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Irregulares cambios en los estudios de impacto ambiental en Las Bambas

Foto: Facebook CooperAcción

Servindi, 29 de marzo 2019.- En la siguiente entrevista, Ana Leyva Valera, presidenta ejecutiva de Cooperacción explicó que se ha desnaturalizado el uso de instrumentos para las modificatorias en los estudios de impacto ambiental en el caso Las Bambas.

La abogada y especialista en temas medio ambientales señalo que estos cambios hacen muy difícil el monitoreo y calidad de los estudios de impacto ambiental y, además, hace muy complicado la comunicación de los impactos en la vida de las comunidades.

Con respecto a la participación de las comunidades campesinas e indígenas dijo que no cuentan con la asesoría técnica adecuada y que es el Estado Peruano el llamado a garantizar los derechos a un ambiente sano para las comunidades más allá de asegurar las inversiones mineras.

A continuación, presentamos la entrevista realizada por Tulio Toche Martínez, comunicador del equipo de Radio Servindi.

— En el año 2013 la Defensoría del Pueblo arrojó un informe donde señalaba serias observaciones sobre las modificaciones del estudio impacto ambiental en el caso Las Bambas. ¿Nos puedes contar un poco en qué han consistido estos cambios?

En realidad, la unidad minera tiene trece instrumentos de gestión. El último aún no se ha aprobado que es el sexto Informe Técnico Sustentatorio (ITS).

Está el EIA (Estudio Impacto Ambiental), el plan de cierre, la modificatoria del plan de cierre y todas las modificatorias del EIA e ITS. También hay una ficha técnica que es un cambio menor, pero son 13 en total.

A nosotros siempre nos ha preocupado que existan tantos instrumentos para una sola unidad minera, porque eso hace difícil el manejo de la gestión, el seguimiento y la participación ciudadana; puesto que, hacer seguimiento a tantos instrumentos de cambios es complejo.

Además, visualizar sus efectos sinérgicos y acumulativos es muy difícil cuando hay tanto cambio y también la gente, que debe participar en los procedimientos de evaluación, pero también debe participar en la vigilancia. ¿Cómo vigilas tantos instrumentos? ¿Cómo te enteras de tantos instrumentos? Es igual de complicado para la autoridad ambiental.

Por eso nosotros hablamos sobre el principio de invisibilidad, porque los cambios están concatenados, puesto que un cambio acarrea otro cambio. Esto debe estar pensado de manera conjunta y no por separado.

Por ejemplo, si modificas el tajo también vas a modificar el procesamiento y los desechos. Entonces, están vinculadas unas cosas con otras y no debería pensarse de manera separada; los cambios deberían planificarse.

— Estos cambios desde el Ministerio de Energía y Minas, desde el Ministerio del Ambiente ¿tienen alguna justificación técnica, han explicado por qué existen trece estudios de impactos ambientales?

La unidad minera cambió de dueño. Glencore era dueña de las dos unidades mineras, luego éstas se separaron y se independizó una unidad de la otra. Entonces todo el procesamiento se pasó a Apurímac y eso dio origen a los cambios.

Sin embargo, estos cambios no deberían hacerse por partes, debería de realizarse de manera conjunta y no por separado porque lo hace muy complicado y no hay manera de que la población se informe ni de que participe.

En el caso Las Bambas con los ITS la norma salió aun cuando todavía no estaba reglamentada y no había criterios para su aplicación.

El problema de los ITS, Informes Técnicos Sustentarios, es que son pensados para cambios menores, pero al final se puede cambiar todo: componentes principales y componentes auxiliares que también tienen relevancia.

Una planta de tratamiento de agua residual no es algo que pueda ser un componente auxiliar, es un elemento importante que tiene que cumplir requerimientos técnicos. En realidad, se están aplicando —los ITS— para un montón de cosas que son importantes.

En esta lista que yo te doy puedes ver que todos los cambios que se han hecho en la unidad minera tienen relevancia y no debieron —desde nuestro punto de vista— tramitarse con Informes Técnicos Sustentatorios, pero la norma lo permite.  La normatividad permite cambios importantes, solamente aparece para limitar un poco los porcentajes de los cambios.

Por ejemplo, si vas modificar una planta de procesamiento, que no sea más allá del 20 por ciento. Te ponen límites en porcentajes de lo que se puede hacer, puedes cambiar cualquier cosa con estos mecanismos.

Los Informes Técnicos Sustentatorios son informes más breves; son como un estudio de impacto ambiental más breve y de aprobación rápida, como es en un corto plazo no hay opiniones técnicas ni hay participación ciudadana. Entonces, éste es el problema que tiene este instrumento y ahora es lo más usado.

