Perú: Califican de peligrosa designación de Muguruza a comisión de DDHH

Servindi, 28 de abril, 2010.- Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país criticaron duramente la designación del general de la policía Luis Muguruza como nuevo integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, sin tomar en cuenta su proceso judicial por el delito de homicidio.

En ese sentido, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, calificó como "totalmente equivocado y muy peligroso" el hecho de nombrar al artífice del Baguazo como miembro de una comisión tan importante.

Como se recuerda, Muguruza junto a Javier Uribe Altamirano fueron los responsables del fallido operativo de desalojo de pobladores nativos en la Curva del Diablo (Amazonas) el pasado 5 de junio del 2009, en el que perdieron la vida 34 personas, entre pobladores indígenas, policías y civiles.

A raíz de ello, el 10 de febrero de este año la titular de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, Olga Bobadilla, formalizó la denuncia penal contra ambos policías bajo el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud en su figura de homicidio calificado y lesiones graves.

Sin embargo, el documento fue devuelto por el juez Francisco Miranda Caramutti, la jueza fue destituida del cargo y fuertemente criticada por la Fiscal de la Nación, Gladis Echaíz.

Ahora, la dependencia donde fue reubicado Luis Muguruza depende directamente del Viceministerio del Interior y tiene como función formular las políticas de derechos humanos en el sector. "Preocupa por el nivel de injerencia que podría tener. Podría coordinar con el procurador público para asuntos judiciales del ministerio, que son los que ven los casos del Estado contra los pobladores nativos en Bagua, Amazonas”.

El abogado remarcó que el alto mando policial se encuentra ahora en un órgano de donde puede tener no sólo mayor poder, sino manipular información dentro de los procesos que se llevan a los indígenas por los acontecimientos de junio del año pasado, a través del procurador público.

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