Servindi, 26 de julio, 2014.- Sancionar con el máximo rigor a Petroperú por el grave daño causado al ambiente y remediar los impactos actuales y futuros demandó la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Más allá de acciones administrativas el Ejecutivo debe actuar de inmediato para que los derrames reportados el 26 y 30 de junio en la zona del río Cuninico, en Loreto, no causen mayores impactos y se proteja a la población con medidas concretas y rápidas.
Los derrames producidos por la rotura del tramo I del Oleoducto Norperuano, afecta por lo menos dos hectáreas de bosques ocasionando la muerte de peces y de otros animales, así como la contaminación del agua y suelos.
El grave daño al ecosistema ha colocado en sumo riesgo la vida y la salud de la población local.
La administración y mantenimiento del oleducto se encuentra a cargo de Petroperú, institución estatal que a casi un mes de producidos los hechos, aún no ha realizado acciones adecuadas para remediar el daño ocasionado, acusó DAR.
La situación demuestra claramente "la falta de coordinación intersectorial y las actuales debilidades de los organismos de fiscalización para dar una respuesta inmediata".
Tal situación se ve agravada por el último paquete de medidas promulgadas por el Ejecutivo mediante la Ley 30230 que debilita la institucionalidad y la fiscalización ambiental.
El denominado paquetazo anti ambiental pone en riesgo la salud y la vida de las poblaciones, al recortarse las funciones y potestades de las entidades gubernamentales encargadas de las fiscalización ambiental.
El peligro a la vida y la salud de las personas, y la generación de daños ambientales, no son hechos aislados.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) documentó y sancionó el derrame del 2013 ocurrido en la laguna Shanshococha en el Lote 1AB, operado por Pluspetrol Norte S.A.
La impunidad ante el daño ambiental y la falta de un resarcimiento o indemnización a los afectados son una constante en Loreto y en otras áreas de nuestro país.
El país requiere de instituciones fortalecidas y dispuestas ejercer sus competencias sin interferencias políticas, dando muestras de un real compromiso hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.
"Es posible atraer inversiones sostenibles, operadas por empresas dispuestas a cumplir con adecuados estándares socio-ambientales, que eviten causar daños, mitiguen los impactos de sus actividades y respeten la cultura, las formas de vida y los derechos de la población local y comunidades indígenas" concluyó DAR.
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