La mayor parte de cambios que se hacen actualmente son a través de los Informes Técnicos Sustentatorios. Es una de las formas principales, pero deberían ser excepcionales según el reglamento ambiental. Los ITS se han convertido en regla y no en excepción.

Cuadro de Modificatorias del Estudio de Impacto Ambiental e Informes Técnicos Sustitutorios en Las Bambas

— Informes Técnicos Sustentatorios se han convertido en el principal instrumento para cambiar Estudios de Impacto Ambiental ¿Esto quiere decir que el Ministerio de Energía y Minas está usurpando las funciones que deberían ser competencia del Ministerio del Ambiente por un tema de que los trámites se “agilicen” y las inversiones vayan sí o sí?

Aquí hay un tema compartido. Las competencias están para aprobarse en el Ministerio de Energía y Minas tanto como para el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental). Pero aquí el problema es cómo se hacen los cambios, la exigencia para hacer esos cambios, porque un estudio de impacto ambiental, y cualquier modificatoria en general, lo que tiene que hacer es prevenir daños; es decir, que con el cambio no se ocasionen daños, que sí se pueden ocasionar.

Cómo prevenir o cómo mitigar esos daños, pues tienes que adoptar las medidas para hacerlo. Pero, cuando se hacen los cambios y el estudio no es riguroso y no hay exigencias de una nueva línea base, no hay la información suficiente, si no hace el análisis debido, entonces, cuando los cambios son importantes, pueden generarse daños. Eso es lo que se quiere prevenir.

Un instrumento que está hecho para un cambio menor no puede ser aplicado para cambios importantes. El instrumento, entonces, se ha desnaturalizado.

Los ITS se establecieron por una norma de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y luego los criterios para su aplicación han sido desarrollados por el Ministerio de Energía y Minas. Yo no sé cuanta participación tuvo el Ministerio del Ambiente en ello, pero fue dada la norma general de ITS, por Decreto Supremo 054-2013 y los criterios de su aplicación le corresponden a Energía y Minas.

Yo creo que ese es un tema que se tiene que corregir y el Ministerio del Ambiente tendría que dar su opinión, no puede ser que a más de 5 años de aplicación del instrumento no se haya evaluado su aplicación, es necesaria dicha evaluación, conocer qué impactos ha tenido. Hay cosas preocupantes y el caso de Las Bambas es un ejemplo de ello.

En el caso de Las Bambas hubo cambios importantes. Por ejemplo, el primer ITS se usó para cambiar dos componentes principales que son la planta de filtro y la planta móvil. Se movió de un lugar a otro, de Cusco a Apurímac con un ITS y así como ustedes van a ver en este cuadro que les estamos adjuntado hay una serie de cambios que son importantes que se han tramitado vía ITS, instrumento rápido y poco detallado. Es necesario generar toda una reflexión sobre qué se puede modificar y qué no se debe modificar con los ITS.

— Acaba de mencionar algo importante sobre el tema de la participación de las comunidades. Como bien se sabe primero se hace el estudio de impacto ambiental y ya cuando se tienen los documentos finales se consulta. ¿Qué debería cambiar? ¿Debería ser consulta o consentimiento previo de las comunidades?

Hay dos cosas en un estudio de impacto ambiental. Está el proceso de participación ciudadana, que corresponde a cualquier ciudadano y la población en general y otra cosa es la consulta previa para estudios de impacto ambiental, que tienen que ver con derechos colectivos; es decir, que si el proyecto va o no va a afectar los derechos colectivos.

El estudio de impacto ambiental establece condiciones para que la explotación minera no dañe. ¿Cuáles son esas condiciones para no dañar derechos colectivos? Eso se tiene que establecer; sin embargo, en el Perú no se consultan los estudios de impacto ambiental. Hay participación ciudadana con limitaciones, pero no hay consulta.

La principal en el tema de participación ciudadana, porque no hay consulta, es que uno se enfrenta a información técnica que es difícil de procesar. No cualquiera puede intervenir y dar una opinión sobre el tema porque se requiere de información previa, conocimientos y capacidades para entender lo que ahí se detalla. Si uno no puede entender la trascendencia de los cambios, uno no puede hacer un juicio sobre si es pertinente o no es pertinente tal medida que se propone.

