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Exigen justicia para las víctimas de Bagua y juicio justo para procesados

- Se espera una pronta y justa sentencia seis años después de los luctuosos sucesos.

Servindi, 15 de diciembre, 2015.- Asociaciones que abogan por los derechos humanos piden a las autoridades respetar escrupulosamente el derecho al debido proceso como la única manera de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas y sus familiares en el juicio conocido como la Curva del Diablo.

El llamado se efectuó cuando se espera que en los próximos días se dicte sentencia en el citado juicio seguido contra 53 personas, incluidos miembros y líderes de comunidades indígenas acusados de la muerte de 12 policías y de las lesiones causadas a otros 18, en el año 2009, en Bagua, departamento de Amazonas.

Cabe recordar que los sucesos de Bagua llevaron a la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y a graves violaciones de los derechos humanos.

Garantizar un juicio justo es un requisito fundamental, pero aún más vital en este caso, donde entre los acusados se encuentran miembros de poblaciones indígenas, marginalizados por décadas y que han visto sus derechos humanos violados.

Un juicio justo significa "tener en cuenta sus costumbres, sistemas normativos y cosmovisiones" indican las instituciones que suscriben el comunicado de prensa.

"Debe recordarse que cuando los pueblos indígenas bloquearon la vía pública en Bagua fue en defensa de sus derechos y como último recurso ante la total falta de voluntad de las autoridades para escuchar y atender sus legítimos reclamos" afirman.

Los familiares de las víctimas, procesados y población en general tienen el derecho de que se haga justicia de forma independiente e imparcial, para lo cual es fundamental que las sentencias se basen en hechos probados a través de evidencias sólidas e irrefutables.

"Si el Estado no demuestra su responsabilidad individual en los delitos imputados, estos deben ser liberados inmediata e incondicionalmente" indica el comunicado de prensa.

El comunicado es suscrito por Amnistía Internacional (AI), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), DeJusticia, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Fundación por el Debido Proceso (FPDP).

Tales instituciones han seguido los sucesos de Bagua desde 2009, incluyendo el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales iniciados para esclarecer las responsabilidades.

El juicio de “La Curva del Diablo” que trata sobre una parte de la tragedia debe ser el primer paso para esclarecer todas las responsabilidades de todos los hechos sucedidos en la provincia de Bagua el día 5 de junio y de acuerdo a derecho, agregan las instituciones.

Para ello es imperativo "avanzar con los otros procesos y determinar todas las responsabilidades a todos los niveles, incluida la de los miembros de las fuerzas del orden y autoridades gubernamentales".

Las asociaciones suscritas enfatizaron que el Estado peruano tiene el deber de garantizar que los abusos no se repitan para lo cual es esencial tomar medidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos al consentimiento previo, libre e informado, a sus tierras ancestrales y medios de subsistencia, entre otros.

Antecedentes

En 2009 miles de manifestantes indígenas bloquearon una carretera durante más de 50 días en la región amazónica para protestar contra una serie de decretos leyes que, en su opinión, afectaban a su derecho fundamental a la tierra y a los recursos naturales y, por tanto, a sus medios de subsistencia.

El 5 de junio, 33 personas, incluidos 23 agentes de policía, perdieron la vida y al menos 200 manifestantes resultaron heridos al intervenir la policía con el fin de despejar la carretera.

La policía hizo uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes, y en su actuación presuntamente hirió y mató a personas no relacionadas con la protesta. Decenas de personas detenidas denunciaron posteriormente malos tratos policiales.

Los manifestantes presuntamente mataron a 11 agentes de policía a los que mantenían como rehenes, y a otros 12 durante la operación policial. Hasta la fecha, sigue sin conocerse el paradero de uno de los policías que habían participado en la operación.

Producto de estos hechos se promovieron siete procesos penales, entre los cuales resaltan el llamado “La Curva del diablo” y “La Estación 6”, contra indígenas por la muerte de los 23 policías; y dos procesos más en Bagua chica y Bagua Grande por la muerte de civiles, en los cuales se comprendía a las autoridades políticas de entonces. Estas dos denuncias no han avanzado y en un caso está archivada.

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Con información del blog de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: http://derechoshumanos.pe/2015/12/organizaciones-de-derechos-humanos-exigen-justicia-para-las-victimas-de-bagua-y-un-juicio-justo-para-los-procesados/

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