Servindi, 2 de julio, 2012.- Hace algunas semanas una encuesta de Datum llevó al terreno de las cifras aquello que ya era evidente en cuanto al manejo de los conflictos sociales por parte del gobierno se refiere. Según la encuestadora el 43 por ciento de la población aprueba la gestión del presidente Ollanta Humala, esto significó una baja de 12 puntos respecto a mayo.
Sin embargo, hoy un nuevo sondeo esta vez de la encuestadora Idice, que se realizó entre el 22 y 27 de junio en 47 provincias del país, revela que solo el 39.9% aprueba la actual gestión del mandatario. El mismo sondeo señala que el 50.7% desaprueba la gestión de Humala Tasso.
Según los analistas la causa de los descensos registrados para este último mes tiene su origen en el mal manejo de los conflictos sociales, Conga en Cajamarca y Espinar en Cusco, y en el viraje que ha tenido con respecto a sus promesas electorales.
Datum reveló además en este sentido que para el 54% de los encuestados Ollanta Humala está haciendo un mal manejo de los conflictos sociales, mientras que para un 31% su desempeño en este tema es regular y solo para un 10% el manejo de estos conflictos es bueno.
Luego de conocerse estas cifras analistas políticos así como representantes de algunas encuestadoras no han dudado en señalar a Óscar Valdés, presidente del Consejo de Ministros, como principal responsable de que poblaciones que antes apoyaron a Ollanta Humala, principalmente provincias, se vuelvan hoy en su contra.
La responsabilidad de Humala
El manejo deficiente que hace el Gobierno de los conflictos sociales donde prima el autoritarismo por encima del diálogo ha sido percibido en otras latitudes.
La prestigiosa revista inglesa The Economist en un texto titulado “Expectativas frustradas” señala tras analizar los conflictos antimineros en Cajamarca y Cusco que Ollanta Humala tiene pocas ideas “sobre la manera de evitar conflictos, o la forma de solucionarlos cuando éstos estallan”.
Aquí en Lima el sociólogo Aldo Panfichi sostuvo ante La República que los últimos conflictos sociales han dejado la sensación de “mal manejo por ausencia”.
En esta misma línea se expresó el congresista Javier Diez Canseco (1) quien sostuvo sobre el caso de las protestas en Espinar que de los cuatro ministros que buscó contactar solo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, fue el único que hizo gestiones buscando abrir caminos de diálogo.
“Pero su peso al interior del gabinete era secundario y primó la visión de la estrategia Valdés”, afirmó el congresista. Recalcó de este modo que con la conformación de una mesa de diálogo en Espinar se cumple lo propuesto por el anterior presidente del gabinete.
“Lo que planteaba (Salomón) Lerner hace meses es lo que se está haciendo ahora sin el preámbulo de la violencia”, aseveró Diez Canseco. En una entrevista para la televisión local el parlamentario, hoy sin bancada, destacó cómo se está repitiendo un viejo esquema sobre el manejo de los conflictos sociales.
“Se deja que la contradicción se exprese en conflicto, no hay política preventiva adecuada, el conflicto revienta, tiene una escalada en condiciones de irritación de la población por falta de respuesta (…) esto tiene un costo social y político”.
El sector que respalda a Humala y espera se consolide el continuismo
Las cifras de Datum que demuestran que un gran sector de la población reconoce que el Gobierno no cuenta con un programa sobre cómo abordar los conflictos sociales indicaron también que un sector de la población destaca lo avanzado en materia económica, inclusión social, lucha contra el terrorismo, narcotráfico y seguridad ciudadana.
Rocío Silva Santisteban, presidenta de la CNDDHH, en su última columna de La República (2), sostiene que hoy la derecha, grupo al que seguramente pertenecen los encuestados que reconocen ciertos avances en el gobierno de Humala, no necesitan de la fuerza para imponer sus ideas.
Señala así que la prensa de nuestro país es una red extraordinaria en la que la derecha, a la cual circunscribe los intereses de la Sociedad Peruana de Minería o de los lobistas de la pesquería del MEF, “van colocando suavemente sus posiciones y aislando las disidencias”.
De esta forma critica que se haya rescindido el contrato de la periodista Claudia Cisneros la semana pasada, en Panamericana Televisión, en quien reconoce a una comunicadora con perfil propio que se resistió a las presiones de los gerentes del canal.
Sin embargo, el porcentaje que reconoce el mal manejo de los conflictos que hace el Ejecutivo dejan ver que pese a los intentos de éste de querer mantener una visión uniforme de los hechos donde los condenados deben ser siempre quienes forman parte las protestas no están dando resultados.
El caso del despido de la periodista de Panamericana seguramente no será el último. Pero si el Gobierno persiste en su política de no diálogo (algo en lo que vemos Humala está dando marcha atrás) la imagen del mismo seguirá cayendo y esto se verá en el, esperemos que no, recrudecimiento de los conflictos sociales activos, más de 170.
Condiciones aceptadas por Yanacocha deben pasar al papel
La ex defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se expresó en los últimos días a favor de que la empresa Yanacocha firme un contrato o adenda para garantizar los compromisos asumidos respecto al proyecto Conga que incluye incrementar la capacidad de sus reservorios para garantizar el agua en Cajamarca (3).
Pidió de esta forma que Estado, autoridad regional y la empresa “se acerquen, conversen y lleguen a cuatro o cinco puntos de consenso que el país les exige y demanda, porque tienen derecho a una tranquilidad y sobre todo lo exige Cajamarca, que no merece ser la penúltima región en pobreza”.
Una propuesta para generar el dialogo en torno a Conga
Sandro Macassi, experto en conflictos sociales, abrió el camino de la solución para dar fin a los enfrentamientos por el caso Conga en Cajamarca (4). Afirmó así que se debe recurrir a un mediador internacional.
Argumento que el Estado a través de sus funcionarios como ministros u otros ya no puede ser mediador partiendo del hecho que este poder es el que lleva a cabo la represión. “El Estado ya no es un tercer imparcial”, aseveró.
Macassi agregó de otro lado que al margen de lo que pueda hacer una Oficina de Conflictos Sociales, que la integran, señala el experto, no más de catorce personas que deben ver los conflictos en todo el país, se debe desarrollar una institucionalidad aparte.
Precisó así que deben crearse oficinas regionales, que recojan las demandas cuando éstas se originan, que atienda y que capacite a las partes para establecer procesos de diálogo.
Notas:
(1) En declaraciones al noticiero Abre los ojos, edición del 22/06/12
(2) Kolumna Okupa, suplemento Domingo, edición del 01/07/12
(3) Merino sobre Conga: Acuerdos deben ser por consenso y asumidos en un contrato
(4) Entrevista en RPP TV, edición del 22/06/12
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