Servicios en comunicación Intercultural

Guatemala: Amnistía Internacional busca que Gobierno investigue ataque a Yolanda Oqueli

Servindi, 21 de junio, 2012.- A raíz de la agresión con disparos a la dirigenta Yolanda Oqueli, opositora a la mina El Tambor en San José del Golfo, la organización Amnistía Internacional circula una carta que busca adhesiones para pedir al gobierno de Otto Pérez Molina que inicie una investigación independiente del caso.

Como se recuerda, la tarde del miércoles 13 de junio dos hombres aún no identificados dispararon contra Yolanda Oqueli, hecho que ha sido visto como un acto de intimidación contra los opositores a la minería en Guatemala.

Días antes, Oqueli García, dirigenta del Frente Norte del Área Metropolitana (Frenam), y otros líderes sociales presentaron una serie de denuncias ante el Ministerio Público por recibir intimidaciones y amenazas al ejercer su derecho a la resistencia pacífica.

Amnistía Internacional, así como lo han hecho antes otras organizaciones sociales y ambientales, pide al gobierno se ordene una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los disparos y amenazas contra Yolanda Oqueli, que tras ser intervenida quirurgicamente hoy se encuentra estable.

Asimismo, el organismo internacional instó a las autoridades de Guatemala a tomar medidas inmediatas para brindar protección adecuada a Oqueli y su familia, así como a los activistas que trabajan contra las violaciones de derechos humanos causadas por las operaciones mineras en la zona de San José del Golfo.

El organismo internacional cristalizará los pedidos en una carta que enviarán la segunda semana de julio al mandatario guatemalteco.

Intimidación a quienes se oponen a minera canadiense

En los territorios que pertenecen a los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se espera la instalación de la mina El Tambor, propiedad de la compañía minera canadiense Radius Gold. Oqueli García se opuso a este proyecto por considerar que el mismo tendría un impacto negativo en su comunidad.

No sería la primera vez que se reportan hechos como el ocurrido a la lideresa de 37 años. Tal como lo señalan las organizaciones que defienden los derechos humanos, los activistas que se ocupan de denunciar los daños que generan las industrias extractivas han sufrido agresiones físicas y acoso.

Amnistía Internacional registra casos como los de Deodora HernándezAniceto López defensores de los recursos naturales de su comunidad que en 2010 y 2011 respectivamente sufrieron agresiones de parte de las autoridades en situaciones no esclarecidas.

La responsabilidad del gobierno

Amnistía Internacional sostuvo que en Guatemala existe el deber de consultar a los pueblos indígenas respecto a los proyectos de inversión para la explotación de recursos naturales tal como lo disponen el Código Municipal y los instrumentos del derecho internacional.

Es el caso de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que fue adoptada en 2007 con el voto a favor de Guatemala, como también del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por este país en 1996.

El gobierno ha sido continuamente criticado por distintos organismos sociales y ambientales por no respetar lo dispuesto por dichos instrumentos garantizan el derecho de todas las personas y comunidades a participar en las decisiones que afectan sus derechos humanos.

La palabra del representante de la mina

Sobre el atentado, tal como informó el portal web Siglo21 de Guatemala, Mario Figueroa, gerente general de la mina El Tambor, rechazó los señalamientos que se le hace a la empresa y se unió a los pedidos para que se investigue e identifique a los responsables.

“Rechazamos cualquier hecho de violencia, no importa quien sea, y esperamos que el Gobierno utilice sus capacidades para esclarecer este incidente, el cual esperamos que no tenga un tinte político”, declaró.

Por el momento los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc protestan desde hace más de tres meses en los accesos a las instalaciones de la mina El Tambor, de la cual se extraerá oro y plata por los próximos 24 años gracias a la licencia de explotación que se aprobó el 23 de noviembre de 2011.

Para adherirse a la carta que Amnistía Internacional dirigirá al mandatario guatemalteco dar clic en el enlace en la parte inferior. Las suscripciones se harán hasta el 13 de julio.

A continuación presentamos el contenido de la carta:

Carta dirigida al presidente de Guatemala

Señor

OTTO PÉREZ MOLINA

Presidente de la República de Guatemala

Casa Presidencial

6ª Avenida 4-41, Zona 1,

Puerta del Centro

Ciudad de Guatemala

Guatemala

De nuestra consideración

Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la situación de la señora Yolanda Oquelí, una lideresa guatemalteca que hacía campaña contra la explotación minera, que fue atacada a balazos el 13 de junio en la localidad de San José del Golfo, departamento de Guatemala.

Como es de público conocimiento, Yolanda Oquelí es dirigenta del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), organización que ha estado protestando contra los efectos negativos del un proyecto El Tambor en su comunidad. Nos preocupa que, a consecuencia de su actividad como defensora de los derechos humanos, Yolanda Oquelí había denunciado desde agosto del 2011 amenazas telefónicas, se hayan llevado a cabo actos vandálicos con pintura contra su casa y amenazas de muerte– contra ella y contra otros activistas. La denuncia más reciente la había presentado en mayo. Precisamente ese mes, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con ella.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala sufren frecuentes ataques a causa de su labor de protección de los derechos humanos. Los activistas que se centran en las industrias extractivas, como la minería, han sufrido agresiones físicas y acoso, tal como ha documentado Amnistía Internacional.

En febrero de 2011, fueron atacados los manifestantes que protestaban contra la mina Marlin, en el noroeste de Guatemala. Uno de ellos, Aniceto López, fue llevado a la oficina del alcalde, donde, al parecer, fue golpeado y amenazado de muerte por protestar contra la mina.

En julio de 2010, Deodora Hernández, activista que había estado protestando contra los efectos presuntamente negativos de la minería en el departamento de San Marcos, noroeste de Guatemala, recibió un disparo a quemarropa en su propia casa a manos de dos desconocidos, quedando gravemente herida. Había estado defendiendo abiertamente el derecho de su comunidad al agua, ante el temor de que las operaciones mineras locales hubieran afectado al suministro local de agua.

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas señaló, tras visitar Guatemala en junio de 2010, que había recibido denuncias de que, en numerosas ocasiones, el gobierno guatemalteco había concedido licencias para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas sin realizar las consultas necesarias a los pueblos indígenas locales.

En virtud de los instrumentos del derecho internacional, como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (adoptada en 2007 con el voto a favor de Guatemala) o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (ratificado por Guatemala en 1996), Guatemala tiene el deber de consultar a los pueblos indígenas respecto a los proyectos de inversión. Esto incluye los proyectos que implican la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios.

Además, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Guatemala es parte, los países deben garantizar el derecho de todas las personas y comunidades a participar en las decisiones que afectan a la realización de sus derechos humanos. Para que la participación sea significativa, las personas deben ser informadas con suficiente antelación del proceso pertinente de toma de decisiones, y deben recibir esa información de una manera y por una vía que respete plenamente los principios de accesibilidad de la información y ausencia de discriminación.

Le pedimos que ordene una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los disparos y las amenazas realizados contra Yolanda Oquelí, que los resultados sean difundidos y se lleve a los responsables ante la justicia.

Le instamos a tomar también a tomar medidas inmediatas para brindar protección adecuada a Yolanda Oquelí y a su familia, y a los activistas que trabajan contra las violaciones de derechos humanos causadas por las operaciones mineras en la zona de San José del Golfo.

Junio de 2012

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Comentarios

solidaridad y acción inmediata

Añadir nuevo comentario