Servindi, 15 de abril, 2018.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Julio Quispe.
Mundo Indígena al 15 de abril de 2018
Declaración en la Cumbre de las Américas. El Foro de los Pueblos Indígenas presentó la “Declaración en Defensa del Territorio y la Libre Determinación de los Pueblos o Naciones Indígenas”.
En el documento exigen respeto a la territorialidad indígena y al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Asimismo, reconocer el rol de las mujeres en la preservación de la identidad cultural, la defensa del territorio y la biodiversidad.
La Declaración fue presentada el 12 de abril, ante los representantes de los Estados que participan en la VIII Cumbre de las Américas.
Medidas anticorrupción. Como parte de la audiencia pública el “Impacto de la corrupción en los derechos de los pueblos indígenas”, líderes indígenas destacaron en cómo la corrupción vulnera sus derechos y el ambiente.
Los líderes indígenas dirigieron una declaración hacia los mandatarios reunidos en la VIII Cumbre de las Américas, en la que proponen medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Denunciaron que mientras el Estado peruano alienta las inversiones, no hay esfuerzos por fortalecer la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, colocándolos en una desigualdad de condiciones.
Entre las propuestas destacan la inmediata culminación de los procesos de linderación, georeferenciación, titulación colectiva, entre otras.
De igual forma se exige mayor participación ciudadana y medidas de fiscalización y control político que identifiquen el mal uso de procedimientos institucionales por parte del Estado.
Corrupción extractivista. La parlamentaria Tania Pariona denunció la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte de empresas extractivistas, que operan bajo el mismo modo que Odebrecht.
En diálogo con Servindi dijo que la corrupción se concreta cuando se efectúan los estudios de impacto ambiental, se otorgan concesiones y se entregan títulos habilitantes para explotar recursos.
Pariona Tarqui también señaló que tales emprendimientos corrompen autoridades regionales y municipales para obtener respaldo público a través del dinero.
Seguridad jurídica. En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, líderes indígenas de los Andes y de la Amazonía peruana exigieron en una declaración la seguridad jurídica de sus territorios para combatir la corrupción.
Entre otras cosas demandaron que el Estado cierre las brechas en el proceso de la titulación de las comunidades indígenas existentes en Perú, reconociendo sus derechos colectivos.
Exigieron también investigar posibles casos de corrupción como la explotación de fosfatos en San Martín de Sechura; la minería y tala ilegal en la comunidad nativa Tres Islas, en Madre de Dios y la construcción de carreteras en la Amazonía.
Agresiones en Antapaccay. Campesinas agredidas en un desalojo por policías y personal del proyecto minero Antapaccay, denunciaron que la minera Glencore pretende cerrar el acceso vial de la comunidad y crear un ducto para llevar el agua.
Para ello la empresa tendría la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, sin consultar a la comunidad de Alto Huarca en la provincia de Espinar, en Cusco.
Fortunata Huaquira, relató que diez policías la sujetaron y pretendieron meterla al agua, mientras que a su tía se la llevaron en una camioneta con la boca tapada.
Otra de las víctimas, Rocío Huaquira, denunció la falta de apoyo judicial y el silencio cómplice de la Autoridad Nacional del Agua.
Deuda histórica. La Red de Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip) – filial Ucayali, pidió al Estado resarcir su deuda histórica de titulación de los pueblos indígenas para cuidar los bosques y enfrentar el cambio climático.
Solicitaron que las comunidades indígenas sean consideradas como “protectoras ancestrales de las tierras”, pedido amparado por normas de rango constitucional.
Los comunicadores anunciaron también que emprenderán una campaña de comunicación para fortalecer la seguridad jurídica a fin de evitar el despojo de los territorios indígenas por las concesiones.
Taller intercomunal. Comunidades de la cuenca alta del río Madre de Dios participaron en el primer taller intercomunal que simboliza un hito para los pueblos Harakbut, Yine y Machiguenga de la región.
Los temas tratados fueron: Comunicación y Vocería; Planes de Vida; Gobernanza territorial; REDD+ y REDD+ Indígena Amazónica (RIA).
Durante el espacio de dos días se desarrolló un diálogo con las comunidades participantes quienes también se expresaron acerca de las prioridades de su comunidad.
La actividad fue organizada por el Consorcio Perú, integrado por COHARYIMA, ONAMIAP y Servindi, en el marco de un proyecto promovido por la Agencia Noruega de Cooperación y la organización IWGIA.
Exigen derechos ante la ONU. Organizaciones civiles presentaron un informe alternativo al Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).
Denuncian que el Estado se niega a abordar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a las tierras y a los recursos, especialmente en Ucayali y San Martín.
En ambas regiones, la tenencia de tierra está socavada por la negativa del Gobierno a reconocer definitivamente sus plenos derechos de propiedad sobre sus territorios tradicionales.
Las organizaciones señalan también que el Estado no ha respondido a las recomendaciones y preocupaciones previas del referido comité de las naciones Unidas (ONU).
Reconstrucción del país. "La reconstrucción política del Estado peruano, tras el desastre vivido, involucra un nuevo modelo de participación política y, necesariamente, un nuevo modelo económico".
Así lo refiere el abogado Antonio Peña Jumpa en un análisis de la situación política del Perú tras la crisis que llevó a la renuncia a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski.
Peña Jumpa considera como la mejor opción hacia una política honesta es convocar a nuevas elecciones para un "cambio total en el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo".
Plantea también la posibilidad de "reconstruir políticamente el Estado peruano con una estructura social-comunitaria que conecte nuestro desarrollo pre-hispánico con las necesidades de la población actual".
Olmos. Colectivos y organizaciones sociales del distrito de Olmos, Lambayeque, demandan al Gobierno paralizar la construcción de la Nueva Ciudad promovida por la transnacional brasileña Odebrecht y que actualmente ejecuta la constructora Obrainsa.
Acompañado de congresistas del Frente Amplio, Jorge Olázabal, dirigente del colectivo ciudadano de Olmos, manifestó que “el pueblo de Olmos está en pie de lucha desde el 18 de marzo".
Agregó que los congresistas lambayecanos son indiferentes al tema y que ellos quieren dialogar con el presidente Vizcarra para luchar contra la corrupción de este proyecto y recuperar la dignidad.
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