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Convenios PNP-Mineras deslegitiman función policial

Servindi, 19 de febrero, 2019.- Los convenios para la prestación de servicios policiales extraordinarios son inconstitucionales e inconvencionales y además deslegitiman la función policial.

A tal conclusión arribó un informe que analizó los convenios entre las empresas mineras y la policía, que privatizan el orden interno, y son una de las piezas para la criminalización de la protesta en Perú.

El documento se titula: Informe: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho.

Fue elaborado por el Instituto de Defensa Leg.al (IDL), Earthrights international y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y presentado el martes 19 de febrero.

En resumen, se trata de la privatización de la función policial en favor de unos pocos y en perjuicio de muchos, especialmente indígenas y campesinos, advirtió el abogado Ruiz Molleda, miembro del equipo de investigación.

Llos convenios deslegitiman la función policial porque representan la "privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad".

El documento también cuestiona la Sexta Disposición Complementaria de la Ley de la Policía Nacional del Perú y las demás normas que consienten la suscripción de los convenios.

Descargue el informe completo con un clic en el siguiente enlace y lea las conclusiones a continuación:

 

Conclusiones

La sistematización y análisis de los convenios para la prestación de servicios policiales extraordinarios, así como del marco legal que los consiente, nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

  • El Estado peruano desconoce sus obligaciones internacionales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH, en tanto que, los convenios de servicio policial extraordinario perturban el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas que habitan en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos. Esto devela una falta de adecuación de las normas internas a la luz de la CADH, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad del pleno ejercicio de derechos.
  • Los convenios para la prestación de servicios policiales extraordinarios son inconstitucionales e inconvencionales. También lo son la Sexta Disposición Complementaria de la Ley de la Policía Nacional del Perú y las demás normas que consienten la suscripción de los convenios. Esto, pues su diseño y aplicación amenazan derechos humanos, reconocidos a nivel interno e internacional, así como la propia función policial. Es así como se quiebran los valores y principios de un Estado democrático y constitucional de Derecho, así como las bases del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  • En efecto, los convenios deslegitiman la función policial. Las razones son múltiples, pues para empezar representan la privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad. Esta situación se gráfica, por ejemplo, en el uso inadecuado de los símbolos y distintivos policiales (uniforme y armamento), lo que afecta la identidad institucional y la percepción ciudadana.
  • Asimismo, los convenios se han convertido en una herramienta ilegítima contra la movilización social y en particular contra la protesta. Estos hacen parte de un marco institucional creado a favor de las empresas, que además devienen en un clima de tensión y violencia. No es casual que muchas de las violaciones a los derechos humanos durante los últimos años en un contexto de elevada conflictividad socioambiental hayan ocurrido en regiones como Cajamarca, Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, en zonas tradicionalmente mineras o hidrocarburíferas.
  • Del análisis cuantitativo de 138 convenios, suscritos por la Policía Nacional y empresas extractivas, se han identificado casos de posibles conflictos de interés, especialmente en las autoridades policiales. Esto les resta autonomía e imparcialidad y deslegitima la función policial a cambio de favorecer intereses personales.
  • Los convenios tienen por objeto proteger el patrimonio e intereses económicos de las empresas extractivas. El problema, sin embargo, es que para ello se les otorga un trato diferenciado y privilegiado, donde las poblaciones locales sufren las consecuencias y el costo social cuando ocurren violaciones a los derechos humanos por el abuso de la fuerza policial.
  • También se detectó que la cantidad de efectivos policiales para los convenios y su situación laboral no son delimitadas por convenios, sino por la capacidad económica de la empresa, pues son ellos quienes pueden discrecionalmente incrementar la cantidad de efectivos policiales a su disposición.
  • Por último, los convenios quiebran las obligaciones que deben asumir también las empresas, muchas de ellas multinacionales, en el marco de la responsabilidad social empresarial y el Derecho Internacional. La protección de sus instalaciones y personal pueden conseguirse sin recurrir a la Policía Nacional, a fin de garantizar un clima de paz y una relación respetuosa con las poblaciones locales.

 

 

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Comentarios

Muy importante que se fundamente por qué tales convenios entre la policía y las empresas mineras o extractivas son inconstitucionales. Y es bueno que el IDL haga ese deslinde porque los ministros del interior que salieron de dicha institución firmaron tales convenios, como Basombrío, quien antes de dejar el cargo, firmó una Resolución ministerial autorizando la firma del convenio entre la policía y la empresa minera Yanacocha. Esta empresa, como sabemos, es la más grande de oro de Sudamérica y planea secar todo un sistema hídrico en 3 provincias, lo que afecta a las rondas y comunidades campesinas de 3 provincias de Cajamarca. Basombrío renunció manifestando que él, por tener una posición a favor de los DH y la democracia, estaba en desacuerdo con el indulto a Fujimori, sin embargo no le pareció que vulneraba los DH renovar e convenio entre Policía y la empresa minera Yanacocha a pesar de que la Medida Cautelar que la CIDH otorgó a favor de alrededor de 50 ronderos/as,, da cuenta de acciones de fuerza por parte de la policía contra ronderos que defendían las lagunasl. Aquí la resolución firmada por Basombrío: https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/1003-2017-IN%20%28%20Apr...

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