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Ley 30230 atenta contra la seguridad territorial de las comunidades campesinas y nativas

Rocio Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

- Representantes de la sociedad civil y de los pueblos originarios apuntaron duras críticas al contenido del Título III de la norma.

Servindi, 16 de octubre, 2014.- La Ley 30230 que se aprobó en julio de este año con el fin, según el gobierno, de dinamizar la inversión atenta contra el ejercicio de la propiedad privada de las comunidades campesinas y nativas y el ordenamiento territorial en el país, originando un caldo de cultivo para números conflictos sociales.

La denuncia la hicieron el miércoles último representantes de cuatro importantes redes de la sociedad civil: el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.

Ellos denunciaron que la Ley 30230, que fue una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, coloca en situación de vulnerabilidad a más de 8 mil comunidades campesinas e indígenas.

Sostuvieron así que si bien la inversión es muy importante para la economía del país, la Ley N° 30230 da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.

Citaron como ejemplo de ello, el Título III de la Ley que permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.

Advirtieron en ese sentido que están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.

Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), organización que lidera el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, explicó que el citado título de la ley se quedó ausente del debate en julio.

“Haciendo el análisis, nos dimos cuenta de que este título III es una bomba de tiempo, pues estos predios a los que hace mención pueden ser propiedad privada o del Estado", explicó.

Seguidamente precisó: "Si son propiedad privada, ya con título y registrados, entonces le corresponde a Cofopri delimitar el área que requiere el proyecto de inversión, en el lugar y tamaño que solicite, y traspasar la propiedad al proyecto de inversión mediante ‘procedimientos especiales’".

"Nosotros nos preguntamos cuáles son estos procedimientos especiales, porque la ley no lo define, podría tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.”, apuntó.

Una reforma agraria al revés

Richard Smith agregó que existe otro punto, el artículo 57 de la ley, que faculta a la Superintendencia de Bienes Nacionales poderes extraordinarios para extinguir las “cesiones en uso” de las tierras y recursos estatales.

Esta podría ser una amenaza directa a las Comunidades Nativas ya que el Estado no da título de propiedad sobre las tierras clasificadas como “forestales”, sino da una “cesión en uso”, remarcó.

¿Qué hacer al respecto?

Para el representante del IBC, lo que se debe hacer es derogar el título III y "excluir a las comunidades y pequeños propietarios y agricultores del alcance de este punto de la ley, en cuya reglamentación no se ha considerado ni al Ministerio de Agricultura y Riego – Minagri, ente rector de titulación de las tierras rurales; ni al Ministerio de Cultura, ente rector para las poblaciones indígenas en el Perú."

"¿Ha habido una consulta previa sobre la ley y su reglamento? No”, sentenció Smith.

Richard Smith, del Instituto del Bien Común (IBC)

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo envió una carta a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en la que indicaba que esta ley no es aplicable a los territorios comunales porque va en contra de la Constitución.

Grave atentado al ordenamiento territorial

Por su parte, Álvaro Campana, coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, sostuvo que la Ley 30230 toca brevemente el tema del ordenamiento territorial en su artículo 22; sin embargo, afirmó, “prácticamente echa abajo todo lo que se ha avanzado en materia de ordenamiento y las acciones para evitar la superposición de usos, la falta de planeamiento, la depredación de recursos, los conflictos sociales y la afectación de los derechos de la población."

Recordó que el propio presidente de la República, Ollanta Humala, al inicio de su gestión, afirmó que hay que definir qué áreas son para conservación y qué otras corresponden a la explotación de recursos renovables y no renovables; con participación de la población para evitar males como la tala ilegal de madera.

“Ahora, se quiere dejar el territorio al libre albedrío de las inversiones. El presidente prometió una ley de ordenamiento territorial, sin embargo esta aún no se discute en el Congreso”, expresó.

De la misma forma, se afecta y relativiza las competencias del Ministerio del Ambiente (Minam) en materia de ordenamiento territorial, así como de los gobiernos regionales, sostuvo.

Luego de ello, explicó que durante un año se trabajó en el planteamiento de una política de Estado para el ordenamiento territorial, esfuerzo que con esta ley “se ha venido abajo, pues la misma población que habita los territorios es excluida de decidir lo que se va a hacer con él”.

“Ante la falta de un marco institucional y social claro para el uso del territorio lo que se pone en riesgo son las propias inversiones porque no hay condiciones sociales que hagan posible que estas inversiones puedan desarrollarse con transparencia y marcos claros”, dijo.

Por su parte, Antolín Huáscar, vocero del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, explicó que estas normas se han venido arrastrando desde hace décadas en el país.

