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Perú: AIDESEP se pronuncia sobre Proyecto de Ley Forestal

Servindi, 11 de noviembre, 2010.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), emitió un pronunciamiento sobre el proyecto de Ley Forestal y de fauna silvestre Nº04141 en el que resume sus observaciones y propuestas.

No a ley forestal para latifundios amazónicos

Prioridad a titulaciones, autogestión comunitaria, consulta previa y derechos indígenas

Análisis del proyecto de ley 04141/2009-PE

Denunciamos que se pretende imponer una ley forestal en forma apresurada para favorecer intereses de lucro y el TLC con EEUU, y por eso se ha congelado la ley de consulta previa. Resumimos las observaciones y propuestas que hemos presentado al congreso, y llamamos a las organizaciones indígenas a incidir en la opinión pública nacional e internacional, para que no se imponga el autoritarismo una vez más. Analizamos el proyecto de ley 04141, señalando sus numerosos aspectos negativos, los pocos positivos, y las alternativas concretas de corrección.

1. Saneamiento territorial pendiente de pueblos indígenas, para evitar conflictos de superposiciones

El proyecto amenaza con superponer “títulos habilitantes forestales” (concesiones madereras, plantaciones, de conservación, REDD, etc) en las áreas territoriales ocupadas o posesionadas por pueblos indígenas y que están pendientes de atención por el Estado. Debe solucionarse esta deuda social interna del Estado antes de proceder a entregar nuevas concesiones forestales :

  • Centenares de comunidades no reconocidas ni tituladas, que ocupan áreas solo como “posesionarias”
  • 347 comunidades reconocidas legalmente, pero que han sido desatendidas por el estado en su derecho a titulación territorial.
  • Centenares de comunidades indígenas que necesitan ampliación de sus territorios porque fueron tituladas hace 30 o 40 años, y la población se ha duplicado o triplicado, y la sobrevivencia está en peligro por la escasez de bienes naturales.
  • Áreas para establecer 08 reservas comunales, cuyos estudios han sido terminados, y que el estado desatiende en su reconocimiento : Napo Curaray, Tigre Corrientes, Chambira, Inuya-Tahuania, Tamaya Caco, Yurúa, Huimeki, Airo Pai.
  • Áreas para establecer 05 reservas territoriales para Pueblos en Aislamiento Voluntario o contacto inicial, cuyos estudios han sido terminados, y que el estado desatiende en su reconocimiento : Napo Tigre, Yavari Mirim, Tapiche Blanco Yaquerana, Sierra del Divisor Occidental, Cacataibo.

Propuesta : a) Modificar la sexta disposición complementaria en el sentido de : “No se otorgará títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas que se encuentren ocupadas o posesionadas, hayan solicitado su trámite de titulación o de ampliación de comunidades nativas, así como las solicitadas para establecer reservas comunales y reservas territoriales para pueblos en aislamiento voluntario”. b) Agregar una nueva disposición complementaria : “El gobierno central y los gobiernos regionales amazónicos, priorizarán en el presupuesto del año 2011 las asignaciones para atender el saneamiento territorial pendiente de reconocimiento, titulación y ampliación de comunidades nativas, así como las solicitudes de reservas comunales y reservas territoriales”. Sustento : la necesidad de subsanar la actual violación estatal del art.14 de la R.L. 26253 (Convenio 169-OIT) que obliga al estado a “garantizar las protección efectiva” de los derechos de propiedad de las comunidades indígenas sobre las “tierras que tradicionalmente ocupan” ó a las que “hayan tenido tradicionalmente acceso para su subsistencia”. La titulación es deber, obligación, responsabilidad del estado; y este incumplimiento, no puede en ningún caso desconocer el derecho de propiedad ni estar condicionado a la “efectuar trámites”.

2. Promoción efectiva de la autogestión forestal comunitaria, para terminar con la discriminación.

El proyecto abunda en disposiciones para promover las grandes concesiones forestales (madera, plantaciones, redd, turismo, etc) y los pocos artículos sobre manejo forestal comunitario, son generalidades repetitivas e intrascendentes. Hay una clara discriminación estatal a favor del gran capital forestal, marginando a las comunidades, que deben ser tratadas como el principal actor social forestal por los más de 12 millones de hás de bosques en sus territorios; y no como supuestos incapacitados, a quienes el proyecto induce a “tercerizar” sus bosques, a favor de concesionarios o mafias de tala ilegal. El estado y la cooperación internacional, deben priorizar presupuestos y organización para promover de modo concreto la autogestión forestal comunitaria, así como vienen haciendo con las grandes concesiones.

