Mientras un grupo de pobladores indígenas ha tomado las instalaciones de Pluspetrol Norte, por otro lado el Estado no cumple con las demandas de las comunidades indígenas. Todo esto mientras se acerca la fecha de vencimiento para la actual concesión petrolera.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 28 de enero, 2015.- Pese a que a fines del 2014 el Gobierno se comprometía a cumplir con las demandas de las comunidades indígenas de las cuatro cuentas aledañas al Lote 192 (Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón), los plazos se han agotado y nada de esto ha ocurrido. Lo único que se mantuvo firme fue la apertura para alcanzar a tiempo la licitación del lote, cuyo contrato actual –con Pluspetrol Norte– vence en agosto de este año.
La idea inicial del Gobierno era abrir la licitación el 15 de enero, pero omitían un gran detalle. Y es que para renovar la extracción en el Lote 192 se tiene que cumplir el proceso de Consulta Previa, el mismo que tomaría aproximadamente seis meses, según reconoció el propio presidente de Perupetro, Luis Ortigas.
Ante este escenario de incertidumbre, esta semana ocurrió lo que se prevía. Un grupo de indígenas del pueblo Achuar tomó las instalaciones de la petrolera, paralizando las actividades desde el pasado lunes. Así lo confirmó a una agencia internacional el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), Carlos Sandi.
“La producción está parada totalmente en 16 pozos, en la base Jibarito unas 380 personas aproximadamente han tomado esos pozos y la han paralizado”, le declaró Sandi a Reuters, agregando también se han bloqueado una carretera y un río que servían como ruta de abastecimiento a las instalaciones de Pluspetrol Norte en Loreto.
Pero, ¿qué desencadenó todos estos hechos?
Demandas ignoradas
Desde que en el 2012 la PCM instaló una Comisión Multisectorial para atender el caso de las cuatro cuencas, las comunidades indígenas plantearon claramente sus demandas. La primera de ellas era la titulación de las tierras.
Respecto a esto el Ministerio de Energía y Minas (Minem), uno de los sectores que integran la comisión, propuso titular las tierras que tengan “aptitud agropecuaria” y no las que tengan “aptitud forestal”. Este punto frenó en seco las negociaciones y el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz explica por qué:
“Si el 95 por ciento del territorio amazónico tiene aptitud forestal, la propuesta del Gobierno significa no reconocer derecho de propiedad, sino sólo contratos de cesión de uso de suelos forestales, que desconocen derecho de propiedad”, argumenta el abogado de IDL.
A esto se le debe sumar el tema pendiente de la remediación ambiental por los más de 40 años de contaminación en la zona. En los últimos años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha registrado hasta 92 pasivos ambientales que debieron haber sido reconocido por la empresa Pluspetrol Norte.
Sin embargo, en las comunidades la desconfianza es grande hacia la compañía. Esta frase del presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, resume el sentimiento de la población hacia Pluspetrol Norte: “¿Cómo vamos a confiar si esa empresa nos está matando?”.
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