Servindi, 24 de enero, 2017.- El viernes 20 de enero de 2017 la organización del pueblo Kechwa del Bajo Huallaga, en la región San Martín, rechazó la imposibilidad de otorgar títulos de propiedad sobre sus territorios ancestrales que se encuentran en áreas naturales protegidas (ANP).
Elías Sinti Panduro, presidente de la Federación de Pueblos indígenas Kechwas del Bajo Huallaga (FEPIKBHSAM) cuestionó, en tal sentido, la implementación del proyecto que ejecuta el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con fondos de la cooperación noruega.
Sinti afirmó que “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el estado; y la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; cómo puede ser posible que ahora pretendan otorgarnos sólo contratos de Cesión en Uso sobre nuestros territorios.”
Por su parte Julio Yaicurima Chujandama, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de Chazuta (FEPIKECHA), manifestó que “los pueblos indígenas somos parte de la conservación de los bosques, porque aquí hemos vivido y crecido. No hay ninguna necesidad de expulsarnos de nuestras tierras ni otorgarnos cesión en uso en nombre de la protección de la naturaleza"
Según recuerda un reporte de Clave Verde la legislación sobre el reconocimiento y titulación de las comunidades nativas data de los años 70 y no incorpora los estandares internacionales sobre la materia.
Pese a que el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigencia en el Perú en 1995; el Estado peruano aún no ha adecuado su legislación interna para su cumplimiento.
“Los contratos de cesión en uso nos otorga sólo un privilegio de usar la tierra, el cual no garantiza el derecho de controlar efectivamente y ser propietarios de nuestro territorio sin ningún tipo de interferencia externa como lo manda la ley” remarcó Sinti Panduro.
La representación indígena en el Bajo Huallaga pidió a los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y miembros del equipo técnico del Proyecto PNUD-DCI elaborar los informes respectivos a fin de hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas.
La demanda formulada por las organizaciones indígenas "marca un hito en el proceso de titulación de comunidades nativas en el Perú, debido a la puesta en cuestionamiento de la metodología utilizada para garantizar la propiedad indígena remarcó Clave Verde.