Propuesta : a) Modificar los arts. 56 y 68, para ratificar la vigencia de la R.J. 232-2006-INRENA por ser la única norma de términos de referencia para el manejo forestal comunitario. b) Modificar los arts.56, 68, 79 y 85 para que el estado y la cooperación, promuevan de modo concreto y efectivo el manejo forestal comunitario a través de : establecer “unidades de manejo forestal comunitario” dentro de las entidades estatales; con presupuestos estatales para supervisión y promoción, equipamiento, capacitación, estudios de mercado y promoción; inclusión en el SNIP de las inversiones de los fondos municipales y regionales en la promoción del manejo forestal comunitario; modelos de contratos con terceros y registro de empresas contratistas para los casos de aquellas comunidades que decidan continuar ese modelo y no sean estafadas por empresarios inescrupulosos. Adecuación intercultural de la normativa de INRENA de sanciones sobre irregularidades forestales para ayudar a las comunidades a salir de las estructuras de la habilitación que el estado no puede modificar. Agregar un nuevo artículo disponga la elaboración de una ley específica de promoción del manejo forestal comunitario

Sustentación: La necesidad de subsanar la actual violación estatal de varios artículos del Convenio 169, como son los que obligan al Estado a “asegurar a dichos pueblos gozar, en pié de igualdad de las oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población”, y “ayudar a eliminar las diferencias socioeconómicas entre los indígenas y demás miembros de la comunidad nacional” (art.2); “establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y proporcionar los recursos necesarios para este fin” (art.6); así como el derecho a “decidir sus propias prioridades y controlar su proceso de desarrollo”, y que “el mejoramiento de sus condiciones de vida sean prioritarios en los planes de desarrollo” (art.7)

3. Evitar los nuevos latifundios amazónicos : concesiones, plantaciones y negocios REDD

El proyecto contiene tres amenazas contra la amazonía, el país y los pueblos indígenas, que son favorecer nuevos tipos de latifundios; las plantaciones y sus impactos; y antes que termine de debatirse una estrategia nacional sobre proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) adelantarse en esta cuestión controversial.

El art.62 dispone que un empresario forestal puede tener unidades de entre 10,000 a 40,000 has, pero que no hay límite para el número de unidades que puede controlar, y además lo haría hasta por 40 años que son renovables. Las comunidades deben “competir” por tierras con madereros, mineros, petroleros; y también con empresas de turismo que pueden tener hasta 10,000 Has (art.64) o con ONGs para establecer áreas de conservación, y éstas sin limite alguno (art.65). Se está promoviendo latifundios de nuevo tipo en la amazonía a través de estos grandes “títulos habilitadores forestales” grandes concesiones forestales, dejando postergadas las demandas territoriales indígenas. Las plantaciones forestales no pueden ser considerados como bosques sino como “desiertos verdes” por sus impactos en la biodiversidad, y el proyecto refuerza y promueve esa confusión : sirven no solo para “recuperación” de ecosistemas sino para negocios madereros (art.13 ); no requieren planes de manejo, a pesar de que afectarán los ecosistemas del entorno (art.53). Hay 8 artículos de la sección V, dedicados a promover plantaciones forestales, sin analizar los serios impactos ambientales que generan (sobre agua, biodiversidad, conectividad, clima) ni tampoco los conflictos sociales que ya están provocando como el de plantaciones de palma aceitera en Loreto.

Propuesta : a) Detener las nuevas formas de latifundios amazónicos por sus impactos sociales, y priorizar la atención de la deuda social interna del saneamiento territorial de los pueblos indígenas amazónicos, modificando en esa dirección los artículos 62, 64 y 65. b) Dejar de promover negocios de plantaciones forestales, con el pretexto de la “degradación”, y priorizar la regeneración natural y reforestación de especies nativas en zonas degradadas, modificando los artículos 5,13, 53, 118, 120. c) Retirar toda mención indirecta a “servicios ambientales” o proyectos “REDD”, porque son asuntos controversiales, donde no hay consensos, y son tratados en otras instancias y en proyectos de ley distintos.

