Servindi, 07 de julio, 2011.- "Es imprescindible que el nuevo gobierno efectúe una planificación energética nacional para asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos energéticos, reducir la deforestación y los desplazamientos internos", sostuvo César Gamboa, de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Se requieren “reformas de fondo para democratizar los procesos de formulación de políticas, planes y programas que desde el sector energético y otros sectores se imponen de arriba hacia abajo". Los conflictos socioambientales demuestran que es momento de fortalecer un proceso de toma de decisiones de abajo hacia arriba, enfatizó Gamboa.
“La participación efectiva y la planificación del sector energético son condiciones previas a las negociaciones del Estado peruano para la exportación de nuestros recursos hidroeléctricos” ´señaló Gamboa quién sostuvo que debemos orientarnos a la construcción de una gobernabilidad energética.
Así se expresó durante el “Seminario Internacional Lecciones Regionales sobre Proyectos Hidroeléctricos: Construcción de una agenda Energética, Socio-ambiental y de Derechos” desarrollado el día de ayer en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
En el evento líderes comunales y de la sociedad civil de Perú, Brasil y Paraguay intercambiaron experiencias sobre la vulneración de derechos que ocasionan las represas hidroeléctricas e hicieron recomendaciones puntuales para salvaguardar el bienestar de la población.
Sonia Maranho, de Brasil, denunció que los países industrializados son "adictos a la energía" y consumen el 75 % de la electricidad mundial. "Si estos países economizaran el 1 % de energía no tendríamos necesidad de represas en la amazonía".
En particular Estados Unidos con solo el 6 por ciento de la población consume el 30 % del petróleo y el 35 % de la electricidad mundial, precisó.
Maranho, del Movimento dos Atingidos por Barragens, sostuvo que el sistema capitalista es un sistema depredador de energía y estamos siendo afectados por un estilo de vida deshumanizador.
Luis Novoa, investigador de la Universidad de Río de Janeiro, en referencia al tratado de integración energética entre Perú y Brasil expresó que más que "integración", en realidad se trata de "anexión" energética. Para los pueblos de Brasil ese acuerdo y esa energía adicional nos hará daño, indicó.
Novoa explicó la enorme inequidad que existe para la repartición de los beneficios de la inversión energética. "El Estado brasileño subsidia el costo de la energía la cual es consumida en un 30% por sectores electro-intensivos pero los costos sociales y ambientales no son fácilmente visualizados” indicó.
“Es importante fortalecer la participación de las organizaciones de base y de la sociedad civil para democratizar las decisiones sobre proyectos energéticos y sus beneficios” prosiguió Novoa.
El especialista dijo que en materia energética los últimos gobiernos de izquierda se han aliado con los sectores de derecha para avasallar a la sociedad civil y a las organizaciones de base. Esto tiene un elevado costo político que en algún momento tendrá que pagar.
Respecto al actual gobierno presidido por Dilma Rousseff, señaló que se trata de una persona que proviene del sector energético al cual ha representado desde hace años por lo que es esperable una política favorable a este sector, concluyó Novoa.
Testimonios sociales sobre hidroeléctricas
Hilda Montenegro, Teniente Gobernadora de Huabal, Provincia de Jaén, en Cajamarca narró la dura experiencia de cien familias de Huabal que fueron reubicadas en una zona insegura en donde se producen derrumbes y donde no hay luz eléctrica.
“Actualmente no tenemos como generarnos ingresos económicos y vivimos temerosos de los derrumbes" sostuvo la vocera de las familias trasladadas para que la empresa Odebrecht, de Brasil, construya la represa El Limón.
Montenegro recomendó al nuevo gobierno que “evitar construir represas hidroeléctricas que van a desplazar poblaciones, puesto que al final se perjudica a las familias más pobres en vez de mejorar sus condiciones de vida".
Dora Gauto de Paraguay, desplazada por la hidroeléctrica binacional argentino-paraguaya Yaciretá, dijo que los países deben evitar construir grandes hidroeléctricas que favorecen a grandes empresas, desplazan a los pobres y pagan una mínima comprensación.
De acuerdo a la experiencia de su pueblo San Cosme y Damián Dora Gauto, afirmó que “estos proyectos se construyen para exportar energía más no para proveer de electricidad a los pueblos".
Ruth Buendia Mestoquiari, presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), ratificó la enérgica voluntad de lucha del pueblo ashaninka de la selva central para impedir el proyecto Paquitzapango que inundaría decenas de comunidades.
Buendía recordó que el pueblo ashaninka fue víctima de la violencia social que asoló al país en la década del 80 y puso su cuota de sangre para la pacificación del país. Sin embargo, no recibe ningún apoyo y sería terriblemente afectado por una megacentral hidroeléctrica que afectaría el territorio ancestral de su pueblo.
El seminario internacional fue organizado por el Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas cuyo objetivo principal es brindar información y generar debate sobre los impactos de la construcción de diversos proyectos hidro-energéticos en la Amazonía.
Está conformado por organizaciones como la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Unersidad Peruana Cayetano Heredia, la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Forum Solidaridad Perú, ProNaturaleza, Servicios Educativos Rurales (SER), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y WWF, entre otros.
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