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Actividad contó con la participación de expertos, académicos, representantes de la sociedad civil y los partidos políticos. Publicación aborda diversos temas en nueve capítulos.
Servindi, 8 de mayo, 2014.- La Red Muqui presentó, el pasado 29 de abril, la publicación Propuesta de Políticas Públicas para una nueva Minería en el Perú, que aborda temas como el impacto de la minería en los recursos naturales, las capacidades que al respecto deberían tener los gobiernos regionales, entre muchos otros.
El documento es resultado de una serie de encuentros de debate y recojo de propuestas, desarrollados los meses de setiembre y octubre del año pasado, y que tuvieron amplia acogida.
De la presentación fueron parte expertos, académicos, representantes de la sociedad civil y los partidos políticos.
La organización del evento estuvo a cargo de la Red Muqui, Grupo Propuesta Ciudadana, Remurpe y Revenue Watch. Se trata de la primera actividad de su tipo organizada en el marco de las elecciones -municipales, regionales y nacionales- 2014-2016.
Por este motivo, los expositores, entre los que se encontraban especialistas que estuvieron a cargo de la elaboración de parte de la publicación, dieron cuenta de la importancia que tiene que las políticas extractivas ocupen un lugar preferente en la atención de las fuerzas políticas y sociales.
Presentación total del auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Eduardo Ballón, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), ofreció un panorama de los niveles de crecimiento que está alcanzando la actividad minera en el Perú, algo que aleja al país de las "perspectivas catastróficas" que se vislumbraban hace un año o año y medio.
De igual modo, hizo énfasis en las contradicciones del actual modelo de crecimiento, que se ven en temas como la Consulta previa que se aprobó el año 2011 pero que hasta ahora no ha sido aplicada para casos de minería.
De la misma mesa fue parte Epifanio Baca, de Propuesta Ciudadana, quien también se refirió a los aspectos críticos del modelo, el cual, sostuvo, impacta negativamente en las comunidades locales, las mismas que no cuentan con el respaldo de instituciones fuertes para su protección.
Señaló así, lo débil que son entes como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ambos, según expuso, sin respaldo político.
Martin Scurrah, de Cepes, es coautor del capítulo Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en Zonas Mineras.
A su turno, Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, abordó la problemática de la minería ilegal, tema que ha venido estudiando y que forma parte de Propuesta de Políticas Públicas para una nueva Minería en el Perú.
Cuadros advirtió que no existe desde el Gobierno voluntad política para atacar el problema de la minería ilegal y prueba de ello es la denominada Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, que aprobó el Ejecutivo hace algunas semanas.
Ana Leyva, de Fedepaz, se refirió al ordenamiento territorial y a la aprobación de normas que resultan contraproducentes y que permiten, por ejemplo, que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para minería se apruebe en un tiempo menor al antes establecido.
Cabe destacar que en otro panel se abordó el tema de los derechos humanos en el contexto de conflictos sociales con empresas extractivas.
Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), enfatizó en los factores de riesgo en el ejercicio de la protesta social.
Rocio Silva Santisteban de la CNDDHH.
Citó, por ejemplo, la falta de entrenamiento de los efectivos policiales que intervienen en los conflictos, el uso inadecuado de armamento, los convenios entre la PNP y las empresas extractivas, entre otros, todos ellos abordados en el documento presentado.
En otro momento, Antolín Huáscar, vocero del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, retomó el tema de la Consulta previa. Repasó el proceso como se dio su aprobación y las falencias en su contenido y reglamento.
Antolín Huáscar, vocero del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas.
En torno a las propuestas expuestas por el libro, que se cuentan por decenas, Javier Iguiñiz, del Acuerdo Nacional, coincidió en fortalecer institucionalmente organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
“Se requiere una institucionalidad con capacidad de decisión, planificación a nivel de cuenca. Si no llegamos a esta dimensión de cuenca, se generará un caos en la cantidad de proyectos, afirmó.
Javier Iguiñiz, del Acuerdo Nacional.
Los representantes de los partidos políticos también hicieron escuchar su voz.
Carlos Franco Pacheco, de Acción Popular, coincidió con lo expuesto por los especialistas sobre la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la independencia del Ministerio del Ambiente y lograr que la ANA pase al MINAM.
En este sentido, el economista Pedro Francke, representante del Frente Amplio, señaló que es fundamental fortalecer la gestión ambiental, y consideró indispensable vincularla con el cambio climático.
No se puede concebir actualmente, una empresa minera que presente un estudio de impacto ambiental, sin considerar esta variable, indicó Francke.
Respecto al tema de la diversificación económica, el economista saludó el anuncio del Ministerio de Producción de tener pronto listo el plan de diversificación productiva.
Pedro Francke, representante del Frente Amplio.
Es una gran oportunidad, que le va permitir al país tener las posibilidades de desarrollarse económicamente con actividades como turismo, agro, y aprovechar nuestra biodiversidad, como se propone en esta agenda, acotó.
Pedro Gamio Aita, del partido Aprista, para el caso de la minería ilegal, consideró fundamental golpear a quienes, según él, son origen del problema: los exportadores de oro, que se caracterizan por no responder a ningún estándar ambiental.
La presentación cerró con la participación de José de Echave, de CooperAcción, quien reflexionó sobre el gran desafío de la planificación en nuestro país.
Se preguntó así: ¿La política minera deberá consistir en toda la extracción posible en el más breve plazo?, ¿Quién define cuánto, cómo y dónde se tiene que invertir? La respuesta a las interrogantes: el actor privado.
En ese sentido, refirió que es fundamental recuperar el tema de la planificación, así como incorporar la variable, antes citada, del cambio climático en las políticas económicas.
Enfatizó que la crisis climática tiene un costo. Según un informe del Banco Mundial, calculó que el costo económico de la degradación ambiental equivale al 3,9 por ciento del Producto Bruto Interno, refirió de Echave.
Los temas señalados son solo algunos de los muchos desarrollados en el libro, para acceder a su contenido total lo invitamos a dar clic en el siguiente enlace:
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