Servindi, 12 de febrero, 2017.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Julio Quispe.
Mundo Indígena al 12 de febrero de 2017 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").
Asháninkas amenazados. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) exige al Estado proteger a los pobladores de la comunidad Meantani, ubicada en la cuenca del río Ene, en el departamento de Junín.
La organización denunció que el 3 de febrero, unos 60 hombres armados amenazaron de muerte a los integrantes de la comunidad para despojarlos de sus territorios y extraer madera de forma ilegal.
A raíz de las amenazas los comuneros se han retirado de la zona porque los agresores aseguraron que matarían a los comuneros si los encontraban en una próxima visita.
Nuevo paquetazo. La Red Muqui lamentó que las facultades legislativas solicitadas por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se hayan utilizado para dictar normas que ponen en riesgo el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
La Red Muqui exigió al Congreso de la República una revisión minuciosa de la constitucionalidad y legalidad de los 112 decretos legislativos, y sobre las violaciones de derechos que pudieran estar ocasionando o facilitando.
Señaló que el nuevo gobierno "sigue en el camino de los paquetazos normativos" impulsado por el expresidente Ollanta Humala, para eliminar regulaciones ambientales y sociales en beneficios de las inversiones.
Awajun rechazan decretos. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) expresó su rechazo a los decretos legislativos 1292, 1233 y 1334.
En representación del pueblo indígena Awajún indican que dichos decretos representan una amenaza evidente a los derechos colectivos de los pueblos originarios.
El decreto 1292 declara de necesidad pública e interés nacional el Oleoducto Nor Peruano y representa un peligro de despojo de tierras comunales bajo la modalidad de expropiación.
El decreto 1333 facilita al Estado acceder a predios para proyectos y concede super-facultades al organismo APIP con facultades de saneamiento.
El APIP pone en riesgo la seguridad territorial indígenas, más aún cuando existe una deuda del Estado para sanear las tierras indígenas.
El decreto 1334 introduce la figura del “adelanto Social”, que buscan “condicionar la voluntad” de las comunidades a favor de proyectos extractivos.
Paro contra Las Bambas. El lunes 6 de febrero se inició un paro preventivo de 72 horas en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac.
La protesta se debe al incumplimiento de diversos acuerdos pactados con el Estado peruano y la empresa minera MMG - Las Bambas.
Los incumplimientos tienen que ver con demandas de generación de puestos de trabajo y otros beneficios pactados con la empresa minera. Al Ejecutivo se le reclama por no ejecutar las obras que prometió.
Inspeccionarán derrames. Los continuos derrames de petróleo del Oleoducto Nor Peruano en la Amazonía ahora se encuentran en el “radar interamericano” bajo la mirada de organismos internacionales.
Así lo destacó el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda quién celebró la visita que realizará al país Paulo Vannuchi, relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El funcionario internacional visitará comunidades como Cuninico, Chiriaco y Morona a fin de constatar los daños y afectaciones provocados por los derrames.
La inspección del relator también contribuirá a aclarar la causa de los derrames.
Fallo contra minería. Una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia reconoce la competencia de los gobiernos locales para prohibir la minería.
La sentencia T-445 de 2016 indica “que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.
El abogado Ruiz Molleda destacó el valor de la sentencia y de la jurisprudencia colombiana considerando que el Tribunal Constitucional de Perú afirma que se puede recurrir al Derecho Constitucional comparado como un método de interpretación.
Sierra del Divisor. La categorización y zonificación del Parque Nacional Sierra de Divisor sin considerar dos solicitudes de reservas indígenas viola los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento.
Así lo sostiene la abogada Maritza Quispe Mamani, del Instituto de Defensa Legal, quien observa que aproximadamente el 98 por ciento del parque se superpone a las solicitudes de reserva: Yavarí Tapiche e Isconahua.
El Viceministerio de Interculturalidad está obligado a convocar a la Comisión Multisectorial sobre Pueblos en Aislamiento para continuar con la creación de las reservas indígenas precisó Maritza Quispe.
Reconocen lengua indígena. El Ministerio de Educación reconoció la oficialización de la lengua originaria kawki, cuyo alfabeto comprende un total de 39 grafías.
Tal decisión se tomó “para garantizar el derecho de las poblaciones con lenguas originarias a una educación bilingüe acorde con su cultura y lengua”.
El kawki es la tercera lengua viva de la familia Jaqi. Dentro de esta familia lingüística se encuentra el jaqaru y el aimara.
Marcha contra la corrupción. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el principal gremio sindical del país, convoca a una marcha nacional contra la corrupción y la violación de los derechos laborales.
La movilización será el jueves 16 de febrero y la concentración será en la plaza Dos de Mayo, Cercado de Lima.
En el comunicado oficial se sostiene que una de las razones de la manifestación es mostrar su rechazo e indignación ante la relación de Perú con los casos de corrupción que comprometen a varios presidentes de la República.
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