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Perú: Comunicadores indígenas del norte responden al "perro del hortelano" y denuncian alcances de proyecto 1770

Encuentro Macro Norte de Comunicadores Indigenas y Rurales, foto Servindi

El Encuentro Macro Regional Norte de Comunicadores Indígenas del Perú suscribió una declaración en la que señalan que los calificativos empleados por el Presidente Alan García son "denigrantes" para las comunidades campesinas y nativas, los defensores del medio ambiente y todos los que cuestionan la política entreguista y destructiva de los recursos naturales.

Encuentro Macro Norte de Comunicadores Indigenas y Rurales, foto Servindi

Mario Palacios, Pdte. de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Moisés Flores, Pdte. de la Red de Comunicadores Indíigenas del Perú (REDCIP), Marcial Quintana, dirigente REDCIP y Rodolfo Aquino de Radio Cutivalú

Los comunicadores exigieron al gobierno respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas "contemplados en instrumentos internacionales, como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".

Reiteraron que el Estado debe respetar de manera irrestricta el derecho de los pueblos a determinar libremente "su modelo de desarrollo" y el "derecho a la consulta y al consentimiento, previo, libre e informado" en las decisiones de estado que los afecte.

Los comunicadores también se pronunciaron sobre el proyecto de ley 1770 presentado por el gobierno para otorgar facultades al COFOPRI sanear física y legalmente las tierras rurales y eriazas. Esta iniciativa pretende dejar en suspenso las normas vigentes, y su finalidad es subastar las tierras sin cultivo a los inversionistas privados y transnacionales.

La Declaración de Lambayeque señala que esta iniciativa "se ha presentado sin consulta ni participación de las organizaciones campesinas e indígenas del país y pone en riesgo sus derechos de posesión y propiedad".

El cónclave norteño acordó rechazar el entreguismo del proyecto de ley 1770 y pedir al Congreso de la República su "archivamiento definitivo, tal como lo hiciera con el proyecto de ley 1640 que intentaba declarar de interés nacional veinte proyectos mineros, por ser lesivos a las comunidades campesinas e indígenas".

La Declaración de Lambayeque se pronunció además sobre un conjunto de problemas de actualidad como la criminalización de los lideres comunales ambientales, la intimidación de los periodistas independientes, la ley de radio y televisión y diversos conflictos actuales.

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Declaración de los Comunicadores Indígenas y Rurales de la Macro Región Norte - Declaración de Lambayeque

Chiclayo, 10 de noviembre de 2007

Los abajo suscritos, comunicadores indígenas y rurales reunidos en el Encuentro Macro Regional Norte de Comunicadores Indígenas y Rurales realizado en la ciudad de Chiclayo del 8 al 10 de noviembre de 2007, luego de deliberar sobre diversos asuntos locales, nacionales e internacionales, de interés de los pueblos y comunidades indígenas y de la sociedad en general, hemos llegado a las siguientes conclusiones y propuestas:

Proyecto de Ley 1770

Considerando:

Que el gobierno de Alan García Pérez ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley, con el número 1770, mediante el cual otorga facultades al COFOPRI para impulsar el proceso de saneamiento físico legal de las tierras rurales y eriazas dejando en suspenso la normatividad vigente, con la finalidad de subastarlas a los inversionistas privados y transnacionales.

Que esta iniciativa legal se ha presentado sin consulta ni participación de las organizaciones campesinas e indígenas del país y pone en riesgo sus derechos de posesión y propiedad.

Declaramos:

Rechazar el entreguismo a través del proyecto de ley 1770 y pedimos al Congreso de la República su archivamiento definitivo, tal como lo hiciera con el proyecto de ley 1640 que intentaba declarar de interés nacional veinte proyectos mineros, por ser lesivos a las comunidades campesinas e indígenas.

