defensoria del pueblo

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado boliviano tomar medidas de prevención y protección para las naciones y pueblos originarios en peligro frente a la emergencia por el COVID-19.

Seis de cada diez comunidades campesinas y nativas carecen de un establecimiento de salud. Loreto, Junín, Cusco y Arequipa tienen cada una más de 10 casos conocidos por COVID-19.

La entidad también pidió que se evalúe la exoneración de pagos de los servicios básicos prestados a familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

Además, durante el periodo que dure el aislamiento social, el Poder Judicial y el Ministerio Público atenderán los casos de violencia familiar.

Expertos de la ONU pidieron que se asigne presupuesto especial a la Defensoría del Pueblo para continuar con labor en defensa de la población afroperuana.

Retiro de 8 mil 970 teléfonos públicos en 6 mil 150 localidades, perjudicaría gravemente a la población y particularmente a 2 mil 250 comunidades ubicadas en 21 regiones.

Hay 437 poblados que no cuentan con otros medios de comunicación telefónica y han quedado incomunicados tras finalizar concesión a empresa.

Alicia Abanto dijo que el Ejecutivo debería adoptar medidas correctivas sobre la implementación de la consulta previa en proyectos mineros, energéticos y de infraestructura.

Reporte mensual de la Defensoría del Pueblo informó que en diciembre se registró 184 conflictos sociales. Desde el 2007, los conflictos sociambientales son los más numerosos.

Los pueblos originarios suponen un cuarto de la población peruana, pero viven una realidad de discriminación e incluso violencia. A pesar de ser guardianes de la naturaleza.