Fotos: Servindi
Servindi, 30 de abril, 2012.- Dos nuevos textos sobre la importancia de contar con un programa de eficiencia energética frente al cambio climático y de establecer políticas claras en materia de hidroeléctricas y gobernanza energética, se presentaron esta última semana.
Se trata de los libros Eficiencia energética: políticas públicas y acciones pendientes en el Perú e Hidroeléctricas y conflictos sociales: recomendaciones para una mejor gestión ambiental, el primero elaborado con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y el segundo con el apoyo de este mismo organismo y Derecho Ambiente y Recursos Humanos (DAR).
Eficiencia energética y cambio climático
El uso eficiente de la energía implica consumir menos combustibles o electricidad por unidad de productos y/o servicios lo que conlleva a la reducción de emisiones de CO2.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), esta tecnología es la única que podría ayudar a reducir en un 72% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), acción que nos permitiría alcanzar el escenario de las 450 ppm de CO2 y de esta forma no superar los 2°C que harían que las consecuencias del cambio climático sean irreversibles.
A nivel mundial, según cifras del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), de todas las emisiones de GEI en el 2004, el sector energético (suministro de energía, transporte, edificios comerciales y residenciales) es responsable del 46,9%. Es seguido por el sector industrial con 19,4% y la sivicultura (cuidado de bosques) con 17,4%.
Según las investigaciones de Julio César Romaní Aguirre y Víctor Arroyo Chalco, autores de “Eficiencia energética: políticas públicas y acciones pendientes en el Perú”, el Perú no es un gran emisor de GEI pero sí será uno de los países potencialmente más afectados por el cambio climático.
Sin embargo, los autores reconocieron que el consumo de energía en el Perú se incrementa sostenidamente por el crecimiento del PBI, por lo que es previsible que también se incremente el consumo de combustibles fósiles, principales contribuyentes de las emisiones en el sector energía.
En otros aspectos el texto alerta sobre la urgencia de tomar medidas en sectores como el transporte y propone un modelo de eficiencia energética para luchar contra la pobreza basado en el acceso a las fuentes eficientes de energía para incrementar la calidad de vida.
El acuerdo con Brasil y los conflictos sociales
La noche del jueves se presentó también “Hidroeléctricas y conflictos sociales: recomendaciones para una mejor gestión ambiental”, texto que junto al antes reseñado forman parte de la serie Matriz Energética en el Perú y Energías Renovables de la FES.
La nueva publicación fue presentada por sus autores: César Gamboa Balbín y Vanessa Cueto La Rosa.
Esta última destacó la importancia que tiene discutir desde hoy las políticas energéticas a futuro. “Nuestra tesis es que las cuestiones políticas en materia de hidroeléctricas sin un marco de gobernanza energética serían las principales causas de la generación de conflictos”, aseveró.
Por gobernanza precisó que se entiende la priorización, en el tema energético, de principios como planificación, transparencia, participación ciudadana, capacidad de gestión y rendición de cuentas.
Destacó la importancia que tiene que el país proyecte a largo plazo la demanda energética que va a tener y los impactos ambientales y sociales que se pueden dar al momento de seguir una política energética.
En otro momento Cueto La Rosa destacó la existencia de estándares nacionales e internacionales sobre construcción de hidroeléctricas que incluye el respeto de los derechos indígenas en concordancia con lo que expone el Convenio 169 de la OIT.
Principales proyectos priorizados por el gobierno para abastecer de energía a Brasil. Todos ellos suspendidos pero con alta probabilidad de ser retomados.
En este sentido Hidroeléctricas y conflictos sociales: recomendaciones para una mejor gestión ambiental, analiza el marco regulatorio de las inversiones y construcción de hidroeléctricas en el Perú y advierte sobre los riesgos políticos, sociales y ambientales que implica el Acuerdo Energético que tiene nuestro país con el Brasil.
El Acuerdo que podría ser aprobado por el Congreso es cuestionado por el peligro que genera a nuestra seguridad energética. El Perú no ha identificado aún cuánto será la demanda interna por lo que se expone, generando energía para otros países como Brasil, a una situación de inseguridad energética en las próximas décadas.
Al respecto la autora sostuvo que es importante entender el papel que cumple el Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES), uno de los principales impulsores de la política energética del Brasil.
Sin el apoyo del BNDES y la banca privada no sería posible la construcción de la futura hidroeléctrica de Belo Monte que ha generado críticas y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su intervención César Gamboa consideró la ausencia de una gobernanza energética y apeló a que se mejore la gestión ambiental y social. Criticó de otro lado cómo se han elaborado durante los últimos años los estudios de impacto ambiental (EIA) en sectores como la minería.
Cuestionó asimismo la falta de coordinación intersectorial respecto a la entrega de concesiones. Citó así el caso de Mainique I en Cusco donde el Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades entregaron la concesión, que incluía un territorio protegido, sin antes consultar con la autoridad que vela por estas áreas (Sernamp).
En otro momento destacó la importancia que tiene trabajar (tanto el gobierno, otras autoridades y actores sociales) desde el enfoque de la prevención de los conflictos sociales.
Para acceder a los documentos presentados por la FES y DAR acceder a los siguientes enlaces:
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