede divulgarse.

En referencia también a la metodología, el antropólogo Miguel Macedo, quien tiene más de 20 años en el trabajo sobre PIACI, indicó en conversación con Convoca.pe que “los análisis emplean metodologías científicas propias de las ciencias sociales, que se complementan con el uso de imágenes satelitales y fotografías aéreas.  Los resultados de los diferentes análisis se contrastan entre sí, para obtener un resultado fehaciente”.

Para validar su posición, la Coordinadora ha utilizado la presencia de Salvith Ojanama López, quien dice liderar varias organizaciones indígenas, entre ellas la Organización para la Gestión de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas – ONGP y la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas del Marañón y Samiria, y que forma parte del grupo de participación ciudadana congresal Parlamento Mujer (hasta hace poco dirigido por la excongresista fujimorista Karina Beteta) y de otro grupo acusado de usurpar la representación indígena en diversos espacios llamado Organización Nacional de Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (Onajepinc). 

Salvith Ojanama es conocida por su discurso feroz contra otros líderes indígenas e incluso ha llegado a pedir la militarización de las zonas donde la población se opone a las actividades petroleras. La presencia de Ojanama, una líder indígena del Marañón, resulta conveniente en una organización que dice tener la voz de los indígenas afectados por la creación de las reservas en favor de los pueblos aislados.

Ante la ausencia de mayor representación indígena, la Coordinadora ha aparecido en dos oportunidades con representantes de una de las comunidades dentro del área de influencia de Perenco, empresa petrolera francesa que hace poco decidió su retiro de la zona solicitada para la creación de la Reserva Indígena Napo Tigre.

La Coordinadora señala que el Mincul no ha realizado el procedimiento de consulta previa para la creación de las Reservas. Aquí hace falta una precisión: esto es también falso. Cuando existe alguna posibilidad de afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas, se realiza la consulta previa con el proyecto de decreto supremo que asigna la categoría de reserva indígena, tal cual lo indica la RM N° 365-2017-MC. Sin embargo, en el caso específico de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, también conocida como Kapanawa, no hay ninguna afectación a las comunidades nativas colindantes, porque, como siempre, se excluyeron a todas las comunidades, es decir, la reserva no toca ni se superpone a ninguna comunidad.  Lo que sí se hizo fue un proceso de socialización con las comunidades y estas apoyaron el proceso de creación de la reserva porque les beneficia, pues la Ley establece claramente que las comunidades nativas sí pueden ingresar a las reservas para realizar sus actividades tradicionales y de subsistencia. Además, las reservas proporcionan una oportunidad a las comunidades colindantes para que puedan formar parte de los comités de protección de las reservas y los comuneros tienen la oportunidad de trabajar como agentes de protección de las reservas.

En el caso de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, el proceso de socialización incluyó al Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Ucayali, XIII Macro Región Policial Ucayali, la Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul, la Dirección Regional de Educación de Loreto, Gerencia Regional de Salud de Loreto, Red de Salud Contamana, representantes de la CN Nuevo Edén, representantes de la CN La Cumbre, la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui (FECONACURPI), UGEL Contamana, Presidencia de la Junta de Fiscales de Loreto, Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR Loreto y la ONG CIMA Cordillera Azul.

La traba para el desarrollo

A pesar del discurso de la Coordinadora, ninguna Reserva Indígena se ha categorizado sobre territorios de comunidades nativas o con solicitud de titulación de tierras, lo cual puede ser verificado en los mapas de múltiples organizaciones estatales y privadas. Lo que sí es un hecho concreto es que, una vez creadas las reservas sí se restringen las actividades petroleras, la extracción forestal y la construcción de carreteras dentro de ellas.

Los negacionistas afirman que existe una oposición de las ONG y las organizaciones indígenas a la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, en la provincia de Requena, Loreto. Efectivamente, la carretera cortaría en el lado peruano el estudio jurídico, antropológico y ambiental del “Corredor Territorial de Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial, y de Bosques Continuos Yavarí Tapiche”; pero esta no es si quiera la razón por la cual la construcción de la vía se encuentra paralizada.

De acuerdo con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la construcción de la carretera está detenida por una serie de incumplimientos normativos, entre ellos, que no cuenta ni con estudio de impacto ambiental ni con un expediente técnico de ingeniería. La carretera se paralizó debido a que ProVías Descentralizado y el Gobierno Regional de Loreto intentaron construirla de manera ilegal y sin estudios de factibilidad aprobados, sin estudios de impacto ambiental o permiso de desbosque, entre otros. Por ello, existe una denuncia penal del propio Ministerio del Ambiente (Minam), que consta en la carpeta fiscal 208-2021 de la FEMA – Nauta, del Fiscal Félix Castro Valderrama.

