Nunca fuimos consultados, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. No avalaremos desintegración de la CAN ni mayor depredación de la Madre Tierra. Rechazamos apoyo de la UE a gobiernos violadores de derechos humanos.
Por Miguel Palacín*
Entre el 21 y el 25 de septiembre se realiza en Bruselas una nueva ronda de negociaciones entre dos países de la Comunidad Andina (CAN), Colombia y Perú, y la Unión Europea (UE). Una ronda que pretende ser la última, para dar paso a la firma de un tratado de libre comercio (TLC).
Los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones advertimos que no reconoceremos TLC alguno con la UE, porque su contenido, pese a afectar de manera directa nuestros derechos territoriales, sobre los bienes naturales y nuestros conocimientos colectivos, jamás fue consultado con nosotros, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ni siquiera hemos sido informados a lo largo de todo el proceso de negociación.
Un proceso de negociación no solo hecho a puertas cerradas sino que ha significado un grave atentado contra la integración andina. La Unión Europea y los gobiernos de Colombia y Perú son responsables de la disolución de la CAN. El aislamiento de Bolivia, por su posición soberana, y la salida de Ecuador de las negociaciones, muestran el entreguismo de los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García, y la inconsecuencia de la UE, que inicialmente aseguró que la negociación sería bloque a bloque para fortalecer la integración andina.
Rechazamos también, una vez más, la hipócrita postura de la UE, que habla de acuerdo de asociación y diálogo democrático, y privilegia el diálogo y los acuerdos con los gobiernos de Colombia y Perú, severamente cuestionados por su sistemática política de vulneración de los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, como lo ha confirmado el reciente examen y recomendaciones formuladas a esos Estados por el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, luego de los informes alternativos y denuncias presentadas por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ante la 75 Sesión de ese organismo (agosto 2009). En la práctica, las negociaciones del TLC significan el respaldo de la UE a la criminalización de la protesta y persecución a los dirigentes indígenas y populares.
Advertimos que un TLC con la UE traerá nuevos conflictos. En el Perú, los decretos legislativos para implementar el TLC con Estados Unidos, que arrasan con nuestros derechos, tuvieron como consecuencia la Masacre de Bagua del 5 de junio. Ese es el resultado de intentar imponer a sangre y fuego la destrucción de nuestras comunidades para favorecer el saqueo de los bienes naturales y la depredación de la Madre Tierra. Y la UE se sienta a dialogar y respalda al gobierno responsable de esa masacre.
Son las multinacionales europeas, junto con las norteamericanas, las mayores responsables del calentamiento global, y el TLC con la UE solo profundizaría este problema. Por ello, la CAOI, junto a un amplio conjunto de movimientos sociales de todo el mundo, instalará en octubre próximo el Tribunal de Justicia Climática (TJC), para juzgar éticamente a esas transnacionales y sus gobiernos cómplices, en camino a constituir una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Este TJC se instalará en el marco de la Minga Global por la Madre Tierra, una movilización mundial que se desarrollará en todo el mundo, del 12 al 16 de octubre.
Lima, 21 de septiembre de 2009.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
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