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Mundo Indígena Perú: El resumen nacional de Servindi

Servindi, 28 de enero, 2017.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por María Jimena Aliaga y Rafael Ponte.

Mundo Indígena al 28 de enero de 2017 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").

Ventilan paquetazo. El viernes 27 de enero el Tribunal Constitucional vio la causa sobre la acción de inconstitucionalidad de la Ley 30230, que aprobó el denominado paquetazo normativo ambiental.

La norma fue expedida por el gobierno de Ollanta Humala en 2015 y es una de las más cuestionadas por debilitar la protección estatal del medio ambiente y facilitar la disposición de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

La norma se expidió bajo el argumento de “promover la inversión” y “reactivar la economía”.

La demanda con más de 10 mil firmas ciudadanas fue presentada por organizaciones indígenas nacionales, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos articuladas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En la audiencia realizada en Arequipa del Tribunal Constitucional sustentaron la demanda Gladis Vila, en representación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP).

El informe jurídico fue sustentado por Henry Carhuatocto de IDLADS Perú y Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Vigilancia territorial. La Ordenanza Regional 003-2017 emitida por el Gobierno Regional de Loreto sería la primera norma nacional en reconocer la vigilancia y el monitoreo indígena, destacó el antropólogo Mario Zúñiga. 

La ordenanza responde al trabajo de los monitores indígenas independientes que actuaron desde la devastación de sus territorios.

La norma reconoce la participación de los pueblos indígenas, como sujetos jurídicos específicos, en la planificación, evaluación, certificación y fiscalización ambiental.

Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial no solo patrocinó el primer paquete normativo que debilitó la institucionalidad ambiental, sino que además impulsó ambiental y financieramente al Gasoducto del Sur a cargo de la empresa Odebrecht.

Así lo revela un reporte de la asociación DAR en base a un estudio elaborado por el Bank Information Center.

El dato es importante porque el actual Gobierno emitió un paquete de 112 decretos legislativos que podrían ser financiados por el Banco Mundial sino se evalúan con detenimiento sus consecuencias.

Seguimos con el Banco Mundial… Honda preocupación genera en organizaciones laborales, de pueblos indígenas y la sociedad civil el llamado “Marco de Alianza” o nueva estrategia con el Perú 2017-2021 que impulsa este organismo multilateral.

Las reuniones que el Banco Mundial denomina “consultas” para elaborar dicho marco se iniciaron en setiembre de 2016 y culminan en enero de este año.

Ello a pesar que aún no se conoce el documento base o borrador el cual tiene un carácter reservado. 

Sigue la deforestación. La deforestación en la Amazonía peruana alcanzó en 2015 las 156 mil 505 hectáreas.

El dato proviene de los Ministerios de Agricultura y Riego, y del Ambiente, con apoyo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

El dato representa una reducción del 11 por ciento respecto a 2014 año en que fue de 177 mil 566 hectáreas, indicó el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Sin embargo, la cifra es superior a la de 2005 en que se calculaba en 75 mil hectáreas deforestadas por año. 

Decreto contra transparencia. Enorme rechazo ha generado el Decreto Legislativo 1353 que amenaza con retroceder lo avanzado tras catorce años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Organizaciones de la sociedad civil consideraron que el decreto crea una oficina de transparencia calificándola como “Autoridad Nacional”, pero carece del nivel y de atribuciones mínimas. 

Demandaron que se derogue el referido decreto y permita crear una real autoridad autónoma.

Pugna por el agua. Cientos de moradores del Centro Poblado Tual, en Cajamarca, se movilizaron para denunciar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que la Minera Yanacocha usufructúa indebidamente el agua que les pertenece.

En declaraciones para radio Enlace Regional uno de los manifestantes sostuvo que la minera Yanacocha “ha apelado para quitarles el agua”.

El manifestante explicó que esta situación ha ocasionado la muerte de sus animales y anunció que tomarán medidas más drásticas para defender el agua.

Precisamente el miércoles 25 el Tribunal Constitucional realizó una audiencia para ver el caso de Yanacocha que pugna por 285 lagunas de Alto Perú, en Cajamarca.

Títulos integrales. La organización del pueblo Kechwa del Bajo Huallaga, en la región San Martín, rechazó la imposibilidad de otorgar títulos de propiedad sobre sus territorios ancestrales que se encuentran en áreas naturales protegidas.

En tal sentido Elías Sinti Panduro, presidente de la federación kechwa FEPIKBHSAM, cuestionó la implementación del proyecto que ejecuta el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la cooperación noruega.

Afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Explicó también que la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro.

Directorio de comunidades. El Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) publicaron el directorio de comunidades indígenas y campesinas del Perú.

El documento llena un vacío de información pública respecto al reconocimiento y titulación de comunidades campesinas y comunidades nativas que existen en el país.

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