¿Cómo sabes tú que este riesgo está atendido con esta medida? No lo sabes, si no tienes información y capacidades para entender esa propuesta, no es fácil; las comunidades, generalmente, no cuentan con esa información y necesitan asesoría técnica. Yo necesito asesoría técnica, las comunidades con mayor razón. Yo estoy años trabajando en estos temas y a veces no los entiendo. Sin asesoría técnica es muy difícil entender las propuestas, la trascendencia y las consecuencias de un proyecto.

Sin asesoría técnica la participación no es efectiva, es una participación formal. Consulta no hay, nosotros estamos reclamando consulta para estudios de impacto ambiental porque son los estudios los que establecen las condiciones por las cuales se va a desarrollar el proyecto. Es un reclamo de las comunidades indígenas y campesinas.

— Sobre las empresas que hacen consultorías, que hacen estudios de impacto ambiental, que son contratadas por las mineras, dicen que no puede haber un sesgo en sus estudios porque tienen un prestigio que cuidar por lo que dan a conocer sus trabajos y por lo tanto consiguen más consultorías. Si desde el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente no hacen los procedimientos más adecuados para el estudio de impacto ambiental, entonces ¿la población o la comunidad de quién se tiene que fiar?

Por lo de las consultoras hay que ver cómo se les pone mayor rigor, porque uno ve la calidad de los estudios y a veces no son muy rigurosos, a veces tienen problemas de información, de profundidad para entender.

Por ejemplo, los estudios hidrogeológicos a veces son un saludo a la bandera.

Acabamos de ver el caso del proyecto Ariana, allí hay una comunidad que está en Junín y vemos que el estudio hidrogeológico no pudo determinar la conexión entre las lagunas, algo tan básico que tendría que hacer, ver si las lagunas están conectadas al agua subterránea o no están conectadas. Los estudios deberían arrojar esa información y sí existe, entonces ¿por qué no lo tienen? Esa información es básica.

Creo que debería haber mayor exigencia con las consultoras y en los requerimientos. Además, las consultoras responden a los requerimientos que se ponen, requerimientos que pone el ministerio para ver cómo se hacen esos estudios. Porque no solo es responsabilidad de las consultoras sino de los ministerios, quienes son los que ponen los requerimientos, las exigencias y los Términos de Referencia (TDR) para esos estudios.

— Pero en medio de ello están las comunidades que no cuentan con la suficiencia técnica para poder lanzarse a discutir un estudio de impacto ambiental y por otro lado está el Ministerio de Energía y Minas, que pone condiciones a la consultora para que se realicen los trabajos y podemos decir que el trabajo es a medias. Entonces, ¿qué opción le queda a la comunidad?

Hay un problema de falta de garantías para proteger el derecho al ambiente y los demás derechos colectivos de las poblaciones de las comunidades. Sí, hay un problema y es necesario que estos estudios se regulen, se necesita una mejor regulación definitivamente, para que se haga bien el trabajo.

También se necesita una supervisión, para ver que la información que se pone en un papel sea realmente existente. Es necesario una mejor regulación, es necesario una mejor supervisión para garantizar derechos porque si el Estado no cumple su rol es bien difícil que la gente acceda a ese conocimiento técnico. Es súper importante que el Estado peruano fortalezca su rol de protección ambiental.

— Hace algunos días los dirigentes de Fuerabamba han sido metidos en la cárcel, sus casas han sido allanadas, sus dos asesores también están presos, la zozobra se apoderó de la comunidad. ¿Cuál es su lectura de estos últimos acontecimientos alrededor de Las Bambas? ¿Qué se puede esperar de un diálogo prácticamente truncado?

Yo creo que criminalizar no es la salida. A mí me parece que hay problemas de fondo que se tienen que resolver. Nadie puede exceder los límites de la ley. El estado está llamado a proteger derechos y la gente a veces sale a protestar no porque le guste protestar sino porque se siente afectada.

Lo que vemos allí, no solamente en Fuerabamba sino más allá de Fuerabamba, son 72 comunidades que están a lo largo de la carretera que han visto afectado su derecho a la propiedad y necesitan ser reconocidas. Se ha construido y ampliado la carretera sin su consentimiento. El Estado tuvo que acordar con ellas la compra de sus tierras y no se hizo. Entonces allí hay un problema de legitimidad, hay una demanda legítima por la propiedad de las tierras y a un medioambiente sano, porque el transporte genera impactos que los afecta. Entonces, el problema del transporte pesado se tiene que resolver.

Todo esto se ha generado por una falta de actuación debida del Estado. No debió suceder y ocurrió. Son las consecuencias de una mala actuación, estamos viviendo las consecuencias ahora hay que ver la manera de resolverlas.

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