Antonio Peña Jumpa

El riesgo de un desastre existe en el Perú. Pero, tenemos la posibilidad de control o gestión de este riesgo. Para esto, la resiliencia y capacidad de respuesta organizada de la población son urgentes.

Los representantes de la empresa minera y los propios funcionarios del gobierno central no comprenden o no reconocen la naturaleza cultural del conflicto, sostiene Peña Jumpa.

Para el docente Antonio Peña la experiencia de Bagua tiene valiosas lecciones sobre este tipo de conflictos sociales. ¿Podremos aplicarlas frente al conflictos de Las Bambas?

La vulnerabilidad significa “falta de preparación”. Se trata de una situación de falta de preparación de las personas o familias locales frente al fenómeno natural.

La corrupción enquistada en instituciones del sistema de justicia del Perú, muestra lo difícil que resulta reformar la función jurisdiccional y materializar una reforma.

La corrupción institucional en el Estado peruano es directa cuando se detecta a las personas involucradas e indirecta cuando los actos son por acción u omisión de terceros.

En los últimos años, una causa y motivación más individual se ha hecho evidente: la capacidad o expectativa de consumismo, expresado en “ganar o tener DINERO para gastar en lo que YO QUIERA”.

La población comienza a tomar consciencia de los hechos políticos y la situación de corrupción. Ella es la única que puede garantizar que instituciones claves sigan en su labor por la primacía del Derecho y la Justicia.

El modelo social que describe Antonio Peña Jumpa para materializar el derecho de reconstrucción descansa en la participación de la población local organizada.

Antonio Peña Jumpa advierte que la catástrofe de los derrames de petróleo evidencia el delito de contaminación ambiental, el cual sería agravado si se verifican lesiones graves o muertes.