Por Renzo Anselmo
Servindi, 17 de noviembre, 2019.- Una investigación realizada por OjoPúblico acaba de revelar historias de crímenes flagrantes contra la biodiversidad animal del Perú, dejando a la luz las limitadas capacidades operativas de los organismos de fiscalización.
El modus operandi
El reportaje elaborado por el portal periodístico pone al descubierto el modus operandi de las organizaciones que trafican desde Latinoamérica hasta Europa con animales silvestres, a pesar de que muchas de estas especies figuran en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
Al integrar los apéndices del Cites, los animales que se buscan sacar de un país deben contar con un permiso especial otorgado por la autoridad científica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor); sin embargo, la red de tráfico de animales obviaba estos procedimientos.
Tal es el caso del español Alberto Sierra Olivan, considerado como uno de los mayores traficantes de aves exóticas hacia Europa, y que en el junio del 2016 fue intervenido por los guardias del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Entonces se descubriría que Sierra intentaba sacar del país —por medio de un burrier peruano— diecinueve tucanes de distintas variedades, además de otras catorce aves. Los especialistas del Serfor determinaron que al menos 5 de esos ejemplares figuraban en el apéndice III de la Cites y que el detenido no contaba con un documento que avalaran su accionar.
Capacidades limitadas
«Las evidencias y documentos, obtenidos durante meses para la investigación Fauna Perdida, ofrecen un panorama que involucra desde grupos criminales internacionales hasta empresarios bajo sospecha, expertos en manejo de fauna y funcionarios públicos en actividad», se lee en la investigación.
OjoPúblico asocia la gravedad del problema con las grietas que existen en los organismos de control para fiscalizar el comercio de la biodiversidad animal y cita el caso del ciudadano John Paul Revilla, un hombre con antecedentes de diversas índoles que en el 2009 logró crear en Loreto una empresa enfocada en manejar programas de conservación ambiental.
Sin embargo, al año siguiente, la empresa conseguiría la autorización para establecer un centro de custodia temporal (zoocriadero), un lugar para tener, vender y hasta exportar animales. Para entonces, Revilla ya se encontraba involucrado en un caso de homicidio y en un ataque armado relacionado con el tráfico de drogas en Argentina.
De igual forma, Ojo Público presenta el caso del belga Jean De Coninck, quien en el 2009 llegó a fundar una sociedad anónima denominada Zoocriadero Jean de Coninck SAC. Sus antecedentes lo arrastraban al 2002, año en que abrió un zoocriadero ilegal y al 2014, fecha en que se le intervino contando en su posesión con 8 ejemplares del ave nacional gallito de las rocas, sobre las cuales no tenía autorización.
«Los casos de Revilla y De Coninck exponen las limitaciones delos organismos supervisores para fiscalizar los antecedentes de las personas que participan en el manejo particular de especies protegidas», concluye OjoPúblico.
La investigación de Ojo Público que fue publicada luego de revisar exhaustivamente documentos policiales, denuncias fiscales, sentencias judiciales y expedientes sancionadores, termina involucrando desde grupos criminales internacionales hasta empresarios bajo sospecha, expertos en manejo de fauna y funcionarios públicos en actividad.
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