Sobre el artículo El síndrome del perro del hortelano

Considerando:

Que el Presidente Alan García Pérez escribió un artículo titulado El síndrome del perro del hortelano en el que se refiere despectivamente con calificativos denigrantes a las comunidades campesinas y nativas, defensores del medio ambiente y a todos los que cuestionan la política entreguista y destructiva de los recursos naturales.

Demandamos:

Exigir al Estado el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a la libre disponibilidad de su territorio, contemplados en los tratados internacionales, como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Exigir al Estado el respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas, entre otras normas que protegen los derechos de las comunidades, las áreas naturales protegidas, las zonas arqueológicas, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, entre otros.

Demandar el respeto irrestricto de los pueblos a la libre determinación de su modelo de desarrollo, al derecho a la consulta y al consentimiento, previo, libre e informado.

Sobre el caso Majaz

Considerando:

Que los distritos de Pacaipampa, Carmen de la Frontera y Ayabaca, en el Alto Piura, realizaron una consulta vecinal para manifestarse sobre la actividad minera de la empresa Majaz.

Demandamos:

Exigir el respeto a los resultados de la consulta vecinal en los distritos de Pacaipampa, Carmen de la Frontera y Ayabaca y el cese a los actos intimidatorios y procesos judiciales a las autoridades ediles, dirigentes comunales y ronderos que promovieron dicha consulta.

Sobre la concesión petrolera del Lote 116

Considerando:

Que el Estado ha entregado en concesión, sin consulta, el lote 116 para la explotación petrolera sobre el territorio del pueblo Awajún y Wampis, en el distrito del río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Que los pueblos de las cinco cuencas hidrográficas, reunidos en la Cumbre Interregional de Amazonas, Cajamarca y Loreto, liderados por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN), han rechazado por unanimidad dicha concesión por atentar contra el ambiente y los recursos naturales de la amazonía, teniendo como antecedente la grave destrucción de la cuenca del Río Corrientes.

Demandamos:

Pedir el respeto a los resultados de la Cumbre de los Pueblos Indígenas Awajún y Wampis que acordó el rechazo a la concesión del lote petrolero 116.

Sobre el Acta de Dorissa

Considerando:

Que el Estado asumió compromisos (Acta de Dorissa) específicos con el pueblo Achuar del Río Corrientes, sin embargo hasta la fecha no los ha cumplido en su totalidad, dejando postergadas y abandonadas a las comunidades de esta cuenca, afectados desde más de tres décadas por la contaminación petrolera.

Demandamos:

Pedir al gobierno atención y cumplimiento al Acta de Dorissa y no defraudar nuevamente a las comunidades Achuar del Río Corrientes.

Sobre invasión a la Comunidad Nativa Los Naranjos

Considerando:

Que la Comunidad Nativa Los Naranjos, ubicada en el distrito San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, Región Cajamarca viene sufriendo la invasión de colonos quienes se vienen apoderando del territorio indígena en el sector San Pedro.

Que dicha comunidad sufrió el año 2002 invasiones ilegales en la zona denominada Flor de la Frontera y que ocasionó enfrentamientos y muertes, hecho conocido a nivel nacional e internacional.

Que además de lo anterior existen empresas mineras que intentan ingresar al territorio comunal dirigiéndose de manera particular a las familias indígenas, sin respetar a las autoridades comunales y organizaciones regionales lo cual viene generando división y conflictos en la comunidad.

Demandamos:

Que las autoridades brinden las debidas garantías a la integridad del territorio de la Comunidad Los Naranjas a fin de prevenir mayores conflictos sociales. Asimismo que el Ministerio de Energía y Minas informe a la comunidad acerca de los expedientes de solicitud de concesiones mineras en proceso sobre y que se abstenga de otorgar concesiones sobre el territorio de la comunidad sin consultarla de manera adecuada.

Sobre los Pueblos Indígenas en aislamiento

Considerando:

Que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) viene impulsando una campaña nacional e internacional para el reconocimiento y respeto de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial y se rechacen las concesiones de madereras, gas y petróleo sobre las áreas donde ellos se ubican y que los colocan en una situación de grave y extrema vulnerabilidad.

