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Tras tres años de espera, el TC admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay.

Juan José Quispe del IDL explicó que los ‘estados de emergencia’ en zonas de conflictividad entre las comunidades indígenas y empresas extractivas extingue derechos.

Por las características de los proyectos mineros Antapaccay y Corccohuayco, no basta con que se consulte a las comunidades campesinas, debe tener el consentimiento.

La demanda busca tutelar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado frente a la inminente construcción de la Central Hidroeléctrica Chadín 2 en el Río Marañón.

El abogado Juan José Quispe denunció el uso que hacen del Código Penal para criminalizar y perseguir a los líderes ambientales y defensores de las comunidades indígenas.

Se presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de la Policía Nacional del Perú contra las normas que permite privatizar la PNP mediante la creación de convenios

Juan Carlos Ruiz Molleda habló sobre las dificultades de los abogados defensores de las comunidades indígenas frente a la contaminación y la violación de derechos humanos.

Cuando las comunidades recurren a medidas de fuerza no lo hacen para extorsionar, sino para ejercer el derecho a la protesta, sostiene el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Líderes indígenas se reunieron en Pucallpa en el marco del Público “Situación actual de la defensa de los territorios indígenas frente al despojo, violencia y deforestación".

Para que el Estado peruano cumpla con pagar la servidumbre petrolera por la instalación del Oleoducto Norperuano representantes indígenas del pueblo Kukama Kukamiria presentan demanda.