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| Carlincatura de Carlos Tovar "Carlín". Diario La República |
Mientras el Gobierno promete desde Lima un monto de S/. 100 millones de inversión para las comunidades, en la zona los pueblos indígenas aún esperan la llegada de la premier Ana Jara para este lunes. Mientras tanto todavía no se cumplen las demandas de las cuatro cuencas por una contaminación petrolera de más de 40 años.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 7 de febrero, 2015.- Tras varios días de crispación en torno a los pozos petroleros del Lote 192, en manos de Pluspetrol, la semana parece haberse cerrado con una relativa calma. Tras la visita del presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez, a los pozos que permanecían en toma por parte de 11 comunidades pertenecientes al río Tigre, al parecer se ha llegado a un primer entendimiento.
Sin embargo, aún parece está muy lejos el cumplimiento de las demandas de las cuatro cuentas que a lo largo de 43 años se han visto contaminadas por la actividad de extracción petrolera en la zona.
De momento, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) se ha extendido hacia las comunidades de Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón un ofrecimiento de obras por un monto de hasta S/. 100 millones, incluyendo en esta inversión el tan esperado proceso de titulación. Respecto a este punto, se espera que este lunes 9 de febrero se haga presente en la zona la presidente del Consejo de Ministros, Ana Jara.
Pero, ¿cómo surge toda esta conflictividad en relación al Lote 192?
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| Las congresistas Verónika Mendoza y Marisol Pérez Tello visitaron la zona y comprobaron los daños ambientales. Imagen de pobladores en recepción: Observatorio Petrolero |
Los orígenes
La actividad de extracción en la zona data de inicios de los años ’70, en que inició sus acciones la compañía Occidental Petroleum. Desde entonces hasta inicio del siglo XXI, esta compañía extrajo petróleo convirtiendo al ex Lote 1AB en el de mayor productividad en todo el país, aunque esto implicó también un alto costo en materia de contaminación.
Ya en el siglo XXI asumió la actividad sobre los pozos la petrolera argentina Pluspetrol Norte, cuya concesión vence precisamente en agosto de 2015. Sin embargo, desde el 2012 se ha establecido un proceso de diálogo entre las federaciones indígenas, la empresa y el Gobierno para cumplir con una serie de demandas de las comunidades nativas que responden a derechos básicos como la titulación de las tierras explotadas y contaminadas durante décadas.
A esto se le suma la necesidad de una indemnización por el uso de tierras y servidumbre, así como establecer un proceso de remediación al impacto ambiental. Prueba de la contaminación que existe en la zona es el irreparable daño sobre la laguna Shanshococha que se encuentra anexada a la cuenca del Pastaza y que hoy en día está muerta por la cantidad de crudo vertido en sus aguas.
Fotografía de los monitores ambientales de FEDIQUEP a laguna Shanshococha, cuando fue registrada por ellos en mayo, 2012, antes de que la empresa la cubriera para ocultar su responsabilidad.
Ante esta situación, desde el 2012 el Gobierno declaró en emergencia cada una de las cuentas paulatinamente, así como instauró una Comisión Multisectorial. Ambas medidas, hasta inicios del 2015, no derivaron en el cumplimiento de las demandas de las comunidades, sino en la dilatación de los procesos.
Además se debe precisar la poca voluntad de Pluspetrol Norte por el respeto a los límites máximos permitidos de contaminación. Un reciente informe periodístico muestra que se trata de la compañía de hidrocarburos con mayor número de sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Pese a estas sanciones reafirmadas por el propio Tribunal Forestal del OEFA, y que Pluspetrol Norte no cumple con pagar mediante dilatorios procesos judiciales, la empresa no ha mostrado un gesto certero hacia las comunidades que expresen una voluntad de cumplimiento.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), responsabiliza directamente a la compañía, en medio de días de tensión.
“Decimos que es responsabilidad de la empresa, en este caso Pluspetrol, entregar a las comunidades una compensación por el uso del suelo como parte de los derechos de los pueblos indígenas”, sentenció López a mitad de semana.
Mapa de la actividad de Pluspetrol Norte. Fuente: Espacio 360
La licitación
Bajo estas condiciones el Estado parece tener otra prioridad. La necesidad de volver a licitar el Lote 192 ante la inminente salida de Pluspetrol en agosto. A inicios de año este parecía ser el tema más apremiante desde el Ejecutivo, al punto que en caso de que el concurso se frustrara, ya existía una propuesta para hacer incursionar a Petroperú.
Hasta el momento, ni una ni otra propuesta se han ejecutado. Los dias pasan y el tiempo apremia para el Gobierno que quiere abrir la licitación sin que se haya realizado adecuadamente el proceso de consulta previa necesario y sus condiciones previas que demandan las comunidades.
Sin embargo, viendo cómo se encuentra la situación, el propio Minem se ha visto obligado a dar su brazo a torcer y en los últimos días el mismo ministro Eleodoro Mayorga ha prometido intervenciones de salud y el aceleramiento del proceso de titulación.
Aunque, como ha ocurrido en los últimos años, todo esto aún sigue siendo un discurso de parte del Gobierno que no se caracteriza por ser fiel a sus promesas.
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