Demandamos:

Pedir al estado peruano se tome en consideración las demandas de protección de los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial y se anulen las concesiones sobre los territorios donde ellos se encuentran y que ponen en grave peligro su existencia.

Sobre las concesiones en la región San Martín

Considerando:

Que regiones del bosque tropical de la Región San Martín vienen siendo concesionadas a empresas madereras y petroleras que vienen afectando la zona de conservación y protección Bosque Cerro Escalera.

Que el Frente de Defensa de los Intereses de la Región San Martín (FRESIDES) y el gobierno regional han expresado multitudinariamente su rechazo a las industrias extractivas que ponen en riesgo la ecología y en especial los recursos hídricos de la región.

Demandamos:

Pedir que el estado preste la debida atención a las demandas de los pueblos, comunidades y ciudadanía de la región San Martín, se promuevan políticas de ordenamiento territorial y se respeten las políticas de conservación ambiental en concertación con la ciudadanía.

Sobre el Caso Cañaris e Incahuasi

Considerando:

Que los pueblos de Cañaris e Incahuasi, ubicados en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque han visto afectados sus territorios por denuncios y concesiones mineras otorgados de manera inconsulta en favor de Minera Milenium - Oro Candente y Peñoles, dañando su propio modelo de desarrollo basado en la agroecología, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Demandamos:

Pedir el respeto de los derechos de los pueblos Cañaris e Incahuasi a elegir su propio modelo de desarrollo basado en la agroecología y anular los denuncios y las concesiones mineras otorgados sobre su territorio de manera inconsulta.

Sobre la persecución de dirigentes

Considerando:

Que instituciones del Estado como el Poder Judicial y el Ministerio Público, en complicidad con las empresas mineras, madereras y de hidrocarburos vienen criminalizando la protesta social y enjuician a líderes comunales que defienden el medio ambiente y los recursos naturales.

Que el sistema judicial actual muestra graves índices de corrupción y contubernio con las empresas transnacionales y no garantiza el ejercicio de las libertades ciudadanas y la justicia estando en la actualidad más de 600 líderes comunales procesados judicialmente y otros muchos detenidos de manera arbitraria.

Demandamos:

Pedir la liberación de líderes comunales detenidos y el cese de la persecución a dirigentes campesinos, indígenas y ambientales de Cajamarca, Piura, Lambayeque, Amazonas, Ancash y otras regiones, que luchan por la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente.

Pedir la inmediata libertad de Mercedes Saucedo Ríos, Presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de la Comunidad Indígena Michiquillay, distrito La Encañada, provincia y región Cajamarca, quién se halla recluido en el penal de máxima seguridad de Huacariz desde el 17 de octubre por defender a su comunidad de la invasión minera.

Sobre la trágica muerte del alcalde ambientalista de Pulán

Considerando:

Que Salatiel Romero Malca, antropólogo y alcalde del distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, región Cajamarca sufrió una trágica muerte el 25 de junio de 2007 de una manera extraña luego de un accidente al caer su camioneta a un abismo. Lo extraño de este caso es que el alcalde encabezaba la oposición al proyecto minero La Zanja, y cuando trasladaban a los heridos al hospital personal de Yanacocha custodió la clínica impidiendo el acceso a la prensa.

Demandamos:

Pedir el esclarecimiento de la muerte del Alcalde de Pulan, se determinen las causas reales del accidente que provocó su muerte y se sancionen a los responsables.

Amenazas a periodistas y comunicadores

Considerando:

Que los periodistas y comunicadores independientes que defienden a las comunidades, el medio ambiente y los recursos naturales sufren actualmente diversos tipos de amenazas, presiones y persecuciones en el ejercicio de su labor por parte de diversos agentes privados y además, presuntamente paramilitares.

