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Justicia ordena reponer a exdirector del Serfor removido por Vizcarra

Servindi, 18 de agosto, 2022.- La Corte Superior de Justicia de Lima resolvió a favor de la demanda de amparo presentada por Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, exdirector ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y ordena su reposición.

La sentencia de la Segunda Sala Constitucional confirma el fallo contenido en la resolución N° 16 de 20 de agosto de 2021 que declaró fundada la demanda de amparo y declara nula la Resolución Suprema N° 002-2020-MINAGRI de 4 de junio de 2020.

El fallo indica que la cuestionada resolución del MINAGRI (hoy MIDAGRI) “vulnera el derecho al trabajo y al debido procedimiento administrativo que reclama el demandante, pues infringe el principio de legalidad, además de los otros derechos constitucionales alegados”.

“La autoridad que lo designó no podía dar por terminada su designación de Director Ejecutivo de SERFOR invocando la causal pérdida de la confianza o por su decisión unilateral, dado que el demandante tiene la condición de funcionario de designación y remoción regulada”.

Agrega que su designación se sustenta “en la profesionalización de este alto cargo y el principio del mérito que vincula plenamente al Ministerio de Agricultura y Riego, al Estado y al gobierno de turno”.

Un despido injusto e injustificado

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, y el exministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro firmaron la resolución de destitución de Gonzáles-Zúñiga que fue publicada el 5 de junio de 2020 en el diario “El Peruano”.

La Resolución Suprema N° 002-2020-MINAGRI alegaba una causal de “pérdida de confianza”, pero no explicaba las razones del despido del funcionario.

Este hecho generó el rechazo de las organizaciones indígenas y asociaciones civiles que integran el Consejo Directivo del Serfor y que no fueron informadas sobre esta decisión.

Más aun, llamó la atención el cese repentino de Gonzáles-Zúñiga al haber sido el primer Director Ejecutivo del Serfor designado a través de un concurso público de méritos para ocupar el cargo por un periodo de cinco años.

Para Gonzáles-Zúñiga, su despido se dio de manera arbitraria, por lo que se hizo necesario iniciar un proceso legal contra lo ocurrido.

«Me he visto en la necesidad de recurrir al Poder Judicial, porque es la única vía autónoma en la que puedo confiar y defenderme frente a este despido arbitrario», señaló Gonzáles-Zúñiga.

Asegura que si bien, este es un caso complejo porque ameritaría dejar sin efecto una resolución firmada por el presidente, tiene la confianza de que el Poder Judicial lo resolverá de manera imparcial y objetiva.

«Una vez que me reincorporen al cargo, no me doblegarán y seguiré trabajando para erradicar la corrupción que existe en el sector forestal», precisó.

Agregó que la corrupción no solo está destruyendo los bosques, «sino también la institucionalidad de un sector que tanto nos ha tocado construir».

Comentario especializado

Consultado por Servindi, el abogado constitucional Juan Carlos Ruiz Molleda, señala que el caso demuestra que el sistema de justicia es un controlador de las decisiones políticas, cuanto estas no se ajustan al ordenamiento jurídico.

“En este caso se trata de un amparo por violacion de derechos fundamentales. Esto quiere decir que la última palabra no la tiene el poder político sino los jueces” prosigue el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En segundo lugar la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima “restituye la institucionalidad del sector forestal violentada con la destitución de este funcionario, a través de mecanismos no institucionales”.

En tercer lugar, “como se trata de una sentencia estimatoria en segunda instancia, no procede inpugnacion ante el Tribunal Constitucional por recurso de agravio constitucional como lo establece el artículo 202.2 de la Constitución Política.

Cabe destacar que “proceden multas acumulativas y destitución contra el funcionario renuente a acatar esta sentencia firme”, explica Ruiz Molleda. 

 

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