- Forma cómo el Gobierno ha llevado a cabo este proceso genera un mal precedente, advierten.
Servindi, 5 de setiembre, 2015.- Ante lo ocurrido con los pueblos indígenas Achuar y Quechua en el marco de la consulta previa del Lote 192, Amnistía Internacional hizo un llamado "a que se continúe la consulta con las comunidades con las que todavía no se ha llegado a un acuerdo".
Le recordó así al Estado peruano su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de estos pueblos.
"Cualquier ley, política o medida que afecte a estas comunidades tendrá que ser sometida a un proceso de consulta de buena fe, antes de tomar alguna decisión", advirtió.
Como es sabido, a fines de agosto, el Gobierno declaró "culminada" la consulta previa para el citado lote petrolero. Este anuncio se hizo sin llegar a acuerdos con todas las organizaciones indígenas involucradas en el proceso.
Esto motivó serias críticas de las organizaciones nacionales indígenas, de sectores de la política y de la sociedad civil, debido a que la posición del Gobierno dejaba fuera de cualquier reivindicación y beneficio a las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes (pueblo Achuar) y Pastaza (pueblos Achuar y Quechua), representadas por las federaciones Feconaco y Fediquep, respectivamente.
Amnistía Internacional recordó que en operaciones como las de hidrocarburos, que involucran impacto significativo sobre población local, el Gobierno debe realizar "sólidas consultas y conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de tomar decisiones".
"Los derechos de los Pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", resaltó.
Marina Navarro, representante de Amnistía en Perú, señaló que la organización estará atenta a la actuación del gobierno peruano.
Advirtió que esta situación (de no retomar el diálogo) "pone en peligro la legitimidad del proceso de consulta previa" lo que "ocasionaría un mal precedente sobre el compromiso que tiene el gobierno para hacer respetar los derechos de los Pueblos Indígenas”.
A la fecha, el Gobierno no se ha manifestado de forma clara. Hace algunos días la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló ante los apus o líderes de las federaciones que la consulta como tal no se reabriría, y que lo que quedaba era aperturar una mesa de negociación.
Esta propuesta no fue bien vista por los líderes nativos, los cuales mantienen una agenda de 27 puntos o demandas sobre las cuales se debió conversar en el marco de la Etapa de diálogo de la consulta.
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