Servindi, 27 de octubre, 2010.- El proyecto de ley 4141 sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene una serie de observaciones y no cumple con las expectativas de los pueblos indígenas, informó César Alvarado, secretario técnico de la Comisión Agraria del Congreso.
Esta declaración se dio en el marco de las tres primeras audiencias descentralizadas realizadas en Puerto Maldonado, Pucallpa e Iquitos desde el 18 al 23 de octubre.
Alvarado explicó que la palabra “terreno” no es la apropiada para referirse al lugar donde desarrollan sus actividades por ello piden que se incorporé el término “territorio”.
Asimismo, el artículo 62 no es claro debido a que primero señala que el área de concesión no debe exceder de las 40 mil hectáreas y en el mismo inciso señala que una persona no puede tener más de una parcela de tierra.
Al parecer para los pueblos indígenas el proyecto de Ley forestal es una ley sancionadora porque en ella se enfatiza en la fiscalización y para ello se prevé crear más instituciones que asuman ese rol.
Por ello, los pueblos indígenas afirman que el tema forestal debe ser manejado por los gobiernos regionales.
Por su parte, el sacerdote Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL), señaló que lamentablemente la propuesta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) aún no es considerada.
Mac Auley explicó que “AIDESEP reclama que previo a la aprobación de la Ley Forestal haya una consulta previa, sino está en contra de la Ley Internacional del Convenio 169 de la OIT”.
En este sentido, Mc Auley dijo que la nueva Ley Forestal “es un asunto de comunidades indígenas y ribereñas, de resistencia biológica, el bosque debe defenderse para que sea una garantía de vida para todos y no solo para algunos”.
El presidente de la RAL aclaró que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados unidos está en riesgo porque al parecer no se estaría cumpliendo con la addenda sobre el tema forestal.
La addenda que fue incluida por el Congreso estadounidense indica en uno de sus anexos “que el manejo de los bosques debe ser con transparencia y justicia social”.