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Perú: "El perro del hortelano García, vuelve a atacar..." denuncia la CCP

Servindi, 24 de junio, 2010.- La Confederación Campesina del Perú (CCP) convocó a enfrentar al presidente Alan García, a quién calificó de "perro del hortelano" y representante de las transnacionales, al observar la Ley de Consulta aprobada por el Congreso de la República.

En un comunicado por el Día del Campesino que se celebra en el Perú el 24 de junio la organización campesina denunció que las observaciones formuladas por el Ejecutivo se orientan a "continuar su labor de perro guardián de las transnacionales de las industrias extractivas".

Asimismo señala que las observaciones "abren el camino para que los conflictos, se puedan convertir en otros Bagua, donde la responsabilidad del gobierno en la masacre es indiscutible".

La CCP hace un llamado a que el Congreso de la República asuma la responsabilidad que le corresponde y promulgue la ley de la consulta previa aprobada el 19 de mayo por el poder legislativo.

Finalmente anuncian que tanto la central nacional y las federaciones de base estarán alertas en sesión permanente para acordar las estrategias necesarias para lograr se promulgue la Ley de Consulta.

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24 de Junio: Día del Campesino. ¡A la lucha compañeros y compañeras! ¡El perro del hortelano García, vuelve a atacar!

Representante de las transnacionales observa la Ley de la Consulta Previa

Los secretarios generales colegiados de la Confederación Campesina del Perú (CCP), Marcelina Vargas, Roberto López, Melchor Lima y Jorge Prado, declararon en sesión permanente a la central nacional y a las federaciones base, para acordar las estrategias a desarrollar conjuntamente con las organizaciones campesinas e indígenas, de la costa, sierra y selva de nuestro país, con la finalidad de que se apruebe definitivamente la Ley de la Consulta previa.

A pocos días de la celebración nacional del Día del Campesino, 24 de junio, hemos recibido la noticia de que la norma ha sido observada por Alan García, el poder ejecutivo y devuelta al poder legislativo, estas son las 8 objeciones:

1. Precisar que en caso no se logre el acuerdo o consentimiento, la entidad estatal a cargo de la consulta decidirá conforme a Ley.

2. Proponen cambiar el segundo párrafo del artículo 15 del proyecto que señalaba el carácter obligatorio de los acuerdos y el deber del Estado, en caso no se logre un acuerdo, de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Proponen que diga ahora “El Estado decidirá la ejecución de la medida, privilegiando el interés general y el de la Nación, estableciendo la participación en los beneficios y, en su caso, la indemnización equitativa por los daños que puedan sufrir.”

3. Eliminar la referencia a que deben ser consultados los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional por no estar expresamente señalados en el Convenio 169 de la OIT.

4. Eliminar la referencia a que los funcionarios deben identificar las medidas administrativas y legislativas a ser consultadas “bajo responsabilidad" (eliminar esta referencia a la responsabilidad).

5. Precisar que la impugnación judicial contra la decisión del Ejecutivo de que determinada medida no necesita ser consultada no implique la paralización de los procesos administrativos en curso (evaluación de impacto ambiental).

6. Eliminar la referencia a que las comunidades campesinas puedan ser consideradas “pueblos indígenas”.

7. Que la ONPE establezca y verifique la “representatividad” y “legitimidad” de los representantes de los pueblos indígenas.

8. Precisar en el segundo párrafo del artículo 15º de la Autógrafa que el “acuerdo entre el Estado y los pueblos”, se refiere exactamente al “acuerdo suscrito en el acta de consulta entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios”, el cual es exigible en sede administrativa y judicial.

Este nuevo intento por desconocer los derechos de las Comunidades Campesinas, está orientado a continuar su labor de perro guardián de las transnacionales de las industrias extractivas (petróleo, gas y otros) para que estas puedan continuar con la explotación inconsulta de los recursos naturales de nuestro país, que erradican de su territorio y contaminan el medioambiente a los campesinos e indígenas.

Estas observaciones a la Ley de la Consulta previa, abren el camino para que los conflictos, se puedan convertir en otros Bagua, donde la responsabilidad del gobierno en la masacre es indiscutible.

La CCP se pronuncia para que el Congreso de la República, asuma la responsabilidad que le corresponde y promulgue la ley de la consulta previa, nos mantendremos en situación de alerta hasta que nuestros derechos sean reconocidos.

Por la vigencia y aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Lima, 22 de junio del 2010

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