En julio de 2021, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Provias Descentralizado y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, emitieron una información oficial donde se ratificó la ilegalidad de la construcción del proyecto. Posteriormente a ello, es que se da una medida cautelar contra la carretera en el año 2023, la cual se había solicitado dos años antes por el Instituto de Defensa Legal, tomando como base la potencial afectación a territorios PIACI. Una vez más, no son las ONG enemigas del desarrollo sino la ineficiente labor de los gobiernos locales y regionales.

Las Reservas Indígenas no limitan el desarrollo de los pueblos indígenas y ninguna se ha establecido sobre zonas turísticas. Como explica la directora de la DACI, “al momento de la elaboración del Estudio Adicional de Categorización, como parte del análisis socioeconómico de la población colindante, se verifica la presencia de actividades económicas. Estas áreas por lo general se excluyen de las reservas”.

Una prueba de que las reservas no se oponen al desarrollo local es que estas deben ser aprobadas en una comisión especial, que aglutina a los diversos sectores del Estado y la sociedad civil. Por ejemplo, de acuerdo a información remitida por el Mincul, en los registros de reuniones para la creación de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur participaron el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Ucayali, XIII Macro Región Policial Ucayali, la Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul, la Dirección Regional de Educación de Loreto, Gerencia Regional de Salud de Loreto, Red de Salud Contamana, representantes de la CN Nuevo Edén, representantes de la CN La Cumbre, la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui (FECONACURPI), UGEL Contamana, Presidencia de la Junta de Fiscales de Loreto, Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR Loreto y la ONG CIMA Cordillera Azul.

Años de activismo contra los derechos indígenas

El accionar de la CDSL se inició en 2020 con una oposición frontal al Acuerdo de Escazú, el cual busca fortalecer la justicia ambiental, la transparencia del Estado y la protección de defensores ambientales. Su pretexto para ello era que el Acuerdo le quitaba soberanía al Perú sobre la Amazonía, sometiendo el país a un proceso de internacionalización, casi una expropiación de nuestros bosques amazónicos.

Esa información falsa sobre el Acuerdo fue difundida activamente por este grupo en Loreto y era básicamente el mismo argumento que los gremios empresariales y sus operadores repetían en todo tipo de eventos y medios de comunicación.  En 2020 y luego en 2022, el Congreso peruano no ratificó el Acuerdo de Escazú. La CDSL junto con otros personajes de la extrema derecha peruana celebraron la decisión.

En paralelo, la CDSL apoyó públicamente a la empresa de plantaciones de cacao Tamshi, propiedad del empresario Dennis Mellka, sobre cuyas empresas pesan acusaciones de tala ilegal y corrupción, tanto en Loreto como en Ucayali.

Posteriormente, la CDSL reenfocó sus esfuerzos, montando una campaña en redes sociales y eventos públicos para apoyar el proyecto de ley de Jorge Morante Figari contra las Reservas Indígenas creadas en favor de los PIACI.

Durante el proceso, Morante y la CDSL movilizaron a indígenas de comunidades cercanas para presentarlos en reuniones públicas donde se discutía el proyecto de ley, que ya se conocía como la “Ley Anti PIACI”.  Estas personas habían sido previamente visitadas y persuadidas por miembros de la coordinadora, que con engaños los habían convencido de que las reservas PIACI eran una forma de arrebatarles sus tierras y quitarles el acceso a sus recursos. Hay testimonios de indígenas de las cuencas de Loretoyacu, Yavarí y Bajo Amazonas relatando estos hechos.

Video donde un comunero denuncia las acciones de desinformación por parte de madereros.

Video de la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto.

Estos mensajes, propalados en medio de una fuerte crisis económica en el país, pusieron a parte de la población de Iquitos, capital de Loreto, a favor del proyecto de Morante Figari. Es común hasta ahora escuchar a periodistas loretanos, de larga trayectoria, cuestionar la existencia de los PIACI y repetir los argumentos de la CDSL.

Otra organización negacionista es la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (Onajepinc), dirigida por Segundo Hernández Villoslada, un personaje denunciado en diversas ocasiones por adjudicarse la representación de los pueblos indígenas bases de AIDESEP.  Él aduce, igual que la CDSL, que los PIACI en Loreto no existen. A esta organización también pertenece -como ya hemos señalado- Salvith Ojanama López. 

Sin duda, los intereses empresariales, especialmente del sector construcción, alrededor del discurso antiderechos y extractivista son más que evidentes. Sin embargo, las acciones que estos grupos desarrollan en campo, desinformando a la población indígena respecto a la afectación de sus derechos y el discurso violentista identificado en algunos casos, debería preocupar seriamente a las autoridades estatales. De esto se tratará la siguiente entrega de esta serie.

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* Ivan Brehaut. Periodista ambiental. Bertha Challenge Fellow. Este reportaje es producido como parte de la beca Bertha Challenge 2024.