“En el año 1992, con el gobierno de Alberto Fujimori, nació el decreto legislativo 653, que abrió el camino para el ingreso de inversión privada sobre las tierras de comunidades campesinas nativas. Luego vino el paquete de decretos legislativos de Alan García, con lo que se provocó la matanza en Bagua. Ahora, el Congreso aprueba una norma que no tiene el aval de todos los congresistas, sino que fue aprobada casi desapercibidamente", explicó Huáscar.

Finalmente, Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), indicó que en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación existe una recomendación sobre ordenamiento territorial.

“Para que el país sea más justo debe haber un planteamiento de ordenamiento territorial que establezca en qué espacios hay reservas ecológicos, minería o hidrocarburos”, afirmó.

Desde el 2013

“¿Dónde ha nacido, sobre todo, el título III de esta ley? Existe un documento denominado Plan de Acción para Mejorar los Procesos de Saneamiento Físico Legal de Predios para la Inversión, y sale del ‘Consejo Nacional de la Competitividad’, que es un pequeño grupo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este plan, de julio de 2013, cuando aún no se hablaba de crisis ni de reactivar la economía, es la base para el Título III de la Ley 30230. Entre los muchos documentos de este Consejo encontrarán también documentación de consultorías sobre cómo facilitar las expropiaciones, y las bases de los ‘paquetazos’ que se vienen a futuro”, finalizó Richard Smith.

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Comentarios

Esta ley, es un indicador que el presidente Ollanta no gobierna sino, administra los bienes de las corporaciones nacionales y transnacionales.
¿ Qué hacer?
Desarrollar una política UNA POLÍTICA NACIONALISTA QUECHUA O IZQUIERDA NACIONALISTA DEMOCRÁTICO.
Para mayor información lea:"LOS MISTERIOS DEL SOCIALISMO ANDINO PARA LA DEMOCRACIA".
Les saluda,
Saturnino Flores Landeo

¿DÓNDE ESTAMOS LOS PERUANOS?

De: Lenin Tsajuput Anguash, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Amazonas y miembro de la Comunidad Awajun.

