Desde el inicio de actividades del Proyecto Camisea, las comunidades nativas y organizaciones vinculadas al gasoducto construido por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), han sido sistemáticamente maltratadas y vulneradas en sus derechos. Las faltas ambientales cometidas por TGP y sus contratistas, reportadas por diversas fuentes, gubernamentales y no gubernamentales constituyen una corta muestra del desempeño ambiental de la empresa. Esta empresa ha sido sancionada con el pago de importantes sumas de dinero por el Estado a través de OSINERG en tres ocasiones, pero que nunca ha pagado una sola multa usando maniobras legales dilatorias.
El gasoducto construido por TGP ha tenido 4 fallas reportadas en un menos de 2 años de operación, y sin distar un año entre la primera y última falla reportada, lo cual ha generado alarma y serios cuestionamientos a la empresa. TGP ha respondido diciendo que estas fallas son comunes en un gasoducto que recién empieza a operar y que se esperan otras fallas hasta que las estructuras del gasoducto se estabilicen.
La última rotura del gasoducto de Camisea, ocurrida el 24 de noviembre del 2005 dentro de la Reserva Comunal Machiguenga, generó el segundo derrame más grande de hidrocarburos en la amazonía peruana, y afectó directamente las aguas del río Picha, la fauna y flora acuática, y a la población machiguenga de las comunidades cercanas.
TGP manifiesta que detectó la falla del gasoducto a las 4:54 am del día 24, y que a las 5:03 am se paró el bombeo de gas. La falla fue detectada a las 2 de tarde, y está ubicada a 30 kilómetros de la CN Camaná.
Al poco tiempo de la rotura, la mañana del 24, los pobladores de las comunidades nativas machiguengas Camaná, Mayapo y Puerto Huallana, observaron como los peces nadaban rápidamente río abajo escapando de la contaminación, y luego sintieron un fuerte olor a hidrocarburos en el agua del río.
Las federaciones del Urubamba no fueron notificadas del derrame. COMARU, CECONAMA y FECONAYY recibieron la noticia de los medios de comunicación masiva y no de TGP. Las comunidades directamente afectadas recibieron la información de TGP y su contratista COGA más de 24 horas después de ocurrido el evento, o sea cuando el pico de contaminación y riesgo ya había pasado, el día 25 por la mañana. Ninguna medida de contingencia para reducir el riesgo de afectación de la salud de la población fue desarrollada por la empresa ni por el Estado.
Reportes del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba (PMAC-BU), que opera en las comunidades vinculadas a Lote 88 y 56, tomados en el campo dos días después del derrame dan cuenta de los efectos sobre la fauna y la población machiguenga. El reporte del PMAC Alto Urubamba, manejado por Pronaturaleza para TGP, reportó los efectos del evento el día 9 de diciembre y ambas coinciden en señalar efectos nocivos sobre la salud de la población.
Varias personas resultaron intoxicadas del consumo del agua del río Picha y de peces extraídos del río antes de que fueran evidentes los efectos del derrame. Un niño de la comunidad Nativa de Nueva Vida sufrió quemaduras de segundo grado presuntamente por contacto con agua contaminada y se dispone información preliminar de por lo menos otras dos personas con lesiones similares.
El apoyo médico a la zona llegó recién cuatro días después y como resultado de la acción del PMAC-BU y de la Misión Dominica ubicada en la CN Kirigueti, donde también se registraron enfermos y afectados. El Ministerio de Salud no cuenta con equipos médicos y medios para atender a la población en forma regular y menos aún en este tipo de emergencias. TGP no ha dado ningún apoyo a los afectados ya que no se ha demostrado fehacientemente que la causa de sus dolencias sea el derrame del gasoducto.
El ente supervisor de las operaciones de hidrocarburos, OSINERG, recién se acercó a la zona del derrame (no llegó a Mayapo y Camaná, las más cercanas al incidente) cuatro días después de ocurrido el evento, no cumpliendo con su obligación de verificar los hechos y prevenir a la población.
Las comunidades nativas y sus federaciones, CECONAMA, COMARU y FECONAYY optaron a finales de noviembre paralizar el tráfico fluvial en el río Urubamba, para forzar a la empresa TGP y al Estado a dar respuesta a las causas del derrame y a las continuas fallas del gasoducto. El 12 de diciembre, las tres federaciones, representantes de las empresas Pluspetrol y TGP, así como miembros del Ministerio de Energía y Minas, gobiernos locales y del Cusco, se reunieron en el Bajo Urubamba para discutir los reclamos de las comunidades. En dicha ocasión, TGP se comprometió a indemnizar a las comunidades afectadas, en tanto demostraran los daños. Por otro lado, según dice el acta, TGP financiaría el estudio para la indemnización.
El día 2 de febrero, el Estado, las empresas y las federaciones se reunieron para discutir los avances sobre los acuerdos del 12 de diciembre. La posición de TGP es que las comunidades deben desarrollar una propuesta técnica para iniciar el proceso de compensación. Sin ella, no habrá negociación.
Ni las comunidades ni las federaciones poseen a la fecha ningún apoyo concreto para el desarrollo de la propuesta de indemnización. Las pruebas de los impactos ocurridos están siendo sistemáticamente desestimadas y los testimonios de la población no han sido recopilados y validados por personal calificado, ni del Ministerio de Salud ni de entes privados. Sin estos argumentos, el desarrollo de una indemnización justa para las comunidades del Urubamba no se dará.
Por otro lado, y con una importancia creciente, el Lote 57 -que se encuentra cercano a la zona del derrame- ha iniciado operaciones. Las comunidades nativas afiliadas a CECONAMA y otras comunidades han expresado su desconfianza y solicitan apoyo y orientación ante la entrada de la compañía Repsol, sin que tampoco ninguna institución concretamente brinde el apoyo necesario. La Central Asháninka de Río Tambo (CART) ha manifestado sus observaciones a los métodos con los que se desarrolla en EIA del Lote 57; sin embargo, la consultora encargada no ha implementado las mejoras solicitadas. La CN Tsoroja, ubicada en la margen derecha del río Tambo y aislada por su lejanía del río, es la sede de la nueva federación Caquinte que se opone fuertemente al ingreso de Repsol. Esta comunidad ha solicitado repetidamente la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la ONG ACPC, sin embargo, estas organizaciones no cuentan con los fondos para el desarrollo de la labor de asesoría a la comunidad, ni para iniciar una labor de incidencia que favorezca la posición asumida por Tsoroja.
Es importante conocer estos hechos e iniciar acciones coordinadas para apoyar a las comunidades frente a estas preocupantes situaciones.
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* Ivan Brehaut se desempeña hasta el mes de marzo como Coordinador del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba, para la Asociación Cutivireni - ACPC. Ha desarrollado consultorías para el diversas instituciones, empresas y el Estado, en temas de responsabilidad social e industrias extractivas, especialmente en los temas de hidrocarburos y minería. Es fundador de Nampitsi Grupo de Trabajo. ACPC es conciente de los retos crecientes en Selva Central y considera imperativo la constitución de alianzas con socios estratégicos en diversos temas. En ese sentido, y en plena coincidencia con Nampitsi, ha desarrollado un acuerdo marco con esta institución para la implementación de acciones conjuntas para la protección de los recursos y la población indígena más vulnerable de la región.
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