Demandamos:

Pedir al Estado que se investiguen las acciones de intimidación que sobre los periodistas y comunicadores ejercen grupos desconocidos, y se les brinden garantías personales a su integridad y a la de sus familiares.

Biocombustibles

Considerando:

Que la empresa azucarera Cayaltí fue intervenida por el gobierno regional de Lambayeque a cargo del Dr. Yehude Simons Munaro ofreciendo un fideicomiso para reflotar el sector azucarero mediante la inversión privada. Luego de cinco años se ha cambiado el ofrecimiento por la promesa de instalar una planta de etanol, que traería como consecuencia la falta de producción de azúcar doméstica y el encarecimiento de este producto, para favorecer la exportación de combustible para el mercado norteamericano.

Demandamos:

Exigir que se instale una planta procesadora de azúcar como originalmente se ofreció al pueblo de Cayaltí y se respete el abastecimiento al consumo humano del azúcar a nivel regional y nacional.

Exigir se informe los estados financieros de las acciones de los trabajadores y la reposición de quienes fueron despedidos arbitrariamente por la actual administración.

Exigir se evalúen los impactos de los biocombustibles en la agricultura para el consumo humano y la seguridad alimentaria antes de alentar políticas que sustituyan las tierras agrícolas para el consumo.

Sobre la Ley de Radio y Televisión

Considerando:

Que la Ley de Radio y Televisión reconoce la modalidad de radios comunitarias pero que en su reglamento no las desarrolla ni promueve a tal punto que actualmente no existe ninguna radio comunitaria reconocida legalmente.

Que el Estado no tiene voluntad política de promover las radios comunitarias, no actualiza el Plan Nacional de Frecuencias (mapa de frecuencias) en zonas rurales, centraliza y burocratiza los trámites dificultando la gestión y colocando en la ilegalidad a miles de radios comunitarias que son consideradas piratas o ilegales a pesar de su expreso deseo de acceder a la legalidad.

Que el gobierno de Alejandro Toledo al término de su mandato aprobó una ley que modifica el Código Penal y sanciona como hurto agravado el uso sin licencia del espectro radioeléctrico, y amenaza con castigar hasta con 12 años de prisión a los responsables de las radioemisoras, mal consideradas piratas.

Declaramos:

La REDCIP respalda la propuesta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sede Perú, de convocar y conformar una gran alianza interinstitucional en favor del desarrollo de las radios comunitarias y emprender, en coordinación con otras redes y asociaciones, acciones de incidencia pública y mediática, para hacer cumplir lo que ordena la ley de Radio y Televisión y modificar el reglamento de la mencionada ley.

Demandamos:

Exigir al Estado crear un marco normativo promocional especial para el fomento de la Radio y la Televisión Comunitaria, tomando en consideración la legislación de otros países que han dispuesto normas favorables para las radios comunitarias.

Pedir se brinden facilidades, se simplifiquen los requisitos y se descentralicen los procedimientos para el reconocimiento de las radios comunitarias las cuales deben basarse fundamentalmente en la licencia social otorgada por las comunidades a las cuales sirve.

Pedir que mientras el Estado no cumpla con actualizar el Plan Nacional de Frecuencias (mapa de frecuencias) en las áreas rurales y se generen las condiciones adecuadas para el reconocimiento y legalización de las radios comunitarias, se exonere a éstas de las licencias para operar o, en su defecto, se les expida una licencia provisional.

Pedir al Congreso de la República derogar la ley que modifica el Código Penal, en la parte que califica como hurto agravado el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, que amenaza con castigar hasta con 12 años de prisión a los responsables de las radioemisoras consideradas piratas. Este tipo de medidas punitivas no ayudan a solucionar el problema de la informalidad en la radiodifusión y constituye un atropello al ejercicio del derecho a la comunicación y la libertad de expresión.