Estamos hoy en el Perú de 2014, las cosas van cambiando y surgen nuevos problemas, nuevas propuestas del desarrollo económico no importa el clamor de la gente, porque estamos en un país en el proceso de la globalización y hay que avanzar como sea. Porque la ley manda; aunque para mí son leyes sin aprobación de la mayoría, y así el Estado se convierte en un ente que gobierna los destinos y decisiones de las (especialmente) comunidades campesinas y nativas con paquetes de leyes represivas y muchas veces discriminadoras.
Debemos tener en cuenta que, en un país democrático, en un Estado de Derecho nadie debe pensar ni sentir afectado por las leyes que el Congreso aprueba, porque se supone que las leyes que se crean son discutidas, pensadas incluso consultadas a las partes, para poder tomar decisión a partir de muchas experiencias y con madurez.
Es, pues, absurdo decir que la Ley 30230 consiste para dinamizar la inversión y, considero que es un insulto a la intelectualidad de la sociedad peruana afirmar de ese modo, como si fuéramos incapaces de darnos cuenta de la veracidad legal. El presidente Ollanta Humala si no es por algunos intereses es consciente de la aprobación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa (Ley Nº 29785) celebrada en el año dos mil once entre la multitud de la población en el Distrito Imaza (Departamento Amazonas, Provincia Bagua) con el compromiso de cumplir y respetar lo establecido; me doy cuenta que ésta (ley de consulta previa) no asegura las posteriores problemáticas que pudieran suscitar y por lo tanto a la Comunidad Awajun aún el presente Ley seguirá incomodándose no porque rechaza el desarrollo económico que tanto los gobernantes se desesperan sino por la forma que procede.
El fundamental problema está en que, el Estado nunca consultó, ni consulta mucho menos consultará a la Comunidad Awajun cuando se crea la ley como es el caso en cuestión, vulnerando así la Ley del Derecho a la Consulta Previa en su artículo 4º, inciso g) lo cual genera desconfianza y crea conflictos. El Estado no debe pretender vulnerar el ejercicio de la propiedad privada de las comunidades campesinas y nativas reconocidas en el artículo 149 de la Constitución política, atendiendo los gustos de las empresas extranjeras sino adecuarse a la normatividad; la comunidad extranjera sumida al consumo compulsivo, a mi parecer y según mí entender, dista mucho del estilo de vida de la Comunidad Awajún.
El argumento para llevar acabo dicho ley no es más que una quimera especulada; los procedimientos especiales que hace mención la ley no muestra cuáles son tales procedimientos.
Para la Comunidad Awajun no cabe miedo alguno salir a protestar si se trata de defender antes que nada, la vida, el espacio que nos corresponde, un espacio no adquirido ni obsequiado por el Estado que así parece entender cuando se crean las leyes, El estado no es un dios ni semidiós, por lo tanto no es posible que perdamos ese respeto mutuo frente a la pálida y enferma realidad que enardecen el íntimo impulso alucinado hacia las cosas grandes y los supremos intereses de la patria. No hay que olvidar que la Ley de Consulta Previa se encuentra vulnerado, pues, la pregunta sería ¿hay otro medio con el que la Comunidad pueda fundamentarse sus quejas? claro que no, ahora, cuando se crea la Ley 29785 es sencillamente lo que está establecido en la carta magna, sobre las cuales desciende los demás leyes, no es suficiente, por lo tanto necesita su apoyo, ¿hasta ese extremos llegamos? Señores, no hay en realidad, una esencia de la justicia, claro que el término por sí solo lo es, pero lo cierto es que, en términos vulgares, la justicia se ha prostituido. Y la hay, la desconocemos. Es por eso, las leyes necesarias, para el gobierno de la comunidad, descasan en la autoridad de quien las promulga. Los capitalistas sostienen en el crecimiento económico, sin importar que se contaminen las aguas, los ríos, aires, porque se trata de la competitividad y crecimiento sostenido, en cambio nosotros, los seres humanos en general, no seríamos capaces de vivir mucho tiempo sin la ayuda de todo eso (agua, ríos, aires, etc.).
La esperanza de vivir en un país democrático y menos conflictivo, construir una sociedad basado en justicia, la persistencia de una Nación igualitaria y otros supuestos más, sigue siendo el ideal más que un sueño, pero lo contario de todo ello lo estamos viviendo. Todo eso en general, nos da un diferente concepto que no es la Nación ideal lo que debe perseguir el Estado, sino la seguridad y el bien de las ciudades existentes. Resalto que, el reto actual que embate al mundo ya no es lo político ni económico sino problemas medioambientales; frente esa reflexión alternativa oponemos a toda postura que, siguiendo no sus ideas sino de otros, intenta aceptar sin llegar a un convencimiento alcanzado a través de una profunda reflexión. Lo fácil es dejarse aprobar, leyes y más leyes al margen del clamor, pobreza, abusos sociales de por un grupo a otro ¿Es o no méritos o tal actitud? Cada quien con su autonomía intente dar respuesta pero en sano estado.
En breves palabras, la grandeza, el mérito y el desarrollo son resultados de una entrega sin ningún tipo de fines particulares. Ello exige la flexibilidad en los individuos y la visión crítica y reflexiva respectos a los actos y al horizonte que se quiere hacer posible en la realidad social. Convencidos de todo eso estamos todos aquí, iniciando y abriendo épocas nuevas y versiones históricas distintas a la del antaño. Finalmente, solicito, no como Awajun ni estudiante universitario sino por el simple hecho de ser humano como cualquiera de este pequeño orbe, a las autoridades competentes consideren la incomodidad de la Comunidad, de no ser así, estaremos una vez más arrepentidos de las consecuencias, no necesitamos más problemas sino consideración a pesar que somos iguales trato de hablar de esa forma. Debemos de darnos cuenta que la Comunidad Awajun es otro mundo y que solo en la interacción más sabia y con el profundo respeto podemos llegar a ser un país diferente como Ecuador. El Estado debe más bien preocuparse en el desarrollo de las Comunidad Awajun y disminuir la pobreza, mejorar la educación para que de esa forma seamos nosotros mismos protagonistas en los usos de los recursos naturales que considera ser la única forma para abrir el camino del desarrollo económico, político y cultural. Mientras esa preocupación no exista, el rechazo de la política del Estado por parte de las comunidades seguirá siendo lo mismo hasta que los jóvenes se eduquen y asuman ellos o ellas las causas de su Comunidad. Al menos esa actitud de nuestro gobierno es aun criticable, preocupante. Si no estamos dispuestos a resolver, si no estamos en la capacidad de demostrar una gobernabilidad con credibilidad estaremos lejos de ofrecer una Nación con principios y democrático a la generación venidera.

Finalmente, sería que se derogue el título III y por lo tanto improcedente. Resolver los problemas mediante los respectivos mecanismos dentro del marco democrático, siendo muy conscientes de los abusos existentes para poder luchar firmemente contra los mismos. Entiendo que el Estado actúa con claros actos de incapacidad de ubicarse en un contexto plurinacional y multilingüe y no ser responsable en el desarrollo del país, movido por los intereses extranjeras que de su propia Nación, que no reconoce las consecuencias y, por lo tanto, no nos hace temer sino nos incomoda, con eso no quiero decir que somos agresivos, pero la agresividad no es malo es parte de la naturaleza humana, en este caso, la Comunidad cuando se sienten vulnerados actúan como las avispas que no resisten seguir siendo enfadados. Si eso lo vemos malo, estamos mal.

Muchas gracias (see kuwashat)
Lenin Tsajuput Anguash

Todo ya está bla, bla, ¿p' q' siguen acomodándose a la Constitución Neoliberal?

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