4. Garantías efectivas para los derechos indígenas y detener tala ilegal

El proyecto es contradictorio, ya que en la parte de los principios en los que se sostiene (art.1) se excluye por completo las normas referidas a derechos de los pueblos indígenas, sabiendo que si esos bosques llegan hoy vivos, es gracias a la defensa que hacemos de ellos los pueblos indígenas. Resultan más importantes de mencionar las leyes sobre descentralización ó procedimientos administrativos, antes que los derechos indígenas. Pero se contradicen, porque en el art.1, inciso III, sí se hace referencia al Convenio 169, aunque solamente en lo relacionado al respeto a la consulta previa e informada. Asi mismo, se dedican 10 artículos (77 al 86) sobre bosques en comunidades nativas, que no tendrían ningún respaldo ni referencia en la parte de principios de la ley ya que no se menciona al Convenio 169. Incluso en el art.1 se mencionan “Acuerdos” internacionales (que no son leyes) sobre medio ambiente, biodiversidad y conservación, pero no los referidos a Pueblos Indígenas, como es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿ Porqué esa exclusión ? ¿ Los indígenas somos “menos” que la biodiversidad o la descentralización ? ¿ Hay racismo institucionalizado en el Estado y el poder ? ¿ En el fondo las comunidades importan poco y se les menciona por retórica ? ¿ Tiene legitimidad y credibilidad una ley que empieza de ese modo ?

Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son tratados en el proyecto de una manera poco responsable, ya que estando en juego literalmente la vida o muerte de ellos, por los impactos de un “contacto” incluso a la distancia, y solo se pide a las empresas forestales unos simples documentos de “decir que van hacer” (protocolos) si se encuentran con ellos. Es necesario adoptar medidas mucho más efectivas y no solo de “más papeles”.

La tala ilegal es una tragedia histórica para los pueblos indígenas, donde influyen el abandono del estado, el racismo institucionalizado, la corrupción e impunidad de ciertos profesionales, autoridades y empresarios; y donde las víctimas son las comunidades por la destrucción de sus bosques, la estafa y el engaño unida al trabajo servil y la sobre explotación. Una tragedia compleja que sin embargo empieza con la llamada “tercerización” por la cual el titular forestal puede contratar a un “tercero” para manejar el bosque como le dé la gana, porque las supervisiones llegan tarde o nunca, y el actual proyecto insiste en esa figura de la “tecerización”.

Propuesta : a) Añadir en el art.1, la mención de que esta ley se basa también en el respeto de la R.L.26253-Convenio 169 de la OIT, y los “Acuerdos” internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos Indígenas. b) Modificar el art. 16 retirando la posibilidad de la “tercerización”, o sea prohibir “que los titulares de un título habilitante puedan ceder su posición a un tercero su posición contractual”; porque eso incentiva el manipuleo de contratos y guías forestales de la tala ilegal. c) En el art.57, añadir que se establecerán y delimitarán zonas de prevención por donde existan posibilidades de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, a fin de que no ingresen a ellas las operaciones en los “títulos habilitantes forestales” (madereras, plantaciones, conservación, REDD). d) Modificar el art.78, en el sentido de que la categoría de “cesión en uso” de la parte forestal de las tierras y territorios de los pueblos indígenas, es un asunto controversial, de contradicción entre el tratado internacional del Convenio 169-OIT y la constitución actual (que puede y debe ser modificada) en el sentido de que mutila, separa y divide, la posesión y propiedad territorial ancestral de los pueblos indígenas, y que viene siendo cuestionada por AIDESEP desde hace más de 30 años. e) Modificar el art.45, para corregir una inadmisible debilidad frente a la depredación forestal ocasionada por operaciones “desarrollistas” (minería, petróleo, represas, carreteras, etc) que contradice toda la retórica ambientalista del resto del proyecto. Se autoriza destruir y depredar siempre y cuando se hagan estudios, solicitudes, los pagos del caso, etc. Debe prohibirse destruir cabeceras de cuencas, zonas vulnerables, zonas de importancia cultural, y en especial en las áreas donde hay indicios de pueblos en aislamiento voluntario. f) Mantener y no retirar o recortar, sino mas bien mejorar, los puntos positivos del actual proyecto, en relación a los derechos indígenas, como son : art.1, inciso III; arts. 20, 34, 58.6, 77, 80 y 85.

