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¿Qué podría pasar si se sigue debilitando la ya alicaída institucionalidad ambiental del país?

Por Martín Llatas P.

CooperAcción, 17 de setiembre, 2014.- Por lo general se asume que los desastres ambientales de gran magnitud no ocurren en los países desarrollados, sin embargo la realidad nos demuestra que estos países tampoco están exentos de ese tipo de situaciones. La madrugada del 4 de agosto pasado, en la región de Columbia Británica, Canadá, ocurrió un hecho lamentable que afectó gravemente el ambiente.

Estamos hablando de la ruptura y desplome de la presa de relaves del proyecto minero Mount Polley (1), que provocó que el riachuelo Hazaltine, pasara de 1 metro a 45 metros en el ancho de su cauce, como consecuencia de la avenida de 10 millones de metros cúbicos de agua de relave y 4.5 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos (equivalente al volumen contenido por 2000 piscinas olímpicas, según información de medios canadienses).

Esta agua contaminada contenía metales pesados letales para el ambiente y la salud humana como arsénico y mercurio, entre otros. El arsénico, por ejemplo, es cancerígeno y causante de infertilidad y aborto natural en animales y personas. Pero los impactos han sido mayores, dado que el riachuelo Hazaltine está conectado a través de otros tributarios con ríos más grandes como el Río Frazer, una de las más importantes fuentes de agua para consumo humano, agricultura y pesca especialmente de los pueblos indígenas de la región de Columbia Británica.

Este hecho ha puesto en la mesa serios y preocupantes cuestionamientos a la función reguladora del gobierno canadiense, su relación con la industria minera y el funcionamiento de las consultoras ambientales que desarrollan y ejecutan los estudios de diseño de este tipo de componentes mineros: presas de relaves o “relaveras”.

¿Qué tiene que ver este hecho con la realidad de un país como el nuestro? Hay varios puntos de contacto y que deben provocar una seria reflexión. En primer lugar, Knight Piesold, consultora canadiense, responsable del diseño de la presa de relaves colapsada del proyecto Mount Polley (2), tiene una filial en el Perú muy activa y ha sido la encargada de elaborar estudios de impacto ambiental de importantes proyectos mineros en nuestro país, tales como Conga en Cajamarca y Toromocho en Junín.

También debemos recordar que la misma consultora realizó los estudios de la presa de relaves del proyecto de explotación de oro Omai en Guyana, la cual también colapsó el 19 de agosto de 1995 (3), ingresando desechos llenos de cianuro al río más importante de esta antigua colonia británica conocido como Essequilbo. Los trabajadores forestales y nativos del lugar dependían del agua del río Essequilbo para consumo humano, agricultura, pesca entre otros muchos usos. El cianuro, a diferencia de otros componentes tóxicos que llevan los relaves, es conocido científicamente por ser letal y afectar negativamente el sistema nervioso humano y las capacidades de reproducción.

La reacción de la consultora ambiental luego del accidente en Canadá, es semejante a la que tuvo en Guyana. Ha deslindado su responsabilidad a través de una carta dirigida a la opinión pública canadiense (4), en donde señala que: a la fecha, los embalses de relaves han sido desarrollados usando el “observational approach” (enfoque observacional), en donde el diseño es modificado y adecuado dependiendo del performance y condiciones reales.

Consideramos que no es suficiente dar este tipo de explicación, en tanto que todo enfoque observacional debe ir acompañado por programas de vigilancia de presas de relaves participativos entre consultoras, industrias, gobierno y comunidad, así como por un eventual plan de contingencia y plan de acción de emergencia. No es claro que se hayan usado estos instrumentos en el caso de la ruptura y desplome de la presa de relaves del Proyecto Mount Polley. Las investigaciones aún están en proceso y se espera que estos aspectos puedan ser aclarados.

Además de ello, esta situación no debe pasar desapercibida para la opinión púbica peruana, debido a que los proyectos Conga y Toromocho implican la construcción y operación de las presas de relaves ubicadas en ecosistemas frágiles, captadores y almacenadores de agua y en zonas de cierto riesgo.

De otro lado, habría que considerar que en el recientemente inaugurado proyecto Toromocho, existe una presa de relaves que contiene desechos minerales altamente contaminantes, ubicada encima de la nueva ciudad de Morococha, a 2.7 km de distancia (5), en una zona que por los riesgos de posibles sismos, es altamente riesgosa. Esta población tuvo que reasentarse en ese lugar para dar paso al gran proyecto cuprífero de capital chino.

Toda esta coyuntura internacional y su implicancia para el caso peruano, debe servir para profundizar el debate sobre las recientes medidas de flexibilización de los estándares ambientales, la eficacia y eficiencia de los sistemas reguladores estatales y los instrumentos de gestión ambiental. En suma el tema de la institucionalidad ambiental en el país.

En este escenario cabe preguntarse cuán serios y objetivos son los estudios realizados por la red de consultoras ambientales en el país. Actualmente, la forma como se aprueban los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no garantiza criterios de independencia, imparcialidad, rigurosidad, objetividad y seriedad en el diseño y eventual ejecución de los proyectos. Los estudios realizados por el universo de las consultoras ambientales del país generan legítimas dudas.

En suma estamos hablando de un problema estructural de la institucionalidad y gestión ambiental en el país (6), que debe ser enfrentado y reformado si queremos prevenir serios daños ambientales y la afectación a la vida de las personas, especialmente de los grupos humanos más desfavorecidos del país, que son los que al final de cuentas cargan con los mayores costos ambientales y los consecuentes impactos en la salud.

Este modelo de aprobación de los EIA impide, en la práctica, una efectiva protección del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, debido a que el instrumento que garantiza su protección no cumple con los estándares de confianza, transparencia e independencia.

Esperamos que las actividades extractivas en el país se den con un mayor respeto por el ambiente y que se reconozca y se proteja el derecho a la vida digna de las personas. Se necesita una participación activa y cualificada de la sociedad civil en la toma de decisiones, independencia en la elaboración de documentos de gestión ambiental, además de una mayor y mejor regulación estatal. Lamentablemente, la aprobación de la Ley 30230, el pasado 11 de julio del presente año, va precisamente en el sentido contrario.

Notas

(1) Ver galería de fotos y video de la ruptura y desplome del proyecto Mount Polley aquí y ver también aquí.

(2) Ver el reporte de uno de los más importantes medios de comunicación en Canadá aquí.

(3) Ver reporte de tragedia ambiental en Guyana, ex colonia británica de Sudamérica aquí y ver también reporte de medio canadiense aquí.

(4) Ver carta dirigida a la opinión pública por Knight Piesold aquí.

(5) Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Toromocho.

(6) “Dos son los cuestionamientos que se hacen a la forma en que se aprueban los Estudios de Impacto Ambiental en el Perú y que comprometen la independencia, objetividad y la validez de estos. El primero es que no es el Ministerio del Ambiente el que aprueba los EIA sino que cada sector del Estado (es decir cada ministerio) es el que los aprueba. La segunda crítica es que, los EIA son realizados por consultoras contratadas y pagadas por las propias empresas interesadas (art. 7º de la Ley 27446), sin mayor injerencia y supervisión de parte del Estado.

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Fuente: Cooperacción: http://www.cooperaccion.org.pe/opina/43-cooperaccion-opina/2336-ique-podria-pasar-si-se-sigue-debilitando-aun-mas-la-ya-alicaida-institucionalidad-ambiental-del-pais

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