Autoritarismo en Francia contra ambientalistas

Servindi, 29 de junio, 2023.- En lugar de encontrar respuestas reales a la crisis ambiental, social y democrática, el gobierno francés opta por encarcelar a activistas y prohibir movimientos críticos con el modelo agroindustrial extractivista.

Así lo denuncia el movimiento internacional Vía Campesina y la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) quienes expresan su consternación ante la deriva autoritaria del gobierno en Francia.

La denuncia se produce ante la disolución del movimiento Les Soulèvements de la Terre (Levantamientos de la Tierra) decretado por el gobierno francés el 21 de junio.

A ello se agrega que el 28 de junio, dos sindicalistas campesinos de la Confédération Paysanne, Nicolas Girod y Benoît Jaunet, junto con Julien LeGuet, portavoz del colectivo Bassines non merci, fueron detenidos por la policía.

Si bien fueron luego liberados recibieron citaciones judiciales para setiembre.

La Vía Campesina y ECVC consideran estos actos de represión como inaceptables e injustas, generando un precedente perjudicial y buscando intimidar a todos los defensores de los derechos fundamentales.

En este contexto, se teme que la FNSEA, un sindicato de agricultores franceses, pida la disolución de La Confédération Paysanne, organización que defiende la agricultura campesina y a sus trabajadores.

Apoyo a Levantamientos de la Tierra

De igual modo, La Vía Campesina y la ECVC expresan su apoyo al movimiento «Les Soulèvements de la Terre» que convoca y moviliza a decenas de miles de jóvenes por un reparto justo de la tierra y el agua.

En tal sentido, piden a Francia cesar sus violaciones de los derechos humanos, y en particular de los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

Llaman a sus organizaciones miembros y aliadas a enviar cartas a las embajadas francesas y al gobierno francés y organizar concentraciones frente a las embajadas francesas.

El llamado de Vía Campesina y ECVC se suma al pedido efectuado por la ONG Human Rights Watch (HRW) que exigió el jueves al Gobierno francés revertir la ilegalización de la organización Levantamientos de la Tierra.

La decisión de las autoridades francesas de disolver un grupo ambientalista parece totalmente desproporcionada y viola las obligaciones de Francia en virtud del derecho internacional, señaló Human Rights Watch.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, confirmó el 21 de junio la disolución de Collectif Les Soulèvements de la Terre (El Colectivo de los Levantamientos de la Tierra)alegando que el grupo incitó a la violencia durante las protestas del 25 de marzo.

La protesta del 25 de marzo

La movilización del 25 de marzo se efectuó en Sainte-Soline, al oeste de Francia, contra la construcción de un depósito gigante de agua bombeada de la capa freática subterránea.

La obra perjudicaría a los pequeños agricultores y al ecosistema y el depósito beneficiaría principalmente a los grupos de la agricultura industrial.

Según The Guardian, alrededor de 5 000 manifestantes lucharon con más de 3 000 policías. Dos manifestantes quedaron en coma, mientras que alrededor de 30 oficiales resultaron heridos.

Vulneración de derechos

“La disolución de una organización independiente socava el activismo legal y tendrá un grave efecto paralizante en los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, dijo Eva Cosse, investigadora sénior sobre Europa de Human Rights Watch. 

“En lugar de disolver los grupos ambientalistas, el gobierno debería cumplir con su compromiso de proteger el medio ambiente e investigar las preocupaciones que plantean estos grupos”.

Las autoridades francesas deberían deshacer la disolución de Collectif Les Soulèvements de la Terre, señaló Human Rights Watch. 

Si el gobierno tiene pruebas de incitación a la violencia, puede enjuiciar con justicia a las personas responsables, indicaron.

El gobierno de Francia tiene la obligación según el derecho internacional de respetar, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. 

Estos derechos están interconectados y son fundamentales en una sociedad democrática. Si bien no son absolutas, cualquier restricción debe ser tanto necesaria como proporcional a un propósito legítimo previsto. También deben ser la opción menos restrictiva disponible.

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Comentarios (1)
Andrew Andrewson (no verificado) Sáb, 01/07/2023 - 02:10

No sólo en Francia! En Nicaragua el régimen cerró más de 3,000 ONG, muchísimas ambientalistas, feministas, campesinas, sociales. Al mismo tiempo avanza la permisividad en asuntos de destrucción del medio ambiente, el extractivismo (oro, entre otro), la toma ilegal de tierras protegidas y la impunidad y falta de protección, cuando colonos atacan a pueblos indígenas, asesinando y quemando casas, para tomarse las tierras ancestrales de ellos y ellas.

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