Chiaclayo, 10 de noviembre de 2007

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Comentarios

MI UMILDE COMENTARIO AL RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY Y A LO QUE DIJO EL GOBIERNO "PERRO DEL ORTELANO"
PARQ QUE EL GOBIERNO ENTIENDA, ES QUE NUESTRAS TIERRAS O LA MADRE TIERRA NUESTRO PACHAMAMA NO ES PARA EXPLOTARLA DE MANERA DESCRIMINADA, NUESTRAS TIERRAS LA TRABAJAMOS CON CARIÑO CON RESPETO CON ADMIRACION Y LOS RECURSOS QUE ELLA NOS BRINDA LO EXTRAEMOS CON BASTANTE CARIÑO, POR QUE ELLA LA MADRE TIERRA NOS DA LA VIDA, NOS DA EL ALIMENTO NOS AMAMANTA A TODO SUS HIJOS SI LA MADRE TIERRA NO PRODUCIERA NO HABRIA VIDA EN ESTE PLANETA.
OTRA DE LAS COSAS NO SABEMOS CUALES SON LOS INTERESES DEL GOBIERNO QUE HA TODO TRANSE QUIERE VENDER NUESTRAS RIQUESAS AL EXTRANJERO Y SIEMPRE HABLA DEL CAPITAL EXTRANGERO (OJO) NUESTROS PUEBLOS NO VIVEN DE CAPITALES EXTRANGEROS NUESTROS PUEBLOS VIVEN DE LA RIQUEZA DE LA NATURALEZA HERMANOS SI EL CAPITAL EXTRANGERO TRAE A SU GENTE PARA DAR TRABAJO Y NO PAGA IMPUESTOS NI EL PORCENTAJE AL ESTADO PERUANO DE QUE NOS SIRVE EL CAPITAL EXTRANJERO, SI TODO EL RECURSO Y EL PRESUPUESTO SE LO LLEVA FUERA DEL PAIS DE NADA SIRVE EL CAPITAL EXTRANGERO, NO PERMITAMOS VIVIR DE LIMOSNAS DE LOS TURISTA NI VENDAMOS NUESTRA CULTURA, SEÑOR GOBIERNO PORQUE NO HACE DE QUE EL CAPITALISTA EXTRANGERO PAGUE SU PORCENTAJE DE INGRESO POR LO MENOS EL 80% PARA EL PAIS Y QUE SE QUEDE CON EL 20%, Y NO COMO ES AHORA SE LO LLEVA EL 100% DE SUS INGRESOS Y ADEMAS NO PAGA IMPUESTOS Y SI PAGA PAGA PREVENDAS AL GOBIERNO DE TURNO, ES POR ESO QUE QUIERE VENDER IGUAL QUE FUJIMORI A VENDIDO NUESTRAS EMPRESAS AL EXTRANGERO Y LAS TIERRAS ERIASAS QUIERE DAR IGUAL QUE FUJIMORI A SU GENTE ALIADA PARA HACER EMPRESAS A COSTA DE NUESTRO RECURSO Y NUESTRO PRESUPUESTO, ALGO MAS LA COFOPRI TIENE UNA TAREA EN LAS TIERRAS RURALES Y URBANAS, ES HACER UN LISTADO DE PROPIEDADES MUY AMAÑADA EN DONDE QUIERE DESPOJAR A LAS COMUNIDADES NATIVAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS QUE NO TIENES EXACTO SUS DOCUMENTOS Y CON ESE CUENTO QUEIRE DESPOJAR Y PONER IMPUESTO A LOS MAS POBRES CON ESE PAGO DE SI LA PROPIEDAD DE UN PERUANO PASA UNA UIT PAGARA SU IMPUESTO DEL 19% AL ESTADO POR ESO HERMANOS NO PODEMOS PERMITIR QUE ESA LEY SE APRUEVE

RESPETO A NUESTRAS TIERRAS, RESPETO NUESTRA IDENTIDAD Y RESPETO A LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

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