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| Predios rurales y de comunidades amenazados por proyectos de inversión. Foto: IFAD |
- La Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros exhortan al Congreso de la República a no aprobar el proyecto de Ley 3941.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 17 de abril, 2015.- Mientras aún se mantiene en suspenso su debate en el Pleno del Congreso, el dictamen de la Ley 3941, conocido como “Cuarto Paquetazo Ambiental”, sigue acumulando pronunciamientos en contra desde diversas organizaciones.
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Esta vez la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades del Perú (CTS) hicieron conocer su oposición a dicho proyecto basando sus argumentos en el cuestionado artículo dedicado al derecho de servidumbre respecto a los proyectos de inversión.
Básicamente lo que afirman es que en el proyecto, configurado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Estado peruano no puede ofertar, como señala en el dictamen, territorios eriazos considerados de propiedad estatal porque, entre otras razones, no existe un catastro actualizado.
Es decir que el mismo aparato estatal no tiene conocimiento de los límites de sus territorios, lo que podría generar que se entreguen a proyectos de inversión terrenos que estuvieran en posesión de, por ejemplo, comunidades o particulares privados.
Sobre esto, el comunicado citado expresa lo siguiente:
“Este artículo trata sobre tierras eriazas de propiedad estatal, sin embargo el Estado peruano no conoce cuáles son ni dónde están, lo que se corrobora pues no se cuenta con un catastro actualizado que permita identificarlas fehacientemente, esto podría afectar derechos de propiedad o posesión”.
Derecho de vía
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| Las organizaciones indígenas y los congresistas aliados rechazan de plano dictamen de la Ley 3941. Foto: DHSF |
Otro ámbito del “Cuarto Paquetazo” que es cuestionado por el colectivo es el referido al derecho de vía que prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad en las franjas de tierra donde se otorgue este derecho a los proyectos de inversión.
Según el comunicado, eso significaría un impedimento en los procesos de titulación y formalización del uso de tierra que afrontan las comunidades.
Respecto a este punto el pronunciamiento versa de este modo:
“(…) dispone en el artículo 30.3 que no se otorgará ningún título de propiedad ni ser reconocerán nuevos derechos sobre las áreas afectadas por el derecho de vía que incluye carreteras, oleoductos, gaseoductos u otras instalaciones que se podrían ubicarse en tierras y territorios de comunidades campesinas y nativas. Este artículo se convertiría en un obstáculo para la titulación y formalización de su derecho de propiedad”.
Por último, el comunicado resalta como aspecto negativo, el hecho de que en diversos puntos del proyecto se establezcan artículos que impiden el cumplimiento de la Consulta Previa para determinados proyectos de inversión. Por esta razón exhorta al Pleno del Congreso a no aprobar dicha medida cuando les corresponda debatirla.
La histórica postergación de las comunidades
El dictamen de la Ley 3941 aparece así como una grave amenaza sobre las comunidades originarias del país que a pesar de la enorme importancia social, económica, histórica y cultural que tienen para el Perú siguen postergadas, desatendidas y atraviesan serias amenazas a su seguridad territorial.
El informe: La seguridad territorial en el limbo. El estado de las comunidades indígenas en el Perú. Informe 2014, demuestra cómo las comunidades tienen baja prioridad en las estadísticas y no existe un sistema oficial para identificar su situación. En consecuencia, el Estado peruano continúa sin implementar políticas públicas que garanticen sus derechos.
La deuda histórica de titular las tierras comunales sigue siendo postergada y persisten el temor y la inseguridad frente a la parcelación forzada de comunidades, una tendencia que presiona con fuerza a través del mercado de tierras y medidas políticas y administrativas que favorecen la inversión sobre sus territorios.
Datos:
- El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú está conformado por cinco organizaciones indígenas nacionales y veintidós organizaciones de la sociedad civil.
- La Plataforma de Gobernanza Responsable de la Tierra está conformada por: la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y el Instituto del Bien Común (IBC). Esta iniciativa es promovida por la International Land Coalition – ILC.
Acceda al comunicado completo con un clic en el siguiente enlace: