Antonio Peña Jumpa

It is a situation of extreme inequality and a market without rules that prevents the recognition and fulfillment of the global right of everyone to vaccines against COVID-19.

Una acción pública significa que los países del mundo se reorganicen en torno a las Naciones Unidas para implementar el derecho mundial a la vacuna contra el COVID-19.

Si la pandemia es un riesgo mundial, su solución también debe serlo. El riesgo contra la humanidad debe afrontarse con la participación de todos los Estados y grupos sociales.

Es importante racionalizar que nos encontramos frente a una nueva generación del pueblo peruano que ejerce su derecho de protesta, o su derecho a gobernar con JUSTICIA.

En situaciones de un desastre prolongado la incomprensión de nuestra realidad nos conduce a irregularidades en la entrega o pago del Bono Universal II.

La jurisdicción comunal de los pueblos originarios o indígenas existe en cada comunidad campesina o nativa, y está vigente con su propio Derecho y su propia Justicia.

Han transcurrido 13 años del terremoto de Pisco ocurrido el 15 de agosto de 2007, y la experiencia en su deficiente gestión nos brinda la oportunidad de lecciones.

El coronavirus transita regionalmente como una ola gigante que va reproduciendo contagios, agudización de las enfermedades en los más vulnerables.

El Perú, como país, tiene hoy en plena crisis la oportunidad de mirar y aprender de las comunidades. Se trata de una hermosa oportunidad para emprender una nueva manera de organizar el Estado.

El ejemplo de los pobres está a la vista. Su capacidad de resistencia a esta situación de cuarentena extensa con o sin el bono 760 es una experiencia que nos convoca.