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Perú: Piden que Cultura se pronuncie sobre actividad en territorio de no contactados

Reserva Nahua Kugapakori. Foto: Shinai

Servindi, 25 de octubre, 2011.- La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) demandó que la actual administración del Ministerio de Cultura declare la ilegalidad y por tanto "nulo de oficio" la opinión favorable del Indepa para ampliar las actividades de hidrocarburos sobre la reserva territorial Nahua Kugapakori.

La opinión del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) emitida en junio -durante el gobierno de Alan García-  favorece la pretendida ampliación de actividades de exploración y explotación en el lote 88 por parte del Consorcio Camisea (Locación San Martín Este).

Para DAR dicha ampliación constituiría "una afectación del derecho al territorio que le asiste a los pueblos aislados, el cual es fundamental para asegurar la propia existencia y cultura de estos pueblos".

Promover las inversiones en energía no puede suponer la vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, caracterizados por su alta vulnerabilidad frente a los contactos forzados que se han producido en los últimos años por diversos actores, indica DAR.

El Ministerio de Cultura es el responsable de aprobar o no mediante una Resolución Ministerial el Informe Técnico elaborado por el Indepa, previo a la autorización de las actividades a realizarse en la mencionada reserva territorial. Así lo estipula el artículo 7 de la Ley 28736 y 35 del reglamento.

En consecuencia DAR considera que corresponde a la nueva administración del INDEPA brindar sustento técnico, que no se limite a enumerar acciones a emprender en el área de las reservas territoriales, sino que garantice una efectiva protección de los pueblos aislados o en contacto inicial.

Si bien es necesario asegurar la satisfacción de la demanda nacional energética, pensando en las próximas décadas, esto debe hacerse en equilibrio con las obligaciones ambientales y sociales, y respetando los derechos de los pueblos más vulnerables.

DAR recordó que el Estado peruano asumió el compromiso legal de proteger a estos pueblos, cuando promulgó el Decreto Supremo N° 028-2003-AG para no permitir ninguna actividad económica en la zona, en el marco de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ningun caso se debe contravenir dicho compromiso, y por el contrario corresponde a la nueva administración mostrar la voluntad de corregir los errores cometidos y garantizar la protección de los pueblos indígenas aislados o en contacto inicial que aún existen en el país.

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