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Indígenas desprotegidos: siete asesinados desde el 2014 en Ucayali

Comunidad de Flor de Ucayali releva la tala ilegal. Foto: Feconau

Líderes indígenas de Ucayali siguen desprotegidos frente al avance del narcotráfico, una situación que ha venido siendo advertida desde diversos frentes. El último asesinato se registró el 27 de febrero. ¿Por qué el Estado peruano no reacciona?

Servindi, 1 de marzo, 2021.- Proteger sus territorios de actividades ilegales como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal les ha costado la vida a siete indígenas de Ucayali desde el 2014.

El reciente asesinato del cacataibo Herasmo García Grau demuestra, una vez más, la vulnerabilidad a la que continúan expuestos los líderes indígenas de la Amazonía peruana.

Lo grave en Ucayali es que la expansión del narcotráfico fue advertida desde diversos frentes; sin embargo, el Estado poco o nada hizo para frenar una situación que amenaza con seguir empeorando.

Siete indígenas asesinados

Un reporte del portal OjoPúblico señala que desde el 2014 hasta la actualidad, siete líderes indígenas han sido asesinados en Ucayali por proteger su territorio de actividades ilegales.

El reciente asesinato de Herasmo García Grau, reportado el 27 de febrero, es el tercero que se registra en plena pandemia en esta región.  

García gestionaba la georreferenciación y actualización de los títulos comunales de la comunidad Sinchi Roca, proceso obstruido sistemáticamente por las autoridades regionales de Ucayali.

Herasmo García (28) apareció muerto el último viernes en la selva de San Alejandro. Es el último de los siete asesinados desde el 2014 en Ucayali. Foto: Fenacoca

Asimismo, hace dos semanas, el también cacataibo Yenes Río Bonsano, de la comunidad de Pueblo Nuevo, provincia de Padre Abad, también fue asesinado.

Y, el 22 de julio de 2020, ocurrió lo mismo con Santiago Vega Chota, otro cacataibo de la comunidad Sinchi Roca I, que apareció con un disparo en el corazón y las manos cortadas.

Estos tres crímenes de líderes indígenas en Ucayali se suman a los cuatro asesinatos ocurridos en 2014 en Saweto.

Entonces, las víctimas fueron Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.

Ellos habían denunciado el tráfico de madera en su comunidad Alto Tamaya Saweto.

Situación advertida

Lo más alarmante de la peligrosa situación que hoy vive Ucayali es que esta ha venido siendo advertida sin que el Estado reaccione como debería.

En mayo de 2017, el periodista y experto en temas amazónicos, Roger Rumrrill, ya alertaba en una entrevista con Servindi del panorama que le esperaba a Ucayali.

“Tengo la impresión de que en el próximo quinquenio el nuevo epicentro del narcotráfico en el Perú, en la Amazonía, va a ser Ucayali”, dijo entonces.

Su advertencia, basada en un análisis del debilitado sistema agrario en la región, no tardó mucho en concretarse.

Ya en abril de 2020, el portal de investigación InSight Crime daba cuenta de que Ucayali se había convertido en la nueva puerta de exportación de cocaína en Perú.
 

El avance del narcotráfico en Ucayali ha puesto en extrema vulnerabilidad a los indígenas de la región. Foto: Ernesto Cabral/Ojo-Publico

Y en octubre de ese año, el consultor en temas socioambientales situado en Ucayali, Ivan Brehaut, confirmó lo que para entonces las comunidades también habían alertado.

“Ucayali es una región que está a punto de convertirse, si no lo es ya, en un enclave del narcotráfico”, escribió Brehaut en un artículo publicado por Servindi.

Esta situación motivó a Servindi a volver a insistir en el tema, por lo que el 9 de octubre se publicó un informe titulado: “Narcotráfico: una amenaza creciente para los indígenas de Ucayali”.

Allí se recopilaron testimonios de líderes indígenas y reportes de los últimos meses que confirmaban que Ucayali se había convertido en un punto estratégico para el narcotráfico en Perú.

Y, además, se hizo hincapié en la necesidad de que el Estado peruano ofrezca protección efectiva a los dirigentes indígenas que venían siendo amenazados por rechazar esta actividad ilegal.

“Las comunidades indígenas en esta región, cercadas cada vez más por invasores que siembran hoja de coca en sus territorios, padecen la situación”, relatamos entonces.

Indígenas pedían protección

Por su parte, los líderes indígenas de esta región se encargaron de recordarle y advertirle al Estado la vulnerabilidad a la que estaban expuestos.

Así, por ejemplo, en octubre de 2020, se presentaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde también participó una comitiva del Estado.

Allí alertaron que las mafias del narcotráfico y otras actividades ilegales se habían instalado en sus tierras y que necesitaban protección efectiva porque venían siendo amenazados de muerte.

Unos meses después, en diciembre —y ante la necesidad de seguir buscando protección— una comitiva de líderes indígenas llegó hasta Lima, la capital peruana, a pesar de la pandemia alarmados por las amenazas recibidas.

Sostuvieron una serie de reuniones de “alto nivel” con funcionarios del Ejecutivo, el Congreso, la Procuraduría y la Fiscalía, donde volvieron a insistir: necesitamos protección.
 

Líderes indígenas llegaron a Lima en diciembre de 2020 para pedir protección ante amenazas de mafias ligadas a actividades ilegales. Foto: El Comercio/Hugo Pérez

Los asesinatos en plena pandemia y el más reciente, ocurrido hace unos días, indican que nada cambió desde el Estado y que la indiferencia sigue siendo la misma o aún peor.

Como ha dicho en un reciente comunicado la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU): "Frente al avance impune del narcotráfico: ¿Por qué han abandonado tan brutalmente la Amazonía? ¿Esta actitud es solo indiferencia o complicidad?", se pregunta ORAU.

El último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Perú, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es de 2017.

Y en él, además, no se consignan acciones o una estrategia desde el Estado para enfrentar el avance del narcotráfico en Ucayali.

¿Cuántas muertes más necesita el Estado para recién reaccionar? ¿Qué debe ocurrir para que entiendan que su indiferencia también puede ser mortal?

Ante el último asesinato, la ORAU pide al Estado peruano que declare en emergencia la región Ucayali y la provincia de Puerto Inca, en Huánuco.

Además, le exige —como lo ha hecho en anteriores ocasiones— que desactive las bandas criminales ligadas al narcotráfico.

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Comentarios

Y Roger Rumrrill no se equivocó, después de haber cuadriculado la zona sierra y entregado las concesiones mineras , ahora le toca a la Amazonía con la tala ilegal, la minería, la agroindustria, la extracción de petróleo, el narcotráfico. La pandemia ha sido una buena pantalla para seguir saqueando y asesinando en toda impunidad

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