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Sociedad civil saluda visita del Relator Anaya y plantea temas de preocupación

- Inaplicación de la consulta previa, falta de institucionalidad, amenazas a pueblos vulnerables y criminalización de la protesta.

Servindi, 6 de diciembre, 2013.- La mayor coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú saludó la llegada de James Anaya, Relator de las Naciones Unidas, y planteó algunos temas de preocupación que afectan a los pueblos y comunidades indígenas en el país.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) observó que a dos años de promulgada la Ley de Consulta Previa "no se ha concluido ningún proceso de consulta" y por el contrario, se están elaborando un conjunto "de normas administrativas que desvirtúan este proceso".

Advierte, que la base de datos de pueblos indígenas excluye a las comunidades campesinas andinas y costeñas como sujetos de consulta previa, en la misma tendencia del artículo 7 de la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas que no es explícita al respecto, señalando vagamente que “pueden ser identificados” como tales.

Asimismo, señala la ausencia de una institucionalidad pública para pueblos indígenas que asegure el desarrollo de un efectivo "diálogo intercultural entre el Estado y los Pueblos Indígenas" y donde se puedan formular e implementar políticas y programas para su desarrollo.

Al respecto recordó la propuesta formulada por las organizaciones indígenas para crear un Ministerio que vea los temas de la agenda indígena así como la creación de una Comisión Especial Multisectorial de alto nivel, con las características de una comisión constituida durante el gobierno transitorio del Dr. Valentín Paniagua el 2001.

Sobre los pueblos en situación de aislamiento y en contacto inicial  (PIACI) la CNDDHH señaló que el Estado aún "no ha cumplido con generar e implementar las medidas de protección para las Reservas Territoriales dejando en indefensión la vida  y la salud de estos pueblos".

La situación se agrava con la superposición de actividades extractivas como el caso del proceso de ampliación del Estudio de Impacto Ambiental  del Programa de Desarrollo y Exploración del  Lote 88.

Finalmente, denuncia la criminalización de la protesta social y que se expresa en los numeros procesos de judicialización a dirigentes y defensores comunales, con "acusaciones infundadas y abusivas en el contexto de la conflictividad social".

De los 28 muertos en los conflictos sociales durante el actual gobierno casi la mitad son indígenas y se dieron en el marco de reivindicaciones relacionadas con la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Por último, llama la atención sobre los casos particulares de tres indígenas que desde el año 2009 están procesados y en prisión de manera irregular por los hechos del Baguazo.

A continuación el comunicado completo de la CNDDHH:

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ante la visita del Relatos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saluda la llegada al Perú del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de Pueblos Indígenas, James Anaya, a un país con una población donde cerca del  25% son indígenas. Con razón de su presencia, manifestamos los siguientes temas de preocupación.

1. En septiembre del 2011, todos aplaudimos la promulgación de la Ley de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (Ley 29785) como una medida certera para resolver el tema de la conflictividad social, dada la  presencia de un conjunto de proyectos extractivos sobre territorios indígenas (80% del territorio de la Amazonía y 24% de la zona andina se encuentra concesionada). Sin embargo, dos años después de promulgada la ley, no se ha concluido ningún proceso de consulta sobre este tema. Por el contrario, se están produciendo un conjunto de normas administrativas que desvirtúan este proceso. Además la reciente base de datos de los pueblos indígenas publicada no incorpora a las comunidades campesinas andinas y costeñas como sujetos de consulta previa. En ese sentido, la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en su artículo 7°, no es explícita en ello puesto que se limita a señalar que “pueden ser identificados” como tales, situación que se evidencia con la publicación de la citada base, donde las organizaciones de pueblos no se encuentran incluidas.

2. Igualmente, nos preocupa que hasta la fecha no exista una institucionalidad indígena donde pueda desarrollarse un diálogo intercultural entre el Estado y los Pueblos Indígenas, donde se puedan formular e implementar políticas y programas para su desarrollo. Una de las propuestas que han hecho llegar las organizaciones de Pueblos Indígenas es la creación de un Ministerio que vea los temas de la agenda indígena. Creemos que esto es muy importante, al igual que la creación de una  “Comisión Especial Multisectorial para las comunidades nativas”, similar a la que formuló el “Plan  de acción para los asuntos prioritarios” elaborado el 2001, durante el gobierno transitorio del Dr. Valentín Paniagua.

3. Respecto de los Pueblos en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial  (PIACI), observamos que a 23 años de la creación de la primera reserva para estos pueblos y a 7 años de la Ley y Reglamento PIACI, el Estado no ha cumplido con generar e implementar las medidas de protección para las Reservas Territoriales dejando en indefensión la vida  y la salud de estos pueblos. Esta situación se agrava con la superposición de actividades extractivas como el caso del proceso de ampliación del Estudio de Impacto Ambiental  del Programa de Desarrollo y Exploración del  Lote 88.

4. Otro tema particularmente grave para los pueblos indígenas es la criminalización que recae sobre sus líderes y defensores.  De los 28 muertos en los conflictos sociales durante el actual gobierno casi la mitad son indígenas y se dieron en el marco de reivindicaciones relacionadas con la vulneración de los derechos de los PPII. Por otro lado, se judicializa a los dirigentes y defensores con acusaciones  infundadas y abusivas en el contexto de la conflictividad social, con mandatos de detención que no respetan la excepcionalidad de estas medidas, traslados de competencia injustificados, entre otros problemas. Cabe mencionar los casos particulares de tres indígenas que desde el 2009 están procesados y en prisión de manera irregular por los hechos del Baguazo: consideramos urgente que ellos recobren su libertad.

Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora nacional de Derechos Humanos.

Lima, Viernes 5 de diciembre de 2013.

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