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Perú: Fiscalía ambiental comprueba aprovechamiento ilegal en concesión maderera

Servindi, 23 de marzo, 2010.- La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales incautó madera aserrada de la empresa Proyect World Green Perú gracias a una oportuna información de la Comunidad Nativa Puerto Azul, provincia de Padre Abad, región Ucayali (Fotos IBC).

La fiscal adjunta Fanny Fabiola Álvarez Bravo constató en el lugar -junto con otras autoridades regionales- las prácticas ilegales de explotación forestal como el uso de motosierras, en una inspección realizada el 16 de marzo.

La madera quedó mientras tanto en custodia de la comunidad y se espera que esta semana la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre- Aguaytía entreggue su informe sobre el particular.

La concesión inspeccionada está superpuesta al territorio que la comunidad nativa Puerto Azul, perteneciente al pueblo indígena Cacataibo, solicita en ampliación desde 1991.

La comunidad nativa presentó repetidas denuncias contra el concesionario por incumplir el plan de manejo, extracción ilegal y contaminación de las fuentes de agua lo que ha comprometido la salud de la población.

Las denuncias fueron formuladas con insistencia ante la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).

Daño al agua y la salud

“El agua de las piletas que abastecen a la población sale turbia, como café negro y huele a petróleo" manifestó Ángel Simón Angulo, jefe de la comunidad nativa, quién señala que esto ocurre cuando la maquinaria pesada de la empresa derrama aceites industriales.

"Esos aceites drenan hacia la quebrada Pinsha que es precisamente el donde se encuentra la captación de agua para la comunidad" indicó Simón Angulo.

Otro problema que aqueja a los pobladores es el movimiento de maquinaria pesada, que ocasiona que las aguas del río arrastren abundante sedimento hacia los reservorios.

Al respecto, Rusbel Mego Ponce, teniente gobernador de la Comunidad señaló que sus reclamos son justos pues la contaminación deriva en enfermedades. "Somos 1200 habitantes en la zona. Si continúa la contaminación, tendríamos que caminar dos horas para buscar agua buena”

La intervención contó con el apoyo de la Policía Nacional, un representante de la Dirección General de Salud obtuvo muestras de agua y la Fiscalía tomó declaraciones a una comunera de Puerto Azul, quien atribuyó la muerte de su hija al consumo del agua contaminada por las actividades del mencionado concesionario forestal.

También participaron en el operativo el Ing. Pedro Cruz, de la Autoridad Nacional del Agua – Ucayali; la Ing. Johana Hoyos Cardozo, de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Aguaytía y un representante de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Aguaytía.

Jorge Tacuri, abogado de la comunidad, registró las coordenadas del lugar del hallazgo de la madera incautada, al considerarse la posibilidad de que la mencionada empresa forestal esté operando fuera del área concesionada.

Reynaldo Mosoline, Presidente de la Federación de Comunidades Cacataibo (FENACOCA) destacó que la inspección responde a sólo una parte de todo el problema territorial que los viene afectando como pueblo Cacataibo.

"Esta es parte de nuestra lucha apelando a la verdad, a la justicia y al derecho indígena. Nos corresponde que se respete nuestra vida así como nosotros respetamos a la madre naturaleza, cuidando el bosque, los animales y el agua desde tiempos ancestrales” afirmó Mosoline.

Del mismo modo, Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común (IBC), explicó que la concesión de Proyect World Green Perú es una de las cuatro concesiones forestales otorgadas por el Estado entre el 2002 y 2003 dentro de los límites de ampliación que había solicitado la Comunidad Nativa de Puerto Azul en el año 1991.

Todo el problema que aqueja a la comunidad Cacataibo nace de la vulneración de su derecho al territorio tradicional estipulado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y suscrito por el Estado peruano.

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