Imagen: Internet.
Sistemas de información desactualizados, falta de transparencia, exclusión de la participación ciudadana, flexibilización normativa que debilita el control institucional entre otros problemas agravan la situación del agua en el Perú.
Servindi, 13 de diciembre, 2016.- ¿Se imagina tener 12 horas de agua y solo cada tres días? Este escenario no es lejano. Muy cerca de nosotros Bolivia enfrenta una crisis de agua que ha puesto a cinco de sus nueve departamentos en una racionalización extrema.
El motivo no solo es el cambio climático -como expresó su presidente Evo Morales- sino también la falta de previsión. Sobre todo, lo segundo.
Así, a través de este ejemplo, José De Echave, de CooperAcción, nos advierte de las alarmantes similitudes a las que podemos llegar, incluso muy a pesar de que nos encontremos entre los 20 países del mundo con mayor disponibilidad de agua dulce.
Y es que tenemos 37 valles del país declarados en emergencia, que comprometen cerca de 350 mil hectáreas en el norte, la costa sur y el sur andino.
En su más reciente columna de opinión “Graves noticias sobre el agua” para el semanario “Hildebrandt en sus trece” (del 9 de diciembre) el especialista explica cómo una compleja mezcla de factores hace que a pesar de que seamos un país con disponibilidad del recurso, nuestra proyección al 2050 sea la de uno con una “situación verdaderamente comprometida por la falta de agua”.
Caos en lugar de gestión
Una permanente debilidad, y no de ahora, sino de años, es la carencia de información actualizada acerca de este recurso. De acuerdo a lo que refiere Echave, se desconoce la cantidad de agua que discurre en las 159 cuencas existentes.
Asimismo, indica que no contamos con balances hídricos ni registros completos de lagunas, manantiales y puquios. De otro lado, hasta antes del 2014 la información de los caudales de los ríos tenía una antigüedad mayor a 20 años, iniciándose una evaluación de los recursos hídricos recién en el 2015.
Igualmente grave es que se desconoce cuánto es realmente el consumo de agua por parte de la minería en el Perú. El uno o dos por ciento del agua que se afirma consume este sector es una estimación del año 1979, publicada en aquel entonces por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Hídricos.
Sin embargo, no omitamos la expansión de la minería de los últimos 25 años, como también el incremento de los conflictos sociales por el agua en los últimos cinco. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 62 por ciento de los conflictos se vinculan al agua, sea por atentados a su calidad, cantidad y disponibilidad, indicó Echave.
Poca transparencia sobre asignación y uso del recurso
El especialista también señaló que desde la Autoridad Nacional del agua (ANA) como de sus órganos descentralizados hay una escasa transparencia respecto al uso del agua. Especialmente cuando se trata de develar expedientes técnicos de grandes proyectos de inversión, es decir, mineros.
De otro lado indicó que organismos como las Juntas de Usuarios no son consultados ni informados previo a la entrega de un derecho de uso del agua, los cuales además se dan desconociéndose la oferta hídrica del lugar.
Debilitamiento institucional y gobernanza
Igualmente sostuvo que existe además desarticulación de los órganos directamente e indirectamente responsables de cuidar la calidad como disponibilidad del agua. Como por ejemplo las Direcciones Regionales de Salud, el ANA, el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
De otro lado, la flexibilización de la normativa a través de leyes como la 30230 –conocida como paquetazo ambiental- debilitó la capacidad sancionadora de la OEFA como el rol de la ANA. Disposiciones con miras a acelerar las inversiones han llevado a arrinconar la participación ciudadana, y a que los usuarios sean “informados” a través de consultoras privadas y por las propias empresas.
Propuestas
Luego de analizar el escenario, Echave propone que urge fortalecer la institucionalidad y el trabajo intersectorial, con una gestión, información y fiscalización efectiva de los recursos hídricos, lo cual no ocurre en la actualidad.
De otro lado, también se plantea elevar el presupuesto y la eficiencia del gasto público en agua y saneamiento. Es decir, darle un enfoque de servicio público.
Y es que existe un fuerte déficit en el saneamiento nacional. Más de ocho millones de peruanos no tiene acceso a agua potable, y más de medio millón de niños sufren de enfermedades diarreicas y asociadas al consumo de agua contaminada.
Además, de casi 150 plantas de tratamiento de aguas residuales se reutiliza menos de la mitad, y solo tres de ellas cuenta con autorización sanitaria.
Protección de las fuentes de agua
Deben darse principalmente en las cabeceras de cuencas, ya que actividades productivas y prácticas inadecuadas contribuyen a su degradación. En el Perú el agua proviene de las lluvias, nevados, glaciares, lagos, lagunas, páramos y bofedales, indicó el especilaista.
“Según el indicador de Falkenmark, se prevé que hacia el año 2015 el Perú será uno de los países de la región que presentará una situación verdaderamente comprometida por la falta de agua”
El agua como derecho humano
Es actualmente una propuesta legislativa por parte de la legisladora Masisa Glave quien pide incorporar el enfoque de derecho respecto al agua.
Si no se actúa ya, Echave proyecta este escenario a través de una cita de Rajendra Pachauri, director del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: “Si no se cambia el modelo, los riesgos son la escasez del agua y por consiguiente de los alimentos, el desplazamiento de la población y los grandes conflictos".
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