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Perú: Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas recibe saludo de diversos sectores

Servindi, 8 de setiembre, 2011.- La publicación oficial de la Ley 29785, o Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -aparecida ayer en el diario El Peruano- recibió el saludo de diversos sectores públicos y privados.

El Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, expresó su satisfacción y saludó la promulgación de la ley. Destacó que el Poder Legislativo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas deben dictar normas reglamentarias para facilitar aplicación de Ley de Consulta.

Destacó que urge fortalecer el Viceministerio de Interculturalidad, entidad rectora de las políticas públicas en materia indígena, y reafirmó el compromiso de la Defensoría del Pueblo para contribuir a que la Ley sea cumplida conforme a los principios del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, enfatizó la importancia de fortalecer el viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura "a fin que lidere e impulse una política nacional de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas”.

Vigilancia indígena

Gladys Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (Onamiap) saludó la ley porque contribuirá al diálogo de los pueblos indigenas con el Estado, e indicó que estarán "vigilantes para su reglamentación".

Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), saludó la norma a la que consideró "uno de los logros más importantes del movimiento indígena".

Pizango declaró a Alerta Perú que la norma adolece de ciertos vacíos y requiere ser perfeccionada porque la Ley de Consulta es "perfectible" y requiere de una revisión "positiva" desde las comunidades.

Pizango criticó que la escasa participación indígena en la ceremonia de promulgación en Imacita. El fue invitado el lunes para asistir pero a las 8 de la noche le indicaron que ya no había cupo para él.

De otro lado Tarcila Rivera Zea, presidenta de Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú, sostuvo que la promulgación de la Ley de Consulta exige replantear la naturaleza, alcances, conformación y funciones del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa).

Tarcila, quién también es coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) expresó su preocupación porque considera que la ley podría reducir el número real de la población indígena por sus criterios de identificación que no corresponden a la realidad de nuestros pueblos ni a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT.

“Nos corresponde a los pueblos indígenas el determinar quiénes somos, dónde estamos y cuáles son nuestras organizaciones representativas, reconociendo además la gran migración interna que se da en nuestro país”, afirmó.

Asimismo, el dirigente aimara, Walter Aduviri saludó la promulgación de la ley de Consulta Previa y exhortó a las autoridades a cumplirla.  "Hay que saludar la iniciativa de este proceso, esto es un inicio no es la solución definitiva. Si es que no se respeta esta ley va a quedar como el elefante blanco", afirmó.

Espacio de diálogo y trabajo

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también saludó la promulgación de la norma por que "abre una nueva posibilidad de entendimiento y dialogo intercultural entre Estado y Pueblos Indígenas".

Si bien las obligaciones públicas no se agotan en el derecho a la consulta el citado grupo sostiene que el gesto político debe confirmarse con la participación de los pueblos indígenas en la implementación de la norma.

Al respecto sugirió que el Ejecutivo designe con prontitud una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que integre a todos los sectores involucrados y a los representantes de las organizaciones de pueblos indígenas, a fin de fortalecer la institucionalidad estatal indígena y establecer mecanismos para la implementación y pronta aplicación de la Ley.

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