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Ley de Supervisión y Monitoreo Ambiental sigue estancada en el Congreso

Foto: Informativo Tacna

- Iniciativa que se presentó en noviembre del 2014 con el objetivo de ser aprobada antes de las COP 20 permanece aún en la Comisión de Pueblos Andinos. Se busca que la población pueda fiscalizar actividad extractiva y evitar la deforestación.

Por José Carlos Díaz Zanelli

Servindi, 26 de febrero, 2015.- Corrían los primeros días de noviembre y en vísperas de la COP 20 a celebrarse en Lima, la congresista Verónika Mendoza presentaba al Legislativo una iniciativa que buscaba implementar la vigilancia y el monitoreo ambiental como derechos a los cuales puedan acogerse las comunidades indígenas, para así fiscalizar las actividades extractivas y evitar al deforestación.

“La vigilancia y el monitoreo ambiental es un derecho y el Estado debe garantizarlo, y entender que la participación ciudadana no es una amenaza, sino una oportunidad”, expresaba la parlamentaria por aquellos días.

La intención inicial fue la de conseguir la aprobación de este proyecto en los días en que se desarrollaba la COP 20, la primera semana de diciembre y la última del periodo legislativo ordinario. Sin embargo, esas expectativas no se cumplieron.

Todo estancado

Como el curso regular de todos los proyectos, previamente este se tuvo que ver en una de las comisiones ordinarias, y en este punto es que comenzaron las complicaciones para que esta iniciativa viera la luz verde. El periodo legislativo del 2014 se cumplió y los debates no llegaron a buen cauce.

Según informan desde el despacho de la congresista Verónika Mendoza, el proyecto se mantiene estancado en la Comisión de Pueblos Andinos, encabezada hoy en día por el congresista fujimorista, Federico Pariona, quien ganó notoriedad tras los sucesos violentos que se vieron hace unos días en Pichanaki donde él se presentó como el mediador.

De todos modos, se ha logrado un compromiso para que esta iniciativa sea debatida por la comisión durante los primeros días de la Legislatura que se reanuda en marzo. Pero este es solo un primer paso, pues una vez conseguido un dictamen en la comisión comenzará la segunda batalla: lograr que la Mesa Directiva del Congreso lo coloque en la agenda de debates del pleno.

Implicancias

Básicamente lo que este proyecto propone es que la población ciudadana tenga una herramienta legal que le permita fiscalizar las actividades extractivas que las empresas realizan en el interior del país. Esto con el principal objetivo de vigilar que no se profundice la problemática de la deforestación.

Como se sabe, cientos de empresas en el país dedicadas a la minería y los hidrocarburos exceden los límites permisibles de contaminación durante la ejecución de sus licitaciones. Ejemplos claros son la petrolera Pluspetrol Norte en la selva de Loreto y la minera Volcan que opera en la sierra de Pasco y Junín.

Respecto a quién sería el monitor que represente a la población en su labor de vigilancia y monitoreo, la propia legisladora lo explica.

“El monitor ambiental es un líder en su comunidad, con legitimidad y forma parte de un proyecto colectivo”, argumentó Verónika Mendoza cuando sustentó su iniciativa ante la Comisión de Pueblos Andinos, la misma que aún debe ponerse a trabajar para sacar este proyecto adelante desde la primera semana de marzo.

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