CIDH y ONU denuncian que los insuficientes avances en la demarcación de tierras indígenas en Brasil están alimentando la violencia contra esta población. Instan al Estado acelerar los procesos.
Servindi, 17 de octubre, 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU condenan la violencia contra pueblos indígenas en Brasil, alimentada por los insuficientes avances en la demarcación de sus tierras y la incertidumbre jurídica.
En un llamado conjunto, instan al Estado brasileño adoptar medidas urgentes para garantizar la demarcación y titulación de sus tierras, respetando su derecho a la propiedad colectiva y sin aplicar la tesis del Marco Temporal.
El pronunciamiento de los organismos internacionales se efectuó este 17 de octubre, tras reportarse durante los últimos meses agresiones de particulares y de fuerzas del orden contra comunidades indígenas de Brasil.
Esta situación ha provocado “el desplazamiento forzado de comunidades y la muerte de varios de sus integrantes que defienden sus tierras”, indican.
Los líderes del pueblo Pataxó Hã-Hã-Hãe, Lucas Santos de Oliveira y Maria de Fátima Muniz de Andrade, así como Neri Ramos da Silva, un joven indígena del pueblo Guaraní Kaiowá, fueron asesinados entre diciembre de 2023 y setiembre de 2024.
Según los organismos, esta ola de violencia se ha visto agravada por la Ley No. 14.701 que adopta la tesis del "Marco Temporal", limitando los reclamos territoriales indígenas a las tierras ocupadas hasta la promulgación de la Constitución Federal de 1988.
El Congreso brasileño promulgó esta Ley en octubre de 2023 a pesar del veto del Poder Ejecutivo y una primera declaratoria de inconstitucionalidad. No obstante, la decisión final de la más alta corte sobre la inconstitucionalidad de la ley está aún pendiente.
En ese contexto, la CIDH y la ONU Derechos Humanos recuerdan la especial conexión de los pueblos indígenas con sus territorios, y la obligación de los Estados de proteger el derecho a la propiedad colectiva y su propia integridad.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a una protección especial de su integridad física, psicológica y cultural, que incluye la salvaguardia de su cultura, territorio y libre determinación para vivir libres de violencia, discriminación y explotación”, señalan.
En consecuencia, Brasil debe adoptar medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar acciones que atenten contra la integridad indígena, ya sean perpetradas por terceros o por agentes del Estado.
Además de implementar medidas de protección para las comunidades indígenas que enfrentan amenazas inminentes, concluyen los organismos.
AÑADE UN COMENTARIO