5. Consulta previa e informada según acuerdo del congreso de mayo 2010

El proyecto de ley forestal debe ser sometido a la “consulta previa e informada” para cumplir con la RL 26253 del Convenio 169-OIT. Se trata de consultas no de “audiencias informativas”, donde cada pueblo indígena tenga espacio para incorporar propuestas, lo cual implica información, discusión, negociación, y el tiempo y espacio suficientes. Lo más cercano a la consulta a cada Pueblo Indígena Amazónico sería efectuar consultas en cada una de las 63 federaciones indígenas locales asociadas en AIDESEP, donde asistan los líderes y lideresas de las comunidades sobre cuyos bosques se quiere legislar. La respuesta recibida en la comisión agraria es efectuar unas pocas reuniones regionales de unas cuantas horas cada una y “que cada quien llegue como pueda”. Por ejemplo para que los Aido Pai (llamados “Secoyas”) lleguen desde el río Putumayo a Loreto tendrían que viajar en lancha por 12 días o pagar un vuelo comercial costoso. Esta respuesta muestra que no hay voluntad política democrática sino autoritaria y desesperada por imponer una ley forestal y que el “TLC con EEUU siga adelante”, a como dé lugar, y como el tema indígena es “sensible”, jugar a la apariencia de la participación, pero sin voluntad ni presupuesto. Sin embargo, el estado y parte de la cooperación, no trata así a las grandes empresas concesionarias madereras, ya que para ellas si hay tiempo, espacio, fondos y todas las reuniones para servir a sus intereses.

Propuesta : a) Si hay tantos intereses para la “urgencia” de una ley forestal, demandamos la misma urgencia para ratificar la ley de consulta previa sobre pueblos indígenas, aprobada por el congreso nacional el 19 de mayo del 2010. b) La consulta sobre la ley forestal debe basarse en los principios y procesos de la ley señalada anteriormente, lo cual pasa como mínimo por consultar, en las reuniones que fuesen necesarias, a cada una de las organizaciones locales (federaciones, centrales, consejos,etc) indígenas, que en el caso de AIDESEP constituyen 63 organizaciones asociadas.

6. Evitar retrocesos en la protección efectiva de los bosques

El art.6 abre la libre interpretación del “valor económico” y “ventaja comparativa” sobre un bosque, que habiendo sido afectado, sea pasado rápidamente a uso agrícola para agrocombustibles. La misma ambigüedad en el art.10, para interpretar el “valor intrínseco de tierras para uso mayor de protección”, lo que puede llevar a las dudas del valor de ese “intrínseco” y a clasificar más áreas boscosas como agrícolas. Finalmente, la sétima disposición complementaria transitoria, profundiza estos peligros al obligar a hacer estos retrocesos en el reglamento de clasificación de tierras. Estos peligros no son raros, si se tiene en cuenta que desde el 2008 con los prejuicios racistas del “perro del hortelano” se quiere hacer más faenones para negocios de agro/bio combustibles.

El art.51, referido a vedas de especies vulnerables o extinción, como por ejemplo la caoba, abre una “excepción” contradictoria, permitiendo la extracción de esas mismas especies en las zonas donde que cuentan con “títulos habilitantes”. Otra vez, la duda si se quiere proteger a las especies o a los negocios.

Propuesta : a) Las capacidades de uso mayor de las tierras deben hacerse por sus características edáficas (pedregrosidad, profundidad, textura, pH del suelo, drenaje ), climáticas (zonas de vida) y de relieve, y no por lo que exista encima de ellas, como la cobertura forestal, como lo señala el art.4 del reglamento de clasificación de tierras, que debe mantenerse y no cambiarse. b) Modificar el art. 51 a fin de que las vedas se apliquen por igual a todas las zonas de bosques tengan o no títulos habilitantes.

Consejo Directivo de AIDESEP (22.10.10)

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