Sin embargo esto sería resultado de factores ajenos a una estrategia de prevención desde el Estado. Este y otros hallazgos presentó el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros. Denunciaron también un debilitamiento de las normas de calidad ambiental y falta de rectoría en el ordenamiento territorial.

Servindi, 19 de julio, 2017.- El 20° informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú indicó que desde el 2014 había alrededor de 210 conflictos sociales registrados mensualmente en el país, pero que en marzo del presente año empieza un descenso sostenido de estos.

Así, el reciente reporte del OCM señala que, de acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo a junio, si bien hay un total de 177 conflictos en el país, dicho descenso correspondería principalmente al fenómeno del “Niño Costero” más que a una estrategia frente a ellos.

Según explica el documento, la situación de emergencia declarada en gran parte del país fue un hecho que marcó la agenda de los primeros meses del año en las regiones.

Del mismo modo, factores como la tendencia a una menor inversión en la minería (y otros sectores) y la baja del precio de los metales de acuerdo al mercado internacional también han tenido un impacto.

De otro lado, cabe precisar que en un periodo de 10 años (2006 al 2016) las víctimas mortales por conflictos sociales en el Perú han sumado 270, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo-SIMCO.

Normas ambientales debilitadas

El informe alertó también de un “claro debilitamiento de las normas ambientales en el país” encontrándonos en un proceso de desregulación.

Esto se traduce, por ejemplo, en el tema del ordenamiento territorial en cuanto el Ministerio del Ambiente (Minam) ha perdido rectoría al respecto.

De otro lado, la modificación a los Estándares de Calidad Ambiental de Aire —también por parte del Minam— vigentes a nivel nacional juega en desmedro de las normas de calidad ambiental.

Sobre el caso La Oroya, mediante Decreto Supremo (003-2017-Minam) se ha debilitado las normas de calidad ambiental, se indicó.

Acoso judicial a defensores ambientales

“La estrategia es tenerlos paralizados”, denunció David Velazco de FEDEPAZ, explicando que a los defensores se les entabla procesos que duran años para luego, en la mayoría de los casos, absolverlos.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada y directora de Grufides, señaló que han habito cerca a cien dirigentes ambientales en Cajamarca que han sido denunciados, cuyos procesos judiciales han durado entre cuatro y seis años.

Al igual que Velazco, indicó que este año dichos procesos han sido archivados y absueltos en su mayoría.

Datos

El 13.75% del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera, siendo las regiones con más territorio concesionado: Moquegua (47%), La Libertad (46%) y Apurímac (46%).