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Víctimas de la violencia aún no han recibido una atención adecuada e integral por parte del Estado

- Así lo sostiene nuevo Informe Defensorial presentado este mes.

Servindi, 26 de agosto, 2013.- El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, sostuvo que los esfuerzos emprendidos en los últimos diez años por el Estado para atender las secuelas de la violencia ocurrida durante los años 1980-2000 han sido importantes pero insuficientes y no han estado exentos de dificultades, demoras e, incluso, retrocesos.

Así lo señala el Informe Defensorial Nº 162 “A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso” presentado recientemente.

Este informe da cuenta del nivel de implementación de los programas del Plan Integral de Reparaciones (PIR), la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares, así como los avances y dificultades en materia de investigación y juzgamiento de las graves violaciones a derechos humanos.

Además, formula recomendaciones con el fin de contribuir a superar los obstáculos que aún afrontan estos procesos de cara a lograr que el Estado atienda de manera integral, adecuada y eficiente a todas las víctimas de la violencia.

En materia de reparaciones, de los siete programas creados, dos han experimentado diversos avances: reparaciones colectivas y económicas individuales.

En efecto, sólo 33 por ciento de las comunidades afectadas ha recibido reparación colectiva y 37 por ciento de beneficiarios ha recibido reparación económica individual.

Acceda al resumen ejecutivo con un clic en el siguiente enlace:

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Presentación

Han pasado más de 30 años desde que el grupo terrorista Sendero Luminoso dio inicio al período más violento, cruel y doloroso de nuestra historia republicana; y 10 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) expusiera al país una doble tragedia: por un lado, la del asesinato, la desaparición, la tortura de miles de personas y la destrucción de la propiedad pública y privada y, por otro, el de la indolencia y la indiferencia que imposibilitaron entender la magnitud de la tragedia.

El terrorismo continúa, hoy, acechando a nuestra democracia, y tenemos que combatirlo con todas las herramientas que nos brinda nuestro Estado de Derecho. Fueron miles las vidas que cobró la violencia entre la población civil, militar y policial. Son miles los huérfanos, desplazados y torturados que hasta hoy arrastran y padecen un cúmulo de secuelas. Por su parte, las comunidades campesinas y nativas aún bregan por salir del atraso y del trauma producto del horror senderista y de las graves violaciones de derechos humanos.

Frente a este panorama: ¿cuánto se ha hecho desde el Estado para reconocer y reparar el daño sufrido? El Informe Defensorial Nº 162, que hoy presentamos, da cuenta de los esfuerzos emprendidos con posterioridad a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como de las dificultades, avances y retrocesos del proceso de verdad, justicia y reparación en el país. Apostamos por generar una profunda, serena y responsable reflexión sobre las obligaciones y desafíos que como Estado mantenemos con las víctimas.

Este proceso reflexivo debe ser entendido como una condición fundamental para emprender un nuevo camino, seguramente complejo y sensible, pero indispensable para seguir avanzando en la construcción de una sociedad sólida en valores democráticos, inclusiva, y respetuosa de los derechos humanos, de cara a la tan ansiada reconciliación.

Hace cinco años, cuando presentamos un balance similar, señalamos que éramos una sociedad con múltiples conflictos sociales, demandas desatendidas y profundas desigualdades no solo económicas y sociales sino también raciales y culturales. Hoy, cuando el país experimenta avances significativos, se sigue apreciando en muchos lugares de nuestro país que todavía no tenemos una presencia sólida del Estado. En ese contexto, preocupa de manera especial que en estos últimos años ideas violentistas intenten nuevamente apoderarse de la mente de nuestros jóvenes; o que grupos de fachada de Sendero Luminoso, como el Movadef, pretendan ingresar a la vida política del país.

Ante ello, es importante vincular el ámbito educativo con la memoria colectiva, con el objeto de prevenir el surgimiento de grupos o movimientos que incorporen la violencia y el terrorismo como método, o que pretendan justificar el terror vivido en las décadas pasadas.

Como parte de nuestro mandato, hemos supervisado de manera permanente este proceso. Por ello, señalamos con firmeza que si bien se han dado avances importantes en los últimos 10 años, como la Ley que regula la ausencia por desaparición forzada, la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), el Registro Único de Víctimas, la implementación de los programas de reparaciones colectivas y económicas  individuales, el Lugar de la Memoria, entre otros, aún persisten serias dificultades y demoras, estancamientos e, incluso, en algunos casos, retrocesos en la atención a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia.

El presente documento hace un balance de estos 10 años. En el primer capítulo se informa de los avances, retrocesos y desafíos en la agenda de reparaciones; en el segundo se analiza, de manera detallada, la situación del proceso de judicialización, sus deficiencias y las limitaciones que enfrenta. Finalmente, el tercer capítulo aborda el drama de los desaparecidos, cuyos familiares permanecen hasta hoy en la incertidumbre y sin posibilidad de cerrar su proceso de duelo.

La conclusión general es que, luego de diez años, las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, en su gran mayoría pobres y ubicados en las zonas más alejadas, aún no han recibido una atención debida y oportuna del Estado.

El Informe formula un conjunto de recomendaciones a los diversos sectores involucrados en estas temáticas, con el propósito de contribuir a lograr cambios significativos que garanticen la restitución de los derechos de las víctimas, alcanzar justicia y reparación. Asimismo, es imperativo fortalecer una política pública de reparaciones, que involucre a todos los sectores del Estado, que respete los enfoques y criterios de la Ley que creó el PIR, y que cumpla con el objetivo de restablecer los lazos entre el Estado y este sector vulnerable de la población.

De igual forma, es necesario impulsar una reforma sustantiva frente a la problemática de las personas desaparecidas, a fin de que se defina una política pública que atienda esta situación de manera integral, en toda su dimensión y con todas sus aristas. El país no puede seguir olvidando y desconociendo a sus desaparecidos. Sus familias merecen una respuesta, y esta no puede esperar.

Este documento se enmarca en una fecha de especial importancia. Hace diez años, el 28 de agosto del 2003, la CVR entregó su Informe Final al país, detallando la tragedia de miles de familias y alcanzando múltiples propuestas para superar la violencia, que hasta el día de hoy no han sido atendidas en todos sus aspectos.

Como lo señaló la CVR, no puede existir duda alguna de que Sendero Luminoso fue el principal responsable de las muertes y destrucción en nuestro país; que ningún grupo terrorista debe tener cabida en nuestra democracia y juventud, y que la estrategia contrasubversiva del Estado no puede conllevar ni implicar la violación de los derechos humanos.

El Estado tiene una responsabilidad y obligación ante las víctimas, civiles, policías y militares, sus familiares y la sociedad en su conjunto: reparar, garantizar el acceso a justicia y el derecho a saber, así como fortalecer las políticas de memoria.

Junto con estos esfuerzos, debe aprobar e implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos, promover y fomentar el diálogo con la sociedad civil; impulsar reformas en salud, educación, justicia; prevenir los conflictos sociales; prevenir y sancionar la discriminación y el racismo. Ello demostrará que somos capaces de no repetir los graves errores del pasado.

No se trata de venganza ni de rencor sino de luchar contra la impunidad y el olvido, y garantizar a todas las víctimas reparaciones justas. Nada legitima más a la autoridad en una sociedad democrática que su celo permanente para garantizar el reconocimiento de los derechos del otro, construir un país inclusivo, justo y libre de toda forma de discriminación, impulsando los valores de igualdad, respeto y tolerancia. Ese es el camino que debemos seguir. Ese es el esfuerzo por el que todos debemos apostar.

Lima, agosto de 2013

Eduardo Vega Luna

Defensor